Shaila Rosagel – Sin Embargo.-
Cinco meses después de la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Gobierno federal apuesta al olvido y a la desmovilización, mientras que los padres luchan por evitar el “carpetazo” del caso tras la “verdad histórica” emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), denunciaron los padres de los jóvenes.
A través de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres de los familiares de los estudiantes, enviaron un mensaje desesperado e hicieron un llamado a instancias internacionales para presionar al gobierno mexicano: “ya nadie busca a los muchachos”, dijeron.
No los busca la PGR ni tampoco las organizaciones de policía comunitaria como la Unión de Pueblo Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes incluso, ya salieron de Iguala, en donde se encontraban desde octubre del año pasado, expuso el representante legal.
“Frente a cinco meses de la desaparición, se haya un estancamiento de las investigaciones. La PGR con su verdad histórica inexistente, ha detenido la búsqueda, las investigaciones. Estamos preocupados porque no hay elementos para establecer que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula, esa hipótesis es pobre en las pruebas que tiene”, dijo Vidulfo Rosales.
El abogado planteó que la versión de la PGR no cuenta con el argumento fundamental para que los padres de los normalistas acepten su hipótesis: las pruebas genéticas de ADN.
“No hay prueba genética y no se puede obligar así a los padres a que acepten su verdad histórica”, señaló. “Todo se ha suspendido y necesitamos acudir a todas las instancias internaciones. Hasta ahorita ya fuimos a dos: a la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, añadió.
Los primeros días de marzo llegará a México un grupo de expertos de la CIDH para investigar el caso de los 43 normalistas en un país donde sus autoridades ya dieron por muertos a los jóvenes.
De acuerdo con Vidulfo Rosales, los familiares de los estudiantes mantienen la esperanza de que, el equipo multidiciplinario de expertos logre ayudar a reabrir el caso de sus jóvenes desaparecidos.
El martes 27 de enero, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, emitió un reporte sobre la desaparición de los estudiantes y reiteró la versión que defendió desde noviembre pasado: que los jóvenes fueron asesinados e incinerados junto con sus pertenencias en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
“Esa es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el funcionario federal, en un intento por convencer que su investigación está completa y cerrada.
Acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Murillo Karam expresó que la versión inicial se reforzó tras la detención, el jueves 15 de ese mes, de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios del grupo criminal y quien, según las autoridades, participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.
Pero la versión fue refutada unas horas después por los padres de los desaparecidos, quienes señalaron una serie de incongruencias y contradicciones en la versión ofrecida por la PGR y anunciaron que llevarán el caso hasta el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Al día siguiente de que la PGR considerara la hipótesis del basurero como “una verdad histórica”, Murillo y el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, debatieron en distintos medios de comunicación sobre la presencia del Ejército en la noche de la desaparición de los normalistas, el pasado 26 de septiembre, ya que los familiares no abandonan la exigencia de que los militares deben ser investigados sobre su rol en la noche de la tragedia. Pero las autoridades parecen haber dado ya carpetazo a esa duda.
“No hay nadie que los acuse [a los militares] de nada”, dijo el Procurador.
“Sostener que el Ejército no tenía nada que ver, es una posición política”, respondió por su parte el representante legal de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Previo a la “verdad histórica”, el titular de la PGR había despertado la molestia de los padres de familia al expresar la frase “ya me cansé”, después de ofrecer una conferencia de prensa en la que informó que los estudiantes habrían sido asesinados y quemados, algunos de ellos vivos, en Cocula.
A principios de febrero, los padres de familia de los desaparecidos cumplieron la advertencia de acudir a instancias internacionales y viajaron a Ginebra, Suiza para presentar su caso ante la el Comité de Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Luego, días después, la ONU dio a conocer sus conclusiones tras el examen al que se sometió México, los días 2 y 3 de este mes. El Comité refirió que las desapariciones forzadas son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes. “¿Cuántas desapariciones forzadas hay? no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México.
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales “podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
Pero México no recibió con agrado las recomendaciones de la ONU. El 13 de febrero, día en que se dio a conocer el informe, la Secretaría de Gobernación (Segob) mostró, a nombre del Gobierno de México, una cierta molestia con el informe y dijo que “no refleja adecuadamente la información presentada por México ni aporta elementos adicionales”.
“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”, dijo en un comunicado la Segob.
Por su parte, la asamblea representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), desde su plantón en el Monumento a la Revolución, advirtió que los tres órdenes de gobierno querrán utilizar la fuerza para reprimir los movimientos que exigen la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La CNTE culpó al Presidente Enrique Peña Nieto de buscar una salida violenta ante las problemáticas que enfrenta desde hace meses. ”Enfrentamos a un enemigo desesperado que recurre a la violencia y a la fuerza represiva”, dijo el secretario general del organismo en Michoacán, Juan José Ortega.
Los líderes de la CNTE hicieron un llamado a la sociedad para sumar fuerzas en la manifestación de este jueves, en la que prevén, tratarán de meter “infiltrados”, por lo que planean realizar acciones de seguridad para prevenir actos de violencia.
Movilización por Ayotzinapa
Este jueves se realizará la Novena Acción Global por Ayotzinapa que consistirá en una marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Distrito Federal y en los estados donde tiene presencia la organización magisterial.
La movilización en la Ciudad de México partirá a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos. También habrá mítines de protesta en Chilpancingo, Guerrero y en distintos puntos del país.
En Jalisco, habrá un mitin en los Arcos de Guadalajara, a las 17:00 horas.
En la ciudad de Chihuahua se convocó a la Glorieta de Pancho Villa a las 16:00 horas, mientras que en Tampico, Tamaulipas se invitó a una concentración en la Plaza de las Armas a las 17:30 horas.
En Mérida, Yucatán habrá una marcha que partirá del parque de San Juan a la Plaza Grande a las 16:00 horas.
Cinco ciudades de Chiapas: Ocosingo, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas y
Tuxtla Gutiérrez, registrarán movilizaciones.
En Cancún, Quintana Roo, habrá un reencuentro en la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) y en Playa Hermosa, a las 17:00 horas.
También se esperan manifestaciones en Chilpancingo, Guerrero.
En el extranjero se convocó a movilizaciones en Estados Unidos, Italia, Grecia, Alemania y Francia, entre otros.
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