Noemí García Cabezas. Feminicidio.net


Tres millones de mujeres chilenas han sido o son víctimas de violencia de género. La Encuesta de Victimización de 2008 realizada por el Ministerio de Interior chileno, el 35,7% -una de cada tres-, reconoce haber sufrido alguna vez en su vida violencia de género. Las mujeres representan a más de la mitad de la población (8.513.327 frente a 8.059.149 hombres).

El principal actor gubernamental para actuar contra la violencia de género es el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que tiene por objetivos principales “diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, medidas y reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres”, así como “favorecer las iniciativas que apunten a disminuir prácticas discriminatorias en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural”.

El asunto de los feminicidios entró en la agenda del SERNAM en 1994, cuando se aprobó la primera ley al respecto y se iniciaron las primeras campañas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de denunciar a los agresores. Un año después se registraron 38.200 denuncias; en el año 2006 ya eran más de 80.000. En 2010 se registraron 139.177 casos policiales según laSubsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En 2011 hubo 96.841 denuncias por violencia de género, un 13% más que en el 2010.

CIFRAS OFICIALES VS CIFRAS DE LA RED CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El estudio “Panorama de Sexualidad y Derechos Humanos en América Latina: Chile” coordinado por Claudia Dides para FLACSO, señala que aunque las cifras de denuncia no han dejado de crecer, entre 2001 y 2002 (fechas de referencia para la elaboración del informe) las detenciones disminuyeron en un 14%: “es un dato alarmante si se considera que más de la mitad de las víctimas de femicidio en Chile tenía antecedentes de haber hecho una denuncia en Carabineros [policía]”, decía en su día la investigadora. Un dato relevante que se encuentra en la Encuesta de Victimización 2008 es que el 85% de las denuncias por violencia de género fueron presentadas por mujeres.

Este año, de las 37 víctimas que registra la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sólo en cuatro casos existían denuncias o medidas cautelares; seis de los victimarios tenían antecedentes penales, pero ninguno fue denunciado por sus parejas víctimas de feminicidio íntimo.

Las cifras oficiales -a fecha 24 de octubre pasado- contabilizan siete casos menos que los documentados por la Red. El hecho de esta variación a la baja es un patrón que se manifiesta en Chile (y en todos los países que llevan a cabo recuento de víctimas, por otro lado). Este año la diferencia entre una cifra y otra es idéntica a la que cerró 2010. No obstante, cabe destacar la disminución progresiva de los crímenes machistas. Hasta 2007 no se contabilizaban los feminicidios de manera oficial, pero se estima que entre 2001 y 2007 fueran asesinadas por violencia de género unas 300 mujeres (fuente: Dossier Informativo. Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, 2007), cifra que se duplicaría si contamos hasta hoy (más de 600 feminicidios). En esta cifra se incluye una gran cantidad de feminicidios no íntimos (no contabilizados a día de hoy por los entes oficiales).


Elaboración propia a partir de Sistematización Unidad de Prevención de VIF, SERNAM 2012 y Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

El pasado año, además de las 44 víctimas contabilizadas por la Red, existieron 87 feminicidios frustrados de mujeres que se salvaron por intervención de terceros o por ellas mismas, “más que por la eficacia de las políticas gubernamentales”, señalan desde la organización.

Según el informe “Radiografía del femicidio en Chile” llevado a cabo por la ONG Activa y laUniversidad Pedro de Valdivia cada vez es más frecuente el uso de armas blancas en los feminicidios ocurridos en Chile, a la vez que aumenta la violencia con la que se utilizan; prueba de ello sería la multitud de heridas por arma blanca que presentan los cuerpos de muchas de las mujeres asesinadas. El estudio, que analiza la situación de los 17 feminicidios ocurridos en el primer semestre de este año, constata que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas en su propio hogar, seguido de lugares públicos contiguos o cercanos a la vivienda.

VIOLENCIA EN PAREJAS JÓVENES

La juventud en Chile representa un 25% de la población total. La última Encuesta Nacional de Juventud (INJUV 2009) daba a conocer que un 20% de las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años ha sido víctima de violencia psicológica alguna vez en sus relaciones de pareja. En parejas entre 15 y 19 años el 10,7% ha experimentado violencia psicológica y el 4,6% violencia física; entre 20 y 24 años se alcanza un 19% de violencia psicológica y un 10,4% de violencia física.

