Ayer, en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, Adriana Reisfeld y Diana Malamud de Memoria Activa expusieron la trama de la conexión local.

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Adriana Reisfeld y Diana Malamud, llevan más de 21 años sosteniendo la lucha por justicia desde la asociación de familiares Memoria Activa. Ayer, en el 24° aniversario del atentado a la embajada de Israel, homenajearon a las víctimas de ambos ataques con su declaración testimonial en el juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Tras sus testimonios, ambas fueron aplaudidas por gran cantidad de familiares, amigos y el público.

“A partir del 18 de julio de 1994 nuestra vida cambió. Todo es un antes y un después”. Así comenzó su testimonio Diana Wassner de Malamud, quien perdió a su marido Andrés en el atentado. “Vivimos la imposibilidad de elaborar un duelo por la falta de justicia” dijo y contó su lucha en la organización de familiares, Memoria Activa. Aquella lucha de la que, según dijo, el Estado debió haberse encargado.

La causa AMIA y su militancia le ocasionaron numerosos perjuicios, como el intento de despido de su trabajo por una orden del ex presidente Carlos Menem, tras su discurso en el acto aniversario de 1996. O una persecución que sufrió por un auto que, luego de hacer la denuncia, se enteró que pertenecía a la Policía Federal y que había sido enviado “como protección”. “Aparentemente la Policía Bonaerense quería matarme” dijo. En este extraño episodio, según contó, Diana pudo comprender los vínculos que tenían los dirigentes comunitarios con el jefe de la Federal, quien se disculpó por lo ocurrido en una reunión posterior organizada por el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja y su asesor Jorge Bronstein, a quien apodaban “el comisario”.

Las irregularidades

Las primeras dudas respecto a las irregularidades en la causa llegaron cuando el entonces juez Juan José Galeano fue desde el aeropuerto directamente a la quinta de Olivos tras su reunión en Venezuela con un testigo. “Le pregunté por qué y me contestó que era una ‘causa de Estado’. Eso ya me generó dudas” recordó. Fue así como decidió empezar a leer la causa, en cuyos expedientes encontró, sin ser abogada, numerosas incoherencias. ​

Es el caso de la foja 114, correspondiente a una solicitud de​ escuchas telefónicas al imputado Carlos Telleldín​, su entorno​ y a miembros de la embajada iraní en Buenos Aires​ ​entre otros, antes de la aparición del motor de la Trafic que vinculaba a Telleldín con el atentado. “¿Cómo se explicaba que eso estuviera la foja 114 si ​no había aparecido el motor?” cuestionó Diana y agregó “cuando le preguntamos a Galeano, a Beraja y a los fiscales sobre ello, nos contestaron sorprendentemente lo mismo: que era una foja traspapelada”.

En otras ocasiones detectaron incongruencias tanto en los datos de las autopsias de los fallecidos como en los peritajes realizados de la explosión. “Lo de las autopsias lo hablé con Beraja, quien pidió que no se hiciera público o exhumarían todos los cuerpos. Sobre las incoherencias en el peritaje, recibimos retos por parte de Bronstein y Cichowolski (abogado de la querella AMIA/DAIA)” dijo.

“Vivíamos apelando a la Cámara porque no hacían lugar a nada de lo que pedíamos” dijo sobre el, en su opinión, nulo e irregular trabajo del juzgado y agregó que también se enteró a través de la DAIA que el ex juez tenía “legajos secretos” en la causa.

Diferencias con la dirigencia comunitaria

La relación que mantenían los dirigentes comunitarios con el gobierno era estrecha. Tal es así que, por el aniversario del atentado en 1995, Diana fue invitada al programa de Bernardo Neustadt junto al ex presidente Carlos Menem y Rubén Beraja, ambos imputados en este juicio. “¿Cómo estás Rubén? ¿Qué hacés Carlitos?” se saludaron, según recordó la testigo.

A su vez, Malamud describió las ocasiones en las cuales los abogados de AMIA y DAIA eran tratados de forma amistosa por parte del personal del juzgado, además de informarlos sólo a ellos sobre todo lo que ocurría. “Para hablar con Galeano había que pedir entrevista. Nos hacían esperar mucho y mientras, veíamos entrar a los de la DAIA delante de nuestras narices. Tenían un trato tan cordial que sorprendía. Todos hablaban de ‘Juancito’ para referirse a Galeano” dijo la testigo.

Adriana Reisfeld

Por la tarde declaró Adriana Reisfeld, quien perdió a su hermana Noemí en el atentado. Y en línea con lo que declaró Diana, continuó contando la dolorosa y frustrante experiencia que es luchar por justicia en la Argentina. Respecto a la relación entre los dirigentes y el juzgado de Galeano, recordó que Luis Dobniewski, abogado de AMIA, les ofreció, según dijo “sacar a dar una vuelta a Telleldín”, quien ya estaba preso por el ser el último poseedor conocido de la Trafic que habría explotado en la AMIA. “Galeano nos ofreció visitar a Telleldín para convencerlo de que hablara. Era algo ilegal y nos negamos” agregó.

También hizo referencia a un evento de recaudación de fondos para pagarle a Marta Nercellas, abogada de la DAIA al que fue invitada. “Me encontré con los ex fiscales de la causa Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman. Ellos eran los oradores” dijo con ironía.

Las amenazas

Las presiones se las hacían llegar a los integrantes a través de los dirigentes comunitarios. “Nos decían que Menem estaba enojado y que Corach quería que nos fuéramos de la plaza” expresó y recordó un llamado telefónico a su casa en el cual, sobre un fondo de música judía, le pedían que se fuera a reclamar a su país.

Sobre el final, Reisfeld descargó años de enojo. Levantó el dedo y señaló a los acusados diciendo “la conexión local es tan importante como el atentado. Ellos no pusieron la bomba pero no nos permitieron saber la verdad”. El público la acompañó con el aplauso.

Pedidos y próxima audiencia

Tras los datos aportados por los testimonios del día, las querellas pidieron al Tribunal se citen a como testigos a Laura Ginsberg, familiar de A.P.E.M.I.A y al ex abogado de Memoria Activa, Alberto Zuppi. Las defensas de los acusados se opusieron y los jueces deberán resolverlo en las próximas audiencias. Para el 31 de marzo están citados a declarar los ex policías Eduardo Toledo y Marcelo Casas.

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