La guerra contra las drogas es una guerra contra los pobres

Cosecha Roja.-

La guerra contra las drogas no alcanzó los objetivos. Según los expertos de América Latina que participaron del seminario ‘Drogas: de la prohibición a la regulación’ organizado por el CELS y la Universidad Torcuato Di Tella, la guerra contra las drogas es una guerra contra los pobres. En Brasil la selectividad penal divide a los blancos ricos de los negros pobres, en México los que viven en combate son los jóvenes, pobres, rurales y migrantes.

“México puede ser un caso de estudio en que se constata lo aberrante de la política”, dijo José Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH. Se refiere al paradigma ‘punitivista’ que imperó desde la década del setenta luego de que Richard Nixon inventara el concepto de ‘guerra contra las drogas’ en Estados Unidos.

Ya no hay consenso internacional para sostener el prohibicionismo. Varios líderes del mundo como Kofi Annan, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria ya señalaron que el combate contra las drogas no funciona para reducir la producción y la comercialización ni solucionar el consumo problemático de estupefacientes. Pasa todo lo contrario.

En México el consumo de drogas aumentó de 450 a 550 mil y hubo 70 mil asesinatos-ejecuciones extrajudiciales relacionados al narcotráfico sólo en 2013. Entre 2006 y 2014 la Procuraduría General de la República recibió 4 mil denuncias de torturas. Hay más de 25 mil personas desaparecidas, 281 mil desplazados, 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada en contra defensores de DDHH y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.

En muchos de las denuncias hay funcionarios involucrados. “Por los recursos públicos empleados en la comisión de los delitos, se trata de eventos que parecen responder a una política de Estado”, dijo Guevara. No solamente por la similitud de los casos sino también porque “las instituciones del Estado niegan su responsabilidad, alteran la escena del crimen, afectan la cadena de custodia de las pruebas y criminalizan a las víctimas”. Es lo mismo que le recriminaron al gobierno los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La investigación, el procesamiento y castigo de los responsables brillan por su ausencia.

Durante el gobierno del actual presidente -Enrique Peña Nieto- se registraron crímenes que, según Guevara, pueden ser considerados de lesa humanidad: la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlataya en junio de 2014, 16 personas en Apatzingan, 42 personas civiles en Tanhuato y la desaparición forzada de los 43.

El cambio de paradigma no terminó de transformar las leyes nacional ni las costumbres policiales. La selectividad penal sigue siendo uno de los mayores problemas en Latinoamérica. En México, el 80 por ciento de las mujeres privadas de libertad están sentenciadas por delitos relacionados con drogas; el 95 por ciento los jóvenes en prisión pertenecen a los eslabones más bajos de la cadena de producción, distribución y venta de sustancias ilícitas. En Argentina, entre 2010 y 2012, entre el 20 y el 25 por ciento del total de las detenciones de la Policía Federal fueron por la ley de drogas. En Brasil los presos por crímenes vinculados a las drogas crecieron de 31 mil en 2005 a 164 mil en 2014. “La ley criminaliza la pobreza y da a la policía y el juez la potestad para determinar si la droga es o no para consumo personal: si sos blanco y habitás un barrio rico, no importa la cantidad. Si sos negro y vivís en la favela, sos un narcotraficante”, dijo Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro.

Lemgruber coordina “De la prohibición nació el tráfico“, una campaña gráfica que llenó las calles de Brasil de carteles y dibujos de caricaturistas y mensajes: “Reprimir mata más que usar”; “¿Quién gana con todo esto?”. Para Guevara es necesario impulsar un régimen mundial de drogas que no sea una amenaza para la salud y la seguridad ciudadana, que no discrimine, que respete la dignidad y los DDHH , que fomente el desarrollo y no socave las instituciones democráticas de los Estados.

[Nota publicada el 22/7/2015]

Foto: Sub.Coop