En el informe “Claves del Feminicidio en Chile” elaborado por FLACSO en 2007 ya se advertía que las mujeres asesinadas por violencia de género eran cada vez más jóvenes (entre 15 y 35 años). La tendencia ha continuado, y este año la media de edad de las asesinadas por sus parejas o exparejas hasta el 22 de octubre era de 35,51 años (según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres). Sólo en cuatro de los 37 feminicidios hasta esa fecha las víctimas superaban los 60 años de edad; de las demás mayores de 35 años cinco de ellas no llegaban a los 40, ocho tenían entre 40 y 50 años y solamente una se encontraba en el tramo entre los 50 y los 60 años. De la 18 mujeres restantes, llama la atención la juventud de las mismas: ocho tenían entre 30 y 35 años, seis entre 20 y 30, y cinco de ellas tenían menos de 20 años (cuatro eran menores de edad: una de 17 años, dos niñas de ocho años y una de cinco).

Tales son las cifras de violencia en parejas jóvenes que la última campaña lanzada por el SERNAM está focalizada en el llamado “pololeo (flirteo entre jóvenes)”. La campaña “No + violencia en el pololeo”, que tiene especial repercusión en las redes sociales, está protagonizada por el presentador Karol Dance; el vídeo de la campaña puede verse en Youtube y en el perfil de Facebook“pololeosinviolencia”. En Twitter se ha creado el hastag #pololeosinviolencia para tuitear las frases que aparecen en el catálogo de su web. La Ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, explica que el objetivo de la campaña es prevenir la violencia en las relaciones de parejas jóvenes y adolescentes a través del efecto multiplicador de 25.000 jóvenes que actúan como “embajadores” de la campaña a lo largo de todo el país. Sin embargo, tal como señala Javiera Villena en el blog “Sentidos Comunes” no se han puesto en marcha otros mecanismos para denunciar casos o prestar asistencia: “Si una o un joven que es víctima de violencia actualmente debe acudir a pedir ayuda a Facebook, es porque no existe ninguna otra instancia…”.

Según las tablas del recuento de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en 2009 se produjeron seis feminicidios a manos de pololos o expololos. La cifra bajó en 2010, cuando se registraron dos casos; en 2011 volvieron a darse seis casos; en lo que va de año, se registran dos.

LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

En el siglo XX tan solo se emitieron 115 fallos sobre violencia de género en los Tribunales chilenos. Las demás denuncias quedaban por lo general en delitos de faltas. El 70% de los casos de violencia de género fueron sobreseídos.

En 1994, cuatro años después de recuperar la democracia tras la dictadura de Pinochet, se promulgó la Ley 19.325, a partir de las mociones de los diputados Adriana Muñoz D’Albora (Partido por la Democracia) y Sergio Aguiló Melo (Izquierda Cristiana). La  norma significó entre otras cosas el establecimiento de políticas de prevención y control de la violencia de género, así como la creación de centros de atención a mujeres víctimas de violencia a lo largo de todo el país.

Sin embargo la ley 19.325 era poco eficaz sobre todo en lo referente a las medidas de protección o a la existencia de redes institucionales de apoyo que resguardaran la integridad física y la vida de las mujeres víctimas. Fue derogada y sustituida por la Ley 20.066 en octubre de 2005 a propuesta también de la diputada Adriana Muñoz y de María Antonieta Saa (también del Partido por la Democracia). Uno de los puntos más destacables de la ley de 2005 fue la creación de un marco de acción en torno al cual trabajarían los Tribunales de Familia, que comenzaron a funcionar en octubre de 2005 y a registrar las denuncias por violencia de género en el país. Además, la segunda Ley de Violencia Intrafamiliar de la democracia definió situaciones de riesgo o intimidaciones a las que se sometían las mujeres maltratadas y que permitían que se tomaran acciones de protección o bien cautelares antes de que los agresores estuvieran formalmente acusados. Se prestaba especial importancia a las embarazadas o mujeres que tuvieran algún tipo de discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad.

