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Cosecha Roja. Foto: Télam.-

El martes 12 comenzó a funcionar la Procuraduría contra la Violencia Institucional, impulsada por el Ministerio Público Fiscal a cargo de Alejandra Gils Carbó. El nuevo organismo tiene como objetivo asistir el trabajo judicial en los casos en los que entes públicos o privados legitimados para el uso de la fuerza violen los derechos humanos o sometan a las víctimas a tratos degradantes. El gatillo fácil y las condiciones de encierro en cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos e institutos de menores serán algunos de los ejes principales del organismo que comenzará a funcionar en Buenos Aires y luego se extenderá de manera descentralizada a otras jurisdicciones.

Al frente de esta Procuraduría asumió Abel Córdoba, reconocido por su trabajo al frente de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el juicio V Cuerpo Ejército Bahía Blanca en el que hubo 17 condenas, casi todas perpetuas, y 140 imputaciones que abarcan a integrantes del Ejército, la Armada, la Prefectura, la Policía y a sectores civiles como jueces y secretarios judiciales. Entre las causas por complicidad civil, Córdoba impulsó la investigación de la “legitimación discursiva del terrorismo de Estado” llevada adelante por el diario bahiense La Nueva Provincia.

A pesar de la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros el nuevo procurador se muestra relajado y decidido a enfrentar este nuevo desafío.

 ¿Cuáles son los ejes de trabajo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional?

 – En principio nos planteamos dos ejes. Por un lado, las instituciones de encierro como cárceles, psiquiátricos, institutos de menores. Por otro, la violencia policial. Para intervenir sobre las instituciones cerradas no hay otra forma que recorrerlas y ver cómo son las condiciones de detención. Con la violencia policial lo esencial será el vínculo con las organizaciones y organismos que están en el territorio. Pero también pensamos hacer un análisis de las causas. Hay un estudio del Ministerio de Seguridad que habla sobre cómo la policía manejan la compuerta de la “resistencia a la autoridad”. En el momento de la detención el policía hace un informe donde consta la “resistencia a la autoridad” y eso da inicio a una causa judicial. ¿Cómo controlar eso? Queremos detectar cómo funciona ese mecanismo y a eso sumarle el armado de causas.

 ¿Cómo piensan afrontar la relación entre la Procuraduría, los fiscales y la Policía?

 – Hay que asistir a los fiscales que están trabajando. Son muchos y están desbordados. En muchas oportunidades se ven obligados a jerarquizar los casos y darle prioridad a los más graves. Además queremos construir protocolos que no permitan irregularidades como que sea la misma fuerza sospechada la que lleva adelante la investigación. Por último, vamos a llevar adelante algunas investigaciones desde la Procuraduría porque encontramos que los vínculos de algunos funcionarios, fiscales o jueces con la policía está viciada. Muchas veces la policía trae resultados a cambio de obtener impunidad por los hechos de violencia institucional. Esa retribución ilícita es lo que vamos a tratar de terminar y llegado el caso investigaremos nosotros.

¿Con qué diagnóstico del Servicio Penitenciario comienza el trabajo de la nueva Procuración?

– Los muros siguen siendo el límite del derecho penal. Como dice Pilar Calveiro, el tratamiento que se la da al detenido hoy es similar al que se le da al deshecho tóxico. Y ese trato, esa crueldad, es un espejo de la violencia y la crueldad que hay en la sociedad. Lo que queremos es que esa violencia no quede impune y así incidir en las condiciones de detención. 

Hoy el Código Penal prevé una privación de libertad de 30 años o 50 según se interprete la ley, todo lo que desborde eso está fuera de la ley. Lo que observamos es que hay una gran carga punitiva fáctica que se descarga más allá de lo que dicta la pena.

Hay una capacidad eufemística del Poder Judicial cuando va a inspeccionar las cárceles que es muy clara. Hay informes judiciales que son fábulas: se habla de celdas dignas, de condiciones de alojamiento correctas, cuando son lugares en los que los auditores no se quedarían ni veinte minutos, donde los jueces de hecho no quieren entrar. Hay dispositivos que son irracionales, que limitan a la persona a su función biológica. Basta generar hambre o exponer al detenido al frío para que eso genere violencia. Por eso hay que revisar el concepto de tortura, porque esas condiciones de encierro dejan al ser humano a merced de la vulnerabilidad de su propio cuerpo. No hay que limitar el derecho a determinados momentos del proceso judicial, cuando la pena se dicta también debe estar presente la Justicia del mismo modo que cuando actúa la policía en el uso de la fuerza.

