Presos en comisarìas

Cosecha Roja.-

Reina Maraz fue condenada a perpetua por matar al marido. No habla castellano y cuando la detuvieron nadie le explicó de qué la acusaban. A Alejandro Segovia un policía se la tenía jurada. Lo persiguió y lo mató de un disparo en la cabeza. Miguel Ángel Durrels apareció ahorcado con un cable de luz en la Comisaría 1º de Pilar y la familia sospecha que lo mataron. Estos casos son algunos de los incluidos en el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, que registró aumentos de la tasa de encarcelamiento, las torturas en las cárceles y una “policialización de la justicia”: son los policías los que inician las causas.

“No existe una sola celda en la Provincia de Buenos Aires que cumpla con los requerimientos básicos de habitabilidad”, dice el informe. Las malas condiciones de higiene y salud son la primera tortura para los detenidos, después vienen las agresiones físicas, amenazas, mala alimentación, aislamiento y robos. Las familias también sufren la cárcel porque les impiden ver a los detenidos o los humillan al revisarlos: en 2014 denunciaron 114 requisas vejatorias.

El procedimiento es más que un modo de control ‘formal’: se convirtió en el “ejercicio del poder físico y simbólico para efectivizar el sometimiento”, dice el informe. Para visitar a los detenidos, los familiares deben levantarse a la madrugada, viajar, esperar para entrar con frío o con lluvia y soportar las requisas.

“El sistema es muy perverso, tratan de que te canses y que desistas. Conozco mamás o hermanas se han tenido que dedicar a la prostitución para solventar los gastos. Es muy difícil llenar el bolso de mercadería para la semana. Toda la familia tiene que ayudar, todos ponemos un poquito porque llenarlo tiene tanta importancia como la vida de tu ser querido. El sistema no les da nada”. Lo contó Gustavo Jaramillo a Cosecha Roja. Su hijo Sergio apareció ahorcado en la celda 1 del pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela en julio de 2004. Fue el primer caso que patrocinó la CPM ante la justicia y forma parte del registro.

En los últimos dos años 286 personas murieron bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense en cárceles y otras 18 en comisarías provinciales: equivalen a cuatro colectivos repletos en hora pico. En ese período la CPM presentó 9822 habeas corpus ante el Poder Judicial en el que registraron 20.986 hechos de torturas o malos tratos. Sólo entre abril y octubre de 2014 la Bonaerense informó 111 personas “abatidas en enfrentamientos” como a Omar Cigaran. La versión oficial dijo robo con arma, la fiscal justificó el gatillo fácil y la mamá del joven denuncia que lo hostigaron hasta la muerte.

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-Si te matamos le hacemos un favor al juzgado. ¿A quién le va a reclamar tu familia si sos un delincuente que no sirve para nada?

Esa fue la última amenaza que un guardia le hizo a Sergio Jaramillo. El 21 de julio de 2004 apareció ahorcado con una sábana en la celda 1 del pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela. Un día antes su padre había logrado interponer un hábeas corpus para que lo trasladaran de ahí porque tenían miedo. “En el penal corro riesgo”, le había dicho el hijo. Fue el primer caso que patrocinó la CPM ante la Justicia.

– Si querés pasarla bien acá tenés que vender droga, le dijeron a Sergio ni bien pisó la cárcel.

La primera vez que lo extorsionaron fue en el penal de Mar del Plata. Él se lo contó a su papá y decidieron “mostrar la mafia con la que se manejaban en Batán”. Nada cambió cuando llegó a Florencio Varela: “Vayas a donde vayas nosotros tenemos el brazo muy largo”, le dijeron.

Y cumplieron. El brazo de los agentes llegó hasta la familia de Sergio. Cuando empezaron a denunciar el hostigamiento, a su papá Gustavo se le acercaban autos sin patente y le decían ‘No te olvides que tenés más hijos’. “Yo podría haberlo sacado antes y no quise. Siempre le recalqué que si entró por la puerta tenía que salir por la puerta. Esa culpa la voy a cargar toda la vida, es un surco en el alma que duele muchísimo”, dijo a Cosecha Roja.