La ley obligaba al Estado a incorporar planes de prevención, realizar estudios, capacitar al funcionariado o desarrollar políticas de prevención y erradicación de la violencia de género, entre otras.

Además, por medio de la ley quedó tipificado el delito de maltrato habitual y castiga con penas de cárcel las agresiones físicas o psíquicas ejercidas de forma habitual. Se incrementaron también las penas de cárcel por lesiones que tengan origen en la violencia intrafamiliar y da garantías a las víctimas que denuncien.

En 2010, tras cuatro años de tramitación, se promulgó una nueva ley: se modificó el Código Penal mediante la Ley 20.480, por la que se introduce el delito del feminicidio. Mediante la nueva ley aumentan las condenas para los delitos de femicidio y se modifican las normas sobre los casos de parricidio. Se prevén penas desde 15 hasta 40 años. Antes de la reforma, los asesinos que mataban a sus parejas o exparejas eran juzgados por homicidio, con penas de 5 a 20 años de prisión. A partir de esta norma serán juzgados por parricidio.

Una de las novedades de la ley es que acepta como legítima la defensa de los asesinatos de hombres cometidos por sus parejas o exparejas en los casos en que las mujeres fueron agredidas por éstos durante años.

Además de tipificar el femicidio modifica la tipificación de delitos sexuales, sobre todo en los casos de violaciones conyugales: elimina la necesidad de que la víctima haya opuesto resistencia y sólo se necesita que ésta haya expresado oposición al acto sexual. Por otro lado, el progenitor condenado por delitos sexuales pierde el derecho a autorizar a sus hijos o hijas las salidas del país. Por último, agrava las penas por delitos sexuales cuando éstos los cometen dos o más personas.

En cuanto a medidas cautelares, la nueva ley autoriza que se tomen medidas necesarias para proteger a las víctimas de violencia de género antes de que se remita el caso al Ministerio Público.

La norma ha recibido numerosas críticas desde su aprobación. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres reprueban que la ley proteja tan solo a las mujeres que están casadas o lo estuvieron, o bien que conviven o convivieron con su asesino o bien tienen hijos con ellos. De este modo las jóvenes y adolescentes asesinadas por sus parejas no entrarían dentro de la citada ley y así lo denuncia la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres: “es sabido que el SERNAM registra casi exclusivamente los feminicidios que consigna la ley, es decir, los que se perpetran en relaciones de pareja en el contexto familiar y, por tanto, quedan fuera un número significativo de asesinatos de mujeres jóvenes y adultas cometidos por desconocidos, pololos (novios) o parejas ocasionales, y de niñas asesinadas luego de haber sido abusadas sexualmente, lo que disminuye la cifra real y muestra las insuficiencias de la ley”. Soledad Acevedo, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, señaló tras la promulgación de la ley que aunque era un paso importante, no era suficiente, aludiendo a que en otros países donde se había producido la tipificación del delito de feminicidio las tasas no han bajado. Consideran que es imprescindible trabajar en prevención de la violencia y protección a las víctimas.

Además de ello, en el informe “Radiografía del femicidio en Chile” (Activa y Universidad Pedro de Valdivia, 2012), otra de las propuestas para la mejora de la ley sería la necesidad de precisar en ella el ámbito de aplicación de la figura del maltrato habitual, ya que no se determina qué se entiende por habitualidad y cuándo se considera que ésta ha existido en la relación de pareja. El estudio señala que debe mejorarse la protección estatal a las víctimas mediante beneficios sociales, casas de acogida y programas efectivos de tratamiento para agresores. Se plantea también la necesidad de fortalecer políticas estatales de protección a través de una institución de carácter ministerial, ya que el SERNAM presenta deficiencias en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Por último, se precisa la necesidad de implantar los brazaletes electrónicos: “sólo tendrán éxito en la medida que se superen los déficit existentes de coordinación policial y atención integral a las víctimas”

Gloria Requena, directora de la ONG Activa, alude además a la importancia de una dotación presupuestaria fuerte para afrontar el problema y cuya punta del iceberg son los feminicidios. El gobierno conservador de Sebastián Piñera ha recortado los presupuestos de atención a víctimas de delitos violentos del Ministerio del Interior: “hay dos millones de pesos menos que los que tenían antes para atender a las víctimas”.

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