Juicio Arruga - F Nívolo

Juliana Mendoza – Cosecha Roja-.

“Mi hermano tenía una sonrisa enorme, digna de un chico de 16 años, pero después de lo que pasó se volvió un pibe triste”. Durante dos horas Vanesa Orieta reconstruyó lo que pasó en la primera detención de Luciano Arruga, el 22 de septiembre de 2008. Fue la única testigo que declaró en la segunda audiencia del juicio por las torturas que sufrió el adolescente en el Destacamento de Lomas del Mirador.

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Vanesa se preparaba para ir a trabajar al call center cuando llegó la mamá y le dijo que Luciano estaba detenido. Fueron juntas hasta allí y la hermana del adolescente habló con los oficiales.

– ¿Quién es el juez de menores? ¿Quiénes son los denunciantes? Él es menor de edad, vos lo tenés que tener en el hall de entrada.

Julio Diego Torales se le rió en la cara.

– ¿Vos sabés lo que hizo? Tu hermano es un chorro. Yo soy policía, Torales, y te digo que robó.

Ella sabía que era una detención ilegal, no había nada que pudiera hacer. “Hay formas en el habla, en el tono violento, en el tono imperativo que si no me tranquilizaba, el que iba a sufrir era Luciano”, contó hoy ante el Tribunal. La cocina de la división policial -donde estaba detenido Arruga- tenía la puerta abierta, el adolescente escuchó la voz de su hermana y gritó: “Vane, sacame de acá que me están matando a palos”.

– ¡Quiero ver a mi hermano! ¡Sueltenlo!”, reclamó Vanesa.

Cuando el policía llamó al juzgado, ella gritó al micrófono: “¡Le están pegando a mi hermano!”. Él lo tapó.

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“Luciano era una persona que ya estaba siendo acosada y perseguida por la gente del Destacamento. No sabía qué hacer para que no lo molestaran más”, contó. Hacía rato que lo detenían sin razón, que lo llevaban a la división y que lo verdugueaban. Todo empezó cuando la policía de Lomas del Mirador le ofreció trabajar para ellos y él se negó. Entonces lo paraban en la calle, le ponían un arma en la espalda y le decían “negrito villero”. Los oficiales querían generar cualquier reacción que justificara detenerlo: esto era una práctica común, a la vista de todos y sin que nadie interviniera. Los policías no sólo molestaban a Luciano, Vanesa y Mónica Alegre también fueron víctimas: “Ese día nos hicieron sentir el poder y el maltrato policial. Me estaban humillando, yo estaba en desigualdad de condiciones”.

-Torales no nos podés dejar acá, te voy a denunciar.

Él la miraba.

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La noche de la detención ilegal, Vanesa volvió de trabajar y encontró a Luciano tirado en la cama.

– ¿Vos robaste ese teléfono de mierda?

– ¿Vos sos pelotuda? No me robé nada y encima me pegaron.

El adolescente le contó que Torales lo amenazó con llevarlo a la comisaría 8va dónde “estaban todos los violadores” y que los oficiales le sacaron veinte pesos que tenía encima. Le dio los dos nombres de los que le habían pegado, Vanesa se acordó del único acusado porque fue el que las despistó en el Destacamento. Ella anotó “Julio Diego Torales” en un cuaderno.

– ¿Por qué no denunciaron? -le preguntaron en la audiencia.

– Si nosotros hacíamos la denuncia, la policía se iba a enterar y ellos sabían dónde vivíamos. La persecución iba a crecer. Una de las falencias de las familias humildes es que no tenemos un mango para pagar un abogado.

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Los abogados de Torales presentaron una lista de testigos, casi todos eran policías del Destacamento de Lomas del Mirador que estuvieron de guardia esa noche. El fiscal José Luis Longobardi, los abogados Maximiliano Medina y María Dinard, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, intentaron desestimarlos. Ellos creen que estos oficiales que estuvieron en el momento de la detención podrían autoincriminarse, y esto invalidaría la declaración. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de La Matanza rechazó por unanimidad el pedido de la fiscalía y la querella porque dijo que perjudicaría el derecho de defensa de Torales.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las nueve de la mañana. A más de seis años de su desaparición -el 31 de enero de 2009- y a siete meses de la identificación del cuerpo -estaba enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita-, la causa por las torturas del 22 de septiembre es la primera que llega a juicio.

Foto: Facundo Nívolo