El papá de Sergio y su esposa Natalia supieron desde el principio que la muerte del joven no era un suicidio, que lo asesinaron por denunciar al personal del SPB. Poco tiempo después crearon la Asociación Civil Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad (FAVISIC), que se ocupa de asesorar y acompañar a los familiares. En febrero ayudaron en un allanamiento en la cárcel de Batán para constatar las denuncias sobre las condiciones de detención. “Vi que no era solamente mi problema: yo perdí un hijo pero quedan muchos pibes adentro todavía”, dijo.

A pesar de que está prohibido, en las comisarías bonaerenses hay más del doble de detenidos del espacio que tienen. El dato es de abril de 2015 y fue tomado del Ministerio de Seguridad. El sistema de monitoreo en cárceles y lugares de encierro de la CPM indica que entre 2009 y 2013 hubo casi 70 muertes disfrazadas de suicidio, como el caso de Miguel Ángel Durrels.

En 2014 la tasa de encarcelamiento creció exponencialmente: pasó de 191,5 a 218,5 detenidos cada 100 mil habitantes. La policía detuvo a 34.156 personas, según el Registro Único de la Provincia de Buenos Aires. Para el informe de CPM, uno de los principales motivos fue la declaración de emergencia en materia de seguridad decretada en abril de 2014.

Desde fines de 2013 se intensificaron también las detenciones sin orden judicial. El 90 por ciento de las personas que juzga el sistema penal provincial llegaron por detención de la Policía Bonaerense. Sólo el 10 por ciento pisó los tribunales por orden de un juez que investigó previamente. Para la CPM es la ‘policialización’ de la justicia”.

Cuatro torturas por víctima. Según el Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) los 1136 casos de tortura incluían 4987 hechos: 470 eran agresiones físicas, 951 aislamientos, 145 amenazas, 926 casos de malas condiciones de detención, 833 de falta de alimentación, 662 de atención de la salud deficiente, 152  robos de pertenencias, 444 impedimentos de vinculación familiar.

“El jueves murió mi hermano de 13 años. Lo picó un bicho, se infectó su sangre, estuvo internado tres semanas en el Hospital de Niños. Pedí muchas veces que me lleven a verlo, no me llevaron, no me dieron el permiso. Ahora quiero que me lleven al cementerio porque quiero ir donde lo enterraron, tampoco pude ir al velatorio”. Es el testimonio de un joven detenido en Nuevo Dique que, según el informe, muestra la ‘nula importancia’ que le dan los equipos técnicos a los vínculos de los jóvenes.

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Cuando llegó la policía de Punta Indio a decirle que a su hijo lo había matado su amigo Santiago, Fernanda Nicora no les creyó. Enseguida sospechó de la Bonaerense. En diciembre de 2014, a casi dos años del crimen, logró obtener los resultados de la autopsia de Sebastián: “Me habían dicho que murió de un golpe pero se comprobó que tiene un tiro en la cabeza: está la entrada de la bala, el recorrido, un orificio de salida, parte de la munición adentro y hasta pólvora”, dijo.

La noche que lo mataron Fernanda llegó a la casa y descubrió que Sebastián les había comprado helados a los hermanos. Candelaria tiene 8 y le pide a su mamá tener una audiencia con la fiscal. Nahuel de 9 pregunta todo el tiempo por qué mataron a su hermano. “En mi casa se habla mucho de Seba. Miramos fotos, hablamos de la causa y de cómo seguir”, contó. Muchos chicos le escriben a Fernanda porque no saben dónde denunciar el abuso de la policía. Le cuentan que los persiguen en autos particulares y amagan a chocarlos. “Yo le prometí a la tumba de mi hijo que ningún otro pibe iba a pasar por lo mismo”, dijo.

La Municipalidad de Punta Indio aprobó la semana pasada la creación de un organismo civil que controla a las fuerzas de seguridad. Fernanda piensa que hay mucho para trabajar pero no hay un manual que muestre cómo prevenir. “Vamos a vigilarlos y marcarles lo que lo que no pueden hacer”, dijo.

Informe: Anita Aliberti

Foto: CELS

Leé el Informe Anual Comisión por la Memoria.

[Nota publicada el 23/6/2015]