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Milva Benítez – Cosecha Roja

Emilio Herrera Molina no quiere responder por su actuación en la causa que dejó en libertad a los esclavistas sexuales. En diciembre presentó su renuncia para jubilarse pero el gobernador Alperovich se la rechazó. Hoy vuelve a tener esperanzas de no ser juzgado. 

El juez tucumano Emilio Herrera Molina, que absolvió a todos los imputados por la privación ilegítima de la libertad y la promoción de la prostitución a María de los Ángeles “Marita” Verón, puede evitar el juicio político que impulsa Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida desde abril de 2002.

Herrera Molina había presentado su renuncia en diciembre ante el gobernador, con la intención de jubilarse. José Alperovich se la rechazó. El juez interpuso el amparo que hoy es objeto de medidas judiciales y donde manifiesta que es “el momento de darle a su salud el descanso que merecía”.

Esta semana la justicia tucumana le ordenó a Alperovich que revea la decisión (decreto nº 127/14 del 1º de febrero de 2013) que le impide jubilarse. Si este trámite se concreta el juez se escabulle del jury.

El Ejecutivo aún puede recurrir la medida pero de no hacerlo en 72 horas (esto es entre el miércoles y el jueves de la próxima semana) Herrera Molina logrará su cometido.

Según fuentes del gobierno provincial, el gobernador dijo que “apelarían” la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa, que le dio la razón al magistrado. Entre los fundamentos de la Cámara se hace hincapié en la situación de salud del juez de primera instancia, afectado por “un cáncer de próstata operado con metástasis el cual es considerado grave”.

La Fiscalía de Estado provincial (que tiene como función representar al Ejecutivo si deciden la apelación) está preparada para actuar prontamente pero dijo a Cosecha Roja que la decisión aún no está tomada.

En diciembre pasado, Herrera Molina y sus pares de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascan, consideraron que los testimonios de las mujeres rescatadas de burdeles riojanos (donde vieron a Marita) demostraban que los “acusados integraban una verdadera organización cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres (…) integrado a una red de captación y conexiones nacional y seguramente internacionales”. Pero eso no fue suficiente para condenarlos por el caso Verón.

Trimarco entonces interpuso el pedido de jury. Los cuestionó por el trato que les dieron a las mujeres testigos que fueron “amenazadas, burladas, ironizadas, a la vista del tribunal que permitió encarnizados interrogatorios hostiles”.

En su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la legislatura tucumana Herrera Molina se refirió a Trimarco como “una señora que pide venganza” y se considera a sí mismo y a sus colegas como jueces “probos y cabales” por no dejarse “tentar por el clamor popular” y defender “la justicia de la república por sobre la justicia asamblearia”.

El abogado de Trimarco, Carlos Garmendia, advirtió que el planteo de la Cámara Contencioso puede alentar a otros de los jueces del tribunal oral a seguir el camino de la jubilación. Pero entiende que es poco viable: “la solicitud de juicio político ya está en trámite y los fundamentos de la Cámara se refieren especialmente al estado de salud de Herrera Molina y no es el caso de Piedrabuena”.