¿Qué expectativas tiene sobre la capacidad de la Procuraduría de generar transformaciones en la Justicia?

– Empezamos con el pesimismo de la razón porque hay muchos contrapoderes. Pero esperamos mejorar la eficacia del Ministerio Público Fiscal, y a partir de ahí mejorar todas las condiciones institucionales. Hay que actuar sobre los prejuicios de clase que operan en el Poder Judicial. Esa actitud de casta que se pretende superior al detenido. Hay secretarios o jueces que si un detenido tocó una lapicera no la vuelven a tocar. Lo mismo pasa cuando se rechaza todo contacto físico con un preso.

Los tratos crueles y las torturas deben ser rescatados como experiencia. Desde esa experiencia las personas empiezan a ser entendidas. Hay que escuchar a los que han sido víctimas y el modo de escucharlas es tomarles testimonio. Tenemos que dar el salto que se hizo en los juicios de lesa humanidad, integrar la palabra de las víctimas a la verdad judicial. Hoy se considera a los testigos en los juicios por violaciones a los derechos humanos como portadores de una verdad digna. La diferencia con una persona detenida actualmente es que a esta no se le cree, se toma lo que dice como una mentira, una fábula o una exageración. Y para nosotros lo que pasa en las cárceles es lo que la familias dicen que pasa, lo que los detenidos dicen que pasa. Ese es el fundamento de la creación de esta Procuraduría: rescatar esa experiencia jurídica que se hizo en los juicios de lesa humanidad y aplicarla a las situaciones de hoy.

En las cárceles están las personas que los fiscales acusan y los jueces deciden privar de libertad. Y las condiciones de detención no son otras que las que el sistema judicial determina, dentro de lo que habilita y permite. Lo que se viene discutiendo es la gobernabilidad de los espacios carcelarios. La violencia institucional no siempre es directa sino que a veces es a través de otros. Nuestro desafío es cómo entender eso en términos jurídicos porque esta forma también produce víctimas y vulneración de derechos. La base es la aplicación humana de la pena.

Hoy no existe un plan sistemático como durante la dictadura, pero hay funcionamientos represivos que siguen operando. Y ahí está el desafío de encauzar el poder punitivo en los márgenes de la legalidad. Todo lo que desborde esos márgenes tiene una continuidad con el desborde absoluto de la dictadura.

Es más fácil analizar las torturas del pasado porque cuestionan menos el funcionamiento de estos crímenes. La violencia institucional traduce el deseo de venganza de algunos sectores. Y hay discursos políticos que trafican esta violencia implícita. Hay que trabajar para valorar los testimonios, con eso se obtienen mejoras en el problema de base.

¿Qué transformaciones concretas se vienen gestando dentro del sistema judicial?

– El Ministerio Público viene mostrando una reorientación de la política criminal a ejes muy importantes como la narcocriminalidad, los delitos económicos, la violencia de género y ahora la violencia institucional. Esto es un giro legítimo que sale de la inercia. Habla de una Justicia que desde una estructura nacional está de cara a la sociedad y sus problemas. Eso contrasta con el funcionamiento del Poder Judicial corporativo que está de espaldas a las transformaciones y que incluso funciona como un dique de contención de esos cambios como en el caso de la nueva Ley de Medios.

¿Cómo están diseñando la articulación con la sociedad civil?

– Vamos a trabajar con la Comisión de la Memoria, el CELS, el CeProDH, La Cantora, CORREPI, la Defensoría General de la Nación. Es muy larga la lista de organizaciones y organismos que tienen trabajo en esta materia y creo que es sustancial aprovechar esos desarrollos que vienen desde hace muchos años, algunos desde el regreso de la democracia y por eso la necesidad de tener una acción estratégica conjunta.

Esta semana el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires apuntó contra alguno de esos organismos por la pueblada de Junín donde se quemó una comisaría.

– Horacio Verbitsky lamentaba el martes, en la presentación de la Procuraduría, que no hubiera una iniciativa similar en la ciudad de La Plata, donde la situación es difícil. Nosotros miramos con preocupación el ámbito federal ya sea por el aumento de muertes violentas, como por el crecimiento de los suicidios en las cárceles de mujeres y que nosotros entendemos, como primera hipótesis, que están vinculados con un modo de violencia institucional y que nos marca una alerta. Nosotros vamos a tener jurisdicción sobre las instituciones de dominio federal pero también entendemos que la responsabilidad del Estado es por toda violación de los Derechos Humanos, sea en instituciones federales o no. Habrá que emprender acciones conjuntas entonces y esperamos no encontrar que los ámbitos locales se interpongan como murallas para la intervención sobre la violencia institucional.