La mano dura ya fracasó

Cosecha Roja.-

Convocatoria a policías retirados, saturación de fuerzas de seguridad en la calle, construcción de nuevas cárceles, máximo control a las excarcelaciones por delitos con armas. Estas son algunas de las 22 medidas del plan de seguridad de la provincia de Buenos Aires presentado la semana pasada por el gobernador Daniel Scioli. Es el quinto paquete de reformas anunciado desde 2004 y, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “da respuestas que una parte del público quiere escuchar”.

“Las medidas que se fueron tomando se asocian más a hechos de trascendencia mediática -como el caso Píparo, el ingeniero Barrenechea o la Masacre de Campana- que a estudios profundos. La idea del informe es cuestionar la narrativa de que todo aumenta: los delitos, la participación de los jóvenes en los delitos. Esto no se ve reflejado en las cifras”, dijo a Cosecha Roja Luciana Pol, coordinadora Área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional.

Las cifras de homicidios desde 1991 hasta el 2013 indican que hubo un pico entre 2001 y 2002 y que las actuales son similares a las del 1996. “La alarma se enciende porque hay valores parecidos desde hace 15 años”, dijo Pol. “¿Qué estudios criminales se hicieron? Hacen falta estudios comparativos, de cifras, modalidades, participación de los jóvenes”, proponen desde el CELS.

Entre 1999 y 2005, además, la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires aumentó casi 80%. Esta sobrepoblación derivó en una situación aún más preocupante: el alojamiento de personas en condiciones infrahumanas en comisarías. En 2001 se presentó una acción de habeas corpus colectiva a la que la Corte Suprema hizo lugar cuatro años después. Allí consideró que una de las causas primordiales de la crisis penitenciaria bonaerense es el uso excesivo de la prisión preventiva y estableció estándares mínimos sobre condiciones de detención.

“Luego de que resuelven la urgencia, no hacen una revisión de los efectos. Pedimos que las decisiones de política criminal den cuenta de los resultados de las decisiones del pasado, porque así sería más efectivo”, cerró la coordinadora del Área.

Las medidas en política de seguridad desde 2000 en adelante en la provincia se dan  junto con los casos policiales más resonantes y no aparecen cuando lo que se cuestiona es el accionar de la policía como en los casos de la desaparición de Luciano Arruga, el asesinato de Candela y la tragedia de la familia Pomar.

En el caso de las excarcelaciones, las modificaciones ya suman seis. Ninguna de esas medidas trajo aparejada la solución de algunos de los problemas que preocupan a la opinión pública:

Abril 2004
– Ley 13.183:Restricción excarcelaciones para delitos con armas de fuego y reincidentes.
– Ley 13.177: Restricción salidas anticipadas.

Marzo 2006
-Ley 13.449-Deroga restricción excarcelaciones (ley Ruckauf)

Diciembre 2008 / enero 2009
-Ley 13.954: Restricción excarcelaciones (medidas alternativas solo para casos humanitarios.
-Ley 13.943: Ampliación juicio abreviado y de flagrancia.

Agosto 2011
-Ley 14.296-Restricción salidas anticipadas.

Diciembre 2012/junio 2013
-Ley 14.434 y Ley 14.517: Restricción excarcelaciones para delitos con armas de fuego.

El siguiente gráfico del CELS muestra que las cifras cuestionan la narrativa de que “todo aumenta” y que las medidas de mano dura sean efectivas:

Fuente: Elaboración del CELS en base a datos del Sistema Nacional de Información Criminal, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. El sistema de medición de la provincia de Buenos Aires atravesó distintas modificaciones, marcadas en color, lo que implica cambios en la metodología de trabajo que dificultan la comparación de las distintas etapas. Nota: el año 2013 está construido con los datos del 1er semestre, proyectados al año completo.