Los bonaerenses tenemos una inocultable vocación de superación. Desde el Poder Judicial hemos realizado notables aportes para ratificar el sitial que coloca a la Provincia como el Estado argentino más encarcelador, sin dejar de destacar que también ocupamos importantes puestos en la región.
La Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia es la responsable del Registro Único de Detenidos, ente que recibe la información diaria de los organismos judiciales e informa anualmente la evolución de la cantidad de personas privadas de la libertad y otros aspectos vinculados. La semana pasada publicaron el informe correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2014 y su similar de 2015. Los datos son relevantes para extraer algunas conclusiones con un grado de certeza superior a las meras intuiciones sobre el desempeño estatal en esta área tan sensible, que habitualmente genera controversias públicas.
1. Cantidad de personas privadas de la libertad
De acuerdo al informe, al 17 de diciembre de 2015 la provincia de Buenos Aires tenía privadas de la libertad un total de 39.929 personas, contra 35.979 que se registraban para igual período del año anterior. La cifra representa un incremento del 11 por ciento del total de la población reclusa.
La tendencia en alza es sostenida en los últimos años: en 2012 eran 30.988 las personas detenidas y en 2013 el número era de 31.621.
2. La tasa de detención bonaerense
Un modo de ver las estadísticas de prisionización es por la tasa de encarcelamiento, que es una variable empleada internacionalmente, y que mide la cantidad de personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes.
La tasa de encarcelamiento bonaerense era de 198 para 2012, 202 para 2013, 230 para 2014 y 240 para 2015. Superaba con creces la tasa argentina, que durante los mismos períodos osciló entre 150 y 160.
En los desagregados por Departamento Judicial encontramos que los más encarceladores son San Martín (317), San Nicolás (309), Mercedes (296) y Dolores (278), mientras que los menos encarceladores lo son Necochea (86), Bahía Blanca (137), Trenque Lauquen (149) y Pergamino (158).
En un segundo análisis puede advertirse que, sin lugar a dudas, los Departamentos Judiciales más encarceladores son los del Gran Buenos Aires y sus aledaños (donde se supone que existe niveles de conflictividad más agudos). Sin embargo, encontramos en ese pelotón a Dolores, con una tasa nada desdeñable, que si bien podría explicarse por la problemática relacionada a la temporada de verano en la zona costera, no se sigue lo propio en Mar del Plata, que conserva una tasa de 211.
Del mismo modo, los Departamentos menos encarceladores son los vinculados con zonas rurales y centros urbanos menos poblados (Necochea, Trenque Lauquen y Pergamino) pero allí encontramos a Bahía Blanca, que es una de las ciudades más importantes de la provincia, y que ostenta una tasa de 137/100.000.
Consecuentemente, podemos inferir que si bien la tasa de encarcelamiento tiene incidencia con las conflictivas territoriales, no puede descartarse el rol que desempeñan las personas encargadas de aplicar la ley en sus respectivas jurisdicciones.
En el comparativo entre 2014 y 2015 encontramos que los Departamentos Judiciales que más incrementaron sus respectivas poblaciones penitenciarias fueron Dolores (de 226 a 278), Mercedes (de 267 a 296) y Junín (de 155 a 181), mientras que otro tres disminuyeron su población penitenciaria: Pergamino, con un significativo descenso de 251 a 158, Necochea, con otro significativo 136 a 86 y San Isidro, con un más humilde 227 a 222.
3. Detenidos con prisión o arresto domiciliario
La provincia mantiene constante un 5 por ciento del total de su población privada de la libertad bajo regímenes morigerados, ya sea de prisión o arresto domiciliario bajo distintas modalidades (con control por monitoreo electrónico, bajo responsabilidad de una tercera persona, con seguimiento policial o del Patronato de Liberados, etc).
Nuevamente encontramos que los Departamentos Judiciales del Gran Buenos Aires son los más remisos a estas alternativas (La Matanza, Morón, San Isidro y San Martín, con tan solo el 2% de las personas fuera de las prisiones), en tanto existen otros que exceden con holgura la media provincial (tal el caso de Pergamino, con un 35%, Necochea, con un 23%, Dolores, con un 15% y Junín, con un 11%).
4. Detenidos por sexo y edad
Se trata de un rubro que mantiene las constantes a través del tiempo: el 95 por ciento de las personas privadas de la libertad son varones, mientras que el 5 restante son mujeres. Por su lado, el 66 por ciento tienen menos de 30 años, el 21 entre 30 y 40, y el 13 restante más de 40.
Los datos precedentes no hacen más que confirmar que los presos bonaerenses (al igual que sucede en el resto del país y la región) son varones y jóvenes. Carecemos de la composición socio económica de la población reclusa, pero es fácil de imaginar.
5. Detenidos según estado procesal
De acuerdo a la información proporcionada, el 42,92 por ciento de los privados de la libertad se encuentran detenidos (prisión preventiva), el 13,35 tienen sentencia condenatoria no firme y el 43,73 restante cumple condenas firmes.
El número de presuntos inocentes encarcelados sigue siendo elevado (56,27 por ciento) si consideramos a los que aún no han tenido juicio y los que habiéndolo tenido conservan el estado de inocencia por encontrarse sus fallos en revisión. De todos modos, si comparamos estos números con la mayoría de los países de la región, se encuentran en niveles que no podríamos tildar de escandalosos. Esta afirmación no debe ser tomada como una disculpa, ya que es indudable e incuestionable que, dentro de ese 56,27 por ciento de personas privadas de la libertad sin una sentencia firme, existe un importante número que son inocentes de toda inocencia, situación inaceptable para cualquier estado de derecho que se precie de tal.
La otra conclusión es que el importante número de presos con sentencias condenatorias firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada sólo se puede explicar por la extendida vigencia del proceso de flagrancia y los juicios abreviados, que en los hechos han operado como un extraordinario mecanismo de agudización de la natural selectividad del sistema penal.
6. Detenidos según delito
En este rubro también se mantienen las tendