Narcotráfico: el gobierno apuesta a una guerra que ya fracasó en todo el mundo

Cosecha Roja.-

La declaración de emergencia en seguridad del gobierno nacional permite llenar de policías los barrios, derribar aviones, comprar sin licitar. El Acuerdo de Seguridad Democrática, el CELS y otras organizaciones criticaron el decreto porque responde más a la opinión pública que a un diagnóstico de la situación. En la Argentina la mayoría de las causas por infracción a la ley de drogas son contra consumidores, los crímenes son interpersonales, no hay carteles y la droga es un problema de salud pública. “La construcción de un diagnóstico debería empezar por reconocer que no hay una problemática del narcotráfico, sino toda una serie de problemas diversos, algunos conectados entre sí, que requieren respuestas complejas”, dijo a Cosecha Roja Manuel Tufró, del CELS.

¿Cómo entran y circulan las drogas?, ¿qué actores intervienen?, ¿cómo se relacionan con el mercado de las armas? ¿cómo juega la protección policial, judicial y política? ¿cuál es la incidencia real del tráfico en los homicidios? “Toda política pública requiere de un diagnóstico previo para poder diseñar e implementar medidas adecuadas para los problemas. El diagnóstico no puede ser la opinión pública general, debe ser una descripción y análisis rigurosos de los procesos y actores”, explicó Tufró.

1- La mayoría de las causas son contra consumidores

Los argumentos que plantea el decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti afirman que el narcotráfico y sus delitos son “una profunda preocupación de la ciudadanía”. Además, asegura que “la droga arruina la vida de familias enteras”. Las únicas cifras que se mencionan son: 8.146 órdenes de captura; 4.077 prohibiciones de salidas del país o de provincias; 5.349 búsquedas de personas; 3.678 solicitudes de paradero; 265 hábeas corpus y 149 pedidos de secuestros de armas. Las cifras del del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales no especifican a qué causas corresponden.

En junio de 2014 el fiscal Federico Delgado analizó los operativos de las fuerzas de seguridad para precisar en qué consistían las causas que llegaban a la Justicia.  Durante el experimento descubrió que de las 277 causas relevadas en dos semanas, el 73 por ciento de las detenciones fue por infracción a la ley de drogas. La mayoría de los delitos eran consumo personal (71 por ciento), el 24 por comercio de estupefacientes y el 5 por tenencia simple. Más de la mitad de las personas con sustancias para consumo personal fueron detenidas por usar marihuana o cocaína en la vía pública y el 45,5 por ciento por “actitud sospechosa”. Marihuana y cocaína son las únicas drogas secuestradas. La cantidad de detenciones por tenencia de estupefacientes para consumo personal (175 en 145 causas) muestran la “selectividad policial”.

Declararle la guerra a las drogas no resuelve la violencia. Según los datos del propio Ministerio de Seguridad, entre un 20 y un 25 por ciento de las detenciones que hizo la Policía Federal de 2010 a 2012 se originaron en la infracción a la Ley de Estupefacientes. La mitad de los procedimientos fueron por “prevención policial” (sospecha de un delito) y el 38 por ciento por consumir. Sólo el 6 por ciento de las detenciones por drogas fueron producto de allanamientos u órdenes judiciales.

2- La mayoría de las muertes violentas son interpersonales

Los integrantes de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario estudian la violencia letal en la ciudad. La tasa de homicidios fue aumentando (de 9,48 cada cien mil en 2007 a 23 en 2014) al ritmo de la espectacularidad con la que se trató el tema narco en los medios. Sin embargo, cuando los investigadores se acercaron al territorio, descubrieron que la vinculación entre el tráfico de drogas y la violencia era más compleja. “Hay una gran masa de homicidios que no están vinculados con disputas territoriales por mercado de drogas ilegales. Lo que aparece fuertemente es que la participación de los jóvenes en ese despliegue de violencia está más vinculada a formas de construir identidad y prestigio en lugares en donde los materiales más tradicionales (escuela o trabajo) aparecen como escasos o poco atractivos”, dijo a Cosecha Roja Eugenia Cozzi, parte del equipo que coordina Enrique Font.

