Cosecha Roja.-
La libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro. Así justifica el ministerio de Seguridad la actuación de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura en cualquier manifestación en la vía pública y por una causa común. Ante un corte de calle, ruta o autopista, los agentes deberán decir frases cortas y claras, no reaccionar a provocaciones e intentar negociar. Si nada de eso funciona para intervenir y disolver la protesta, los pasos que siguen son aislar e identificar a los “violentos”, secuestrar elementos contundentes y tomas las “medidas necesarias” para prevenir delitos. El uso de la fuerza responderá a protocolos dictados por las propias fuerzas y ellas mismas decidirán cómo aplicarla.
Los pasos para reprimir son parte del Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad en manifestaciones públicas, presentado hoy por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la reunión del Consejo de Seguridad Interior en Bariloche, Río Negro. “El gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”, dijo. En el acto también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el de Seguridad, Eugenio Burzaco, y representantes de todas las provincias y fuerzas.
El protocolo establece que el uso de la fuerza debe limitarse siempre “al mínimo posible” y responder a cuatro criterios: legalidad, oportunidad, gradualidad y último recurso frente a una resistencia o amenaza. Pero quienes definen esas reglas son las propias policías, igual que cuando detienen de manera arbitraria y por portación de rostro. Sólo esta semana dos periodistas y un fotógrafo fueron requisados con violencia por agentes de las policías Bonaerense, Metropolitana y de Catamarca. Hace diez días, Gendarmería reprimió con balas a los niños de una murga en la villa 1-11-14.
Los jefes de los operativos deberán instar a los manifestantes a finalizar los cortes, a “retirarse y ubicarse en zonas determinadas para ejercer sus derechos constitucionales” o a “canalizar los reclamos a las áreas que correspondan”. Lo comunicarán por altoparlantes, megáfonos o a viva voz y si los líderes no responder, los policías podrán intervenir y disolver la manifestación. Si hubiera detenidos, los agentes deberán leerles sus derechos y ponerlos a disposición de la Justicia.
La atención preferencial para garantizar el cumplimiento de los derechos de libre circulación y expresión lo tendrán aquellos que requieran una “protección especial”. Es decir, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, tal como dice el protocolo. Nada parecido a la reacción de dos policías de la Bonaerense después de atropellar a un niño en un cruce de calles del barrio La Rana, en San Martín durante el fin de semana. Lo vieron tirado en el piso y esperaron a que viniera otro patrullero.
Los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que quieran cubrir la protesta social, estarán ubicados en una “zona determinada”, donde no “interfieran con el procedimiento”. Además, el material que obtengan no deberá ser destruido ni confiscado por las autoridades públicas, según el protocolo. Además de garantizar la seguridad, y si “tuvieran posibilidades”, los agentes deberán filmar y fotografiar los operativos por si el material es requerido por la Justicia o para evaluar su propio desempeño.
Durante la presentación, la ministra Bullrich dijo que el protocolo está aprobado por el 80 por ciento de las provincias y que el objetivo de aplicarlo es “establecer un nuevo paradigma que genere cierto orden en la sociedad”. La misma política planteó la declaración de emergencia en seguridad, establecida a través de un decreto y con el propósito de combatir el narcotráfico.
Leé el Protocolo represión de la protesta social.
Foto: Facundo Nívolo
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