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“No al juicio abreviado, a Jonatan Herrera lo mató la policía” es el lema de la Campaña que lleva adelante la Multisectorial Justicia por Jonatan, para rechazar el Juicio Abreviado para uno de los policías imputados por su asesinato. Desde la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, junto a organizaciones sociales, políticas y derechos humanos, conformamos la Multisectorial que acompaña a la familia de Jonatan Herrera en el pedido de justicia.

El domingo 4 de enero de 2015, a las 15 hs, Jonatan Herrera de 23 años lavaba su auto en la vereda de su casa de barrio Tablada. Cerca de allí, cuatro jóvenes agentes de la recientemente creada Policía de Acción Táctica (PAT), que viajaban en un colectivo de línea, observan a agentes del Comando Radio Eléctrico de la policía de Santa Fe perseguir a un joven, deciden bajarse y sumarse. Jonatan, al ver la persecución intenta resguardarse pero no lo logra. Los miembros de la PAT que acababan de bajar del colectivo comenzaron a disparar indiscriminadamente hacia el lugar donde estaba Jonatan; y como consecuencia del ataque  recibió tres de las más de 20 balas que se dispararon. Uno de esos disparos lo recibió en su pie izquierdo, otro en el muslo que le atraviesa la arteria hipogástrica y se aloja en la cadera y el tercer disparo que le roza el cráneo provocando una lesión encéfalo craneal. Estos últimos disparos de características mortales.

La PAT se crea fines del año 2014. Es una medida efectista más de un gobierno jaqueado por un contexto sumamente crítico en materia de seguridad en la provincia y, especialmente, en la ciudad de Rosario. Para mencionar algunos aspectos, la tasa de homicidios en la ciudad sufrió un exponencial aumento en los últimos años, llegando a un pico en el año 2013 con una tasa de 22 homicidios cada 100.000 habitantes. Además, en marzo de 2013 fue nuevamente detenido el que fuera jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli, acusado de coautor de tráfico de drogas en la modalidad de tenencia para la comercialización. En octubre del mismo año fue baleada la casa del por entonces gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Un oscuro episodio, muy utilizado políticamente por el propio gobierno provincial, pero nunca adecuadamente esclarecido. La PAT se crea, entonces, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad y con pocos meses de formación se pone en funciones en varias zonas de la ciudad de Rosario y otras ciudades de la provincia.

Los cuatro policías presuntos autores de los disparos que hirieron mortalmente a Jonatan fueron identificados. Tres de ellos serán juzgados en un juicio oral y público – los agentes Rosales, Sosa y Rodríguez. Mientras que para el cuarto imputado de apellido Galvéz el fiscal de la causa Adrián Spelta – con el respaldo del Fiscal Regional Jorge Baclini –acordaron con la defensa un juicio abreviado por el delito de “abuso de armas”. Frente a esta situación las abogadas querellantes que representan a María Helena Herrera, la mamá de Jonatan, plantearon la nulidad del mismo. El día viernes 11 de Marzo del presente el Juez de la causa López Quintana en audiencia pública deberá resolver sobre la nulidad presentada y la admisibilidad del Juicio Abreviado.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó como Amicus Curiae, primero ante el Fiscal Regional y luego ante el Juez marcando su preocupación por la realización del Juicio Abreviado tratándose de un caso de violencia institucional. AMSAFE Rosario y La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional adhirieron a dicha presentación.

Desde la Cátedra de Criminología analizamos los principales efectos de las políticas de seguridad en la provincia, a través del par conceptual sobrecriminalización y desprotección (por una descripción precisa, ver Font 2013 y Cozzi, Font, Mistura 2015) . Este par condensa e ilumina los principales efectos de las políticas de seguridad y judiciales sobre los sectores populares. El concepto de sobrecriminalización lo utilizamos en tres sentidos. El primero, vinculado a la sobrevigilancia de los sectores populares, sobre todo de los jóvenes. Incluye prácticas que van desde formas de hostigamiento policial, malos tratos y tortura, uso abusivo de la prisión, hasta el uso de la fuerza letal, como en el asesinato de Jonatan. El segundo, relacionado a la incidencia negativa de las políticas de seguridad y las prácticas policiales y judiciales, en la construcción y consolidación de identidades vinculadas a la participación en actividades delictivas. El tercero, representado por el rol de la política de seguridad y de las prácticas de las instituciones del sistema penal para posibilitar estructuras de oportunidades delictivas de alta vulnerabilidad en barrios de sectores populares.

Con el término desprotección nos referimos a la desatención policial, judicial (Ver Informe Homicidios 2015), política y social de las victimizaciones de quienes viven en barrios populares. Dándose una situación de infra-protección, resultante de la distribución diferencial tanto de la victimización – generada por las políticas de seguridad –como de las reacciones institucionales y sociales a la misma. Y justamente como cuando en el caso de Jonatan los sectores sobrecriminalizados resultan victimizados por la policía la desprotección cobra su mayor intensidad. Por un lado, porque resulta negada literal o interpretativamente por parte de los responsables políticos y, por otro lado, porque es desatendida por parte del poder judicial.

En Rosario, como en otras ciudades del país, existe una larga tradición de lucha de familiares de víctimas de violencia policial o de víctimas sobrecriminalizadas y desprotegidas por el sistema penal (Diciembre 2001, Triple Crimen de Villa Moreno, etc.) para confrontar la desprotección judicial y materializar una justicia que no está garantizada a las víctimas de los sectores populares. Esa es la lucha que lleva adelante la familia de Jonatan y que acompaña la Multisectorial, el Ministerio Público de la Defensa Penal de Santa Fe, el CELS, entre otros. Y lograr que se rechace el juicio abreviado es parte de esa búsqueda de justicia. Una vez más, la lucha es por juicio y castigo a los culpables.

Firman: Enrique Font, Eugenia Cozzi, María Eugenia Mistura, Luciana Torres y Marcia López, Integrantes de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Rosario.