Nicaragua: mujeres forzadas a trabajar de mulas van presas

Matilde Córdoba – El Nuevo Diario.-

Son mujeres que nunca han cometido delitos. Pero están acusadas y condenadas por ingresar droga en los penales de Nicaragua. Los expertos sostienen que el mal tiene su origen en la pobreza.

Ana Patricia Vega cayó presa. La noticia llegó así, sin más. La mujer alegre y risueña, madre de tres hijos y desocupada, que soportaba el maltrato verbal y físico de su ex pareja, estaba detenida. ¿Dónde y por qué?

-En La Modelo- avisó una voz femenina con absoluta tranquilidad.

-¿En La Modelo? Pero ¿qué andaba haciendo en La Modelo? –preguntó la hermana de Vega al conocer la noticia.

Esa mañana Ana Patricia había intentado entrar al penal, pero fue retenida por las autoridades, quienes durante la requisa encontraron que trasladaba marihuana en su vagina y en su ano. De inmediato se convirtió en la undécima mujer acusada por posesión o tenencia de estupefacientes en lo que va del año en Tipitapa.

-Nos cayó un balde de agua, ¡pero de agua hirviendo!- dijo una pariente.

Esa era la primera vez que Ana Patricia Vega entraba al penal. Quienes la conocen aseguran que no tiene parientes ni familiares allí, como muchas que hoy están presas por la misma causa. En el Juzgado de Audiencia especializado en violencia de Tipitapa, a cargo de la jueza Vicky López, hay 50 casos de mujeres que intentaban entrar con droga al penal en 2013 y 14 hasta finales de mayo de este año.

La situación está siendo tratada como violencia de género por organismos de Derechos Humanos. Pablo Cuevas, a cargo de la dirección legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), contó que en marzo visitaron las celdas preventivas de Tipitapa: son 16 las mujeres detenidas por intentar ingresar droga al penal.

“Tres de esas mujeres me dijeron que estaban siendo obligadas por sus maridos. El acceso a los teléfonos es bastante fácil y por medio del teléfono las intimidan, ejercen violencia. Allá la droga es mucho más valiosa, la trafican. Con un poquito de droga, de marihuana, hacen maravillas”, dijo  Cuevas.

Entre las decenas de historias que Cuevas ha escuchado en las celdas preventivas de Tipitapa y en La Modelo sobresale la de una anciana que acusada por posesión o tenencia de droga. “El nieto la convenció que ingresara droga. Era una mujer de 75 años”, contó.

“Hay otras que lo hacen por dinero, mujeres que son dependientes y se ponen de acuerdo con el interno. Ella lo ingresa, él lo vende y le da dinero, que es sacado del penal de la misma manera que ingresó la droga, por vía anal o vaginal”, dijo Cuevas.

La droga no sale del cuerpo de las personas que la trasladan solamente en las visitas conyugales, explica el defensor de los derechos humanos.

“Se sacan la droga durante las visitas familiares y las visitas conyugales. Todo es producto del sistema. El galerón donde se hacen las visitas está atestado de personas, hay hacinamiento, entonces una mujer que lleva eso, se extrae el producto (delante de los demás). Nadie dice nada por miedo o por complicidad. La cantidad de funcionarios no es suficiente. Una vez un familiar que llegaba de visita vio mientras una se lo sacaba y cuando le comentó al reo al que llegó a ver, este le dijo que se hiciera el desentendido o lo dejaría con problemas”.

Los antecedentes

Cada interno tiene ocho cupos, ocho personas que pueden entrar por él cada vez que hay visitas. Por teléfono contactan a las mujeres que ingresan la droga o las esposas de ellos lo hacen. Este pudo haber sido el caso de Ana Patricia Vega.

“Entre ellos se hacen favores. Así, un amigo de un interno que no ha completado su lista de ocho pone como su prima a la mujer que ingresará la droga –relató Cuevas-. Una vez vi el caso de una mujer que entró como que iba a visitar a otro y después supo que entró como sospechosa porque ese reo tenía antecedentes de ingresar drogas”.

Nadie sabe si eso fue lo que le pasó a Ana Patricia. María Otilia Arellano ha sido defensora de oficio de varias mujeres acusadas por tenencia de drogas. A unos tres metros de los Juzgados de Tipitapa tiene una oficina minúscula de techo de tejas que está a punto de ceder.

“La mayoría de mujeres dicen que les prometieron 200 pesos -dijo Arellano-. Ellas jamás han tenido relación con los detenidos. Me han dicho que las ubican a través del teléfono, se aprovechan de las pobres y de las débiles porque la pobreza no te va a mandar a cometer un delito que arruinará tu vida”.

En principio le fue asignado el caso de Ana Patricia Vega, quien tiene 34 años y fue acusada por llevar menos de 100 gramos de marihuana. “Usualmente le digo a la familia de la acusada que les puedo ayudar a ver que se les respeten sus derechos, más no puedo”, dice Arellano.

Las que han admitido los hechos han sido condenadas a cuatro años y 133 días de multa. Según el artículo 358 del Código Penal, por este delito la pena máxima es de ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa.

Violencia y entorno

Dos vecinas de La Bolsa, barrio de Pochocuape donde vivía Ana Patricia Vega, tienen a sus esposos presos. El día que salió y no regresó, ella comentó a sus hijos que iría a hacer un mandado con una de estas vecinas.

Las últimas semanas antes de su detención estuvo muy involucrada con las dos mujeres, cuentan sus vecinos. Hacía mucho que no tenía un trabajo formal. El último fue en Enabas, pero lo dejó porque su esposo se involucró con la mujer que ella contrató para cuidar a sus hijos. Al poco tiempo se peleó con el marido, pero la vida de violencia continuó. Nunca quiso denunciarlo en la Policía. Luego de la última golpiza fue llevada por su familia al Instituto de Medicina Legal. Iba a denunciarlo pero su hijo menor, de cinco años, le rogó que no lo hiciera. Así lo hizo.

“La realidad de Nicaragua, América Latina e incluso Estados Unidos es que las personas privadas de libertad debido al microtráfico de drogas son desproporcionadamente mujeres (incluido el internamiento de drogas a los penales)”, explica Ennio Rodríguez, experto principal del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad.

Rodríguez sostiene que en muchos casos esta situación obedece a “violencia de género por relaciones abusivas hacia las mujeres, quienes frecuentemente tienen como desenlace la privación de su libertad o los femicidios”.

“En otros casos, la llamada motivación económica que lleva a mujeres a introducir droga a los penales, en realidad obedece a la desesperación, fruto de la exclusión social y la pobreza, las cuales afectan en mayor medida a mujeres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad económica y social. De tal manera que las causas se pueden resumir en violencia de género o en pobreza con un rostro de mujer”, agrega Rodríguez.

Ana Patricia Vega aún no ha enfrentado el juicio. Cuentan que ha perdido la alegría que le caracterizaba pese a la vida de violencia que llevó por más de una década. Las pocas veces que la han visto está llorando.

El artículo 358 del Código Penal establece que la pena máxima por el delito de ingresar droga a los penales es de ocho años.

50 mujeres fueron condenadas en el 2013.

8 años de prisión es la pena máxima.