Con un video un ciego denuncia maltrato en la cárcel

Cosecha Roja

Walter Ovando Avallay contó que fue agredido por un grupo de guardiacárceles de la cárcel de Boulogne Sur Mer en Mendoza. Sus compañeros de pabellón grabaron con la cámara de un teléfono celular las secuelas de la paliza. 

El 8 de marzo Alejandra Domínguez recibió un llamado de su marido desde el pabellón 9 de la cárcel de Boulogne Sur Mer en Mendoza. Walter Ovando Avallay le contaba que había sido insultado y golpeado por agentes del servicio penitenciario. Tenía una prueba: un video grabado con un teléfono celular por otros compañeros privados de libertad.  Ovando es además una persona no vidente. Ese mismo día su esposa hizo la denuncia ante la Oficina Fiscal N° 2 de la ciudad de Mendoza. Recién doce días después un médico forense revisó a Ovando en la cárcel. Pero entonces las heridas ya se habían borrado.

En el video que circula por internet, Ovando mostró las secuelas de la paliza –heridas y moretones en la espalda, brazos y pies– y denunció que fue golpeado por siete u ocho personas. “Saben que soy no vidente. Me pegan por pegarme. Porque les dije que me pusieran las esposas adelante y me las pusieron atrás. Me tiraron al piso. Me trataron de ciego culeado”, cuenta Ovando en la grabación. Fue realizada en el penal donde cumple una condena de 17 años de prisión por homicidio agravado, desde abril de 2010.

A los 18 años, en medio de un asalto, Ovando recibió el disparo en los ojos que lo dejó ciego. Por su condición de no vidente, debería estar detenido en una cárcel adaptada a sus necesidades, o con prisión domiciliaria. Su abogada la pidió en varias oportunidades, pero siempre le respondieron que su defendido “estaba apto” para la cárcel común.

Para luchar contra este tipo de situaciones, la Procuración General de la Nación creó en marzo de este año la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y nombró al frente al fiscal Abel Córdoba. La Procuración está en etapa de implementación y recolección de datos, pero ya trabaja con militantes y organismos de DD.HH.  Sobre la situación de las personas con discapacidades, el fiscal Abel Córdoba explicó que es frecuente encontrar  personas que, por estar en situación de vulnerabilidad, son víctimas de violaciones de derechos humanos, de sanciones más severas o de vejaciones. “Hay que tratar de que estén en un lugar donde sea posible una vida digna. La cárcel no es el lugar donde se pueda asegurar esto a las personas con discapacidades. No puede ser una respuesta homogénea para situaciones heterogéneas”, expresó Córdoba

Alejandra Domínguez, esposa de Ovando y madre de sus cinco hijos, ya denunció instancias anteriores de maltrato y discriminación hacia su marido. “No es la primera vez que lo agreden. Lo insultan, lo tratan de ciego, le dicen ‘que se compre ojos’ y otras cosas”, contó Domínguez a Cosecha Roja. Si bien esas denuncias nunca avanzaron, es la primera vez que existe un video de prueba. La versión de los guardiacárceles fue diferente. Los agentes dijeron que durante una requisa habrían encontrado a Ovando un teléfono móvil, y el detenido se habría puesto agresivo. Aseguraron que la requisa había sido filmada, como es rutina ante este procedimiento, y que acercaron el video a la Justicia.

Panorama mendocino

Mendoza ya había sido escenario de numerosas denuncias por torturas y maltrato en las cárceles. Entre 2004 y 2012 se registraron varios hechos de violencia, que llegaron a causar dieciocho muertes en un año. En 2004, una persona privada de su libertad fue decapitada y descuartizada en la misma cárcel en la que se encuentra Walter Ovando Avallay. Uno de los casos más resonantes de violencia institucional en la provincia fue el de Matías Marcelo Tello Sánchez, que murió en el Hospital Central de Mendoza a raíz de una paliza, luego de realizar numerosas denuncias que habían llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su caso está siendo investigado.

Carlos Varela Álvarez, abogado de Matías, dijo que que si bien no hay estadísticas oficiales, después de la denuncia ante la CIDH se obtuvieron medidas provisionales y acuerdos amistosos que mejoraron temporariamente la situación. Además, por impulso de los abogados y representantes de organismos de derechos humanos, se creó la Procuración Penitenciaria de Mendoza. “Tenemos esperanzas de que esta nueva institución pueda transparentar la labor de los servicios penitenciarios y controlar aquello a lo que los abogados de DD.HH. no tenemos  acceso”, expresó Carlos Varela Álvarez, que también es abogado de Susana Trimarco en la causa por Marita Verón. Él reconoce que en el último año hubo avances en el sistema penitenciario mendocino, pero las denuncias por torturas, las pésimas condiciones carcelarias, el hacinamiento y la dificultad en el acceso a la educación, no cesaron.

Foto: Florencia Kaiser