Desde hace cinco años el Instituto de Investigaciones del Poder Judicial analiza los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires. En 2014, hubo 198 asesinatos y la tasa fue de 6,85 cada cien mil habitantes. En el 46 por ciento de los casos existió una relación previa entre la víctima y el victimario y en el 32 por ciento había un conflicto previo. El 42 por ciento de los que murieron residía en zonas urbanizadas, mientras que un 38 en barrios de emergencia y asentamientos. En el 57 por ciento de los casos existió una coincidencia entre el lugar de residencia de la víctima y el lugar del delito. Esto significa que 112 de las 198 víctimas fallecieron en el mismo barrio donde vivían.

Según Rodrigo Codino, director del Instituto, no se puede hablar de narcotráfico como principal causa de los asesinatos en la ciudad. “Los homicidios que involucran droga -una categoría que incluye consumo personal y narcomenudeo- no son significativos. Los crímenes en general son conflictos interpersonales por ajustes de cuentas, deudas de paco o cocaína o discusiones por una droga legal como el alcohol”, explicó a Cosecha Roja. “Lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires son pequeñas bandas de los mismos barrios que luchan por el narcomenudeo. Se trata de economías subterráneas, paralelas o de subsistencia”, agregó.

En el 47 por ciento de los homicidios dolosos de 2013 la víctima y el victimario se conocían de antes. En la mayoría de los 176 los crímenes el asesinato fue en el lugar de residencia (62 por ciento) y el disparador, una discusión o venganza (44 por ciento). “Para hablar de narcotráfico habría que investigar el lavado de activos, los delitos económicos de los poderosos”, dijo Codino.

3- En Argentina no hay carteles de drogas

Según Tufró, lo que está en discusión la definición misma de la problemática. “Tal y como se lo considera hoy en día, ‘el narcotráfico’ es una categoría que invisibiliza muchos otros problemas, como por ejemplo la participación de segmentos del propio Estado (policías, jueces, fiscales, políticos) en redes de ilegalidad”, dijo. Por eso en Argentina no se puede hablar de carteles como los de Colombia y México. En cambio, muchas bandas asociadas al negocio del narcotráfico cuentan con connivencia y complicidad de las fuerzas de seguridad. Perseguir el narcomenudeo tiene poco impacto en la desarticulación de organizaciones criminales más grandes.

La banda de Los Monostuvo un polémico paso por la Justicia provincial, donde el juez Juan Carlos Vienna comenzó investigando el crimen de Martín Paz y terminó procesando a 35 personas, muchos de ellos policías, por asociación ilícita. Lejos de los negocios y el poder conquistado por Pablo Escobar o El Chapo Guzmán, otras bandas narco locales no alcanzan a ser carteles de drogas. A los Correntinos se les empantanaba el camión por la lluvia o lo perdían en la mitad de la ruta con 777 kilos de droga. Hablaban de la marihuana como porciones de pizza, se agendaban en el celular como Primate 1, Primate 2, Lentito o Chocha y se comunicaban durante el viaje avisando sobre controles policiales. Hasta que se quedaban sin crédito.

4- La droga es un problema de salud pública

En el decreto que declara la emergencia dice: “La droga arruina la vida de familias enteras y no podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural”. Y en la siguiente oración agrega: “La problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana sino que importa una violación a la soberanía nacional”. La solución propuesta no contempla que el consumo problemático de sustancias es un asunto de salud pública y que hay múltiples estrategias para tratar las adicciones como la reducción de daños.

En otros países ya se comprobó el fracaso: la guerra mata más que el consumo. En México hubo 70 mil asesinatos-ejecuciones extrajudiciales relacionados al narcotráfico sólo en 2013. Entre 2006 y 2014 la Procuraduría General de la República recibió 4 mil denuncias de torturas. Hay más de 25 mil personas desaparecidas, 281 mil desplazados, 27 asesinatos, ocho casos de desaparición forzada en contra defensores de DDHH y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos. En Brasil los presos por crímenes vinculados a las drogas crecieron de 31 mil en 2005 a 164 mil en 2014. La emergencia en seguridad, como ya quedó demostrado otras veces, termina siendo una oportunidad para aplicar políticas represivas y para hacer grandes negocios a través de las compras del Estado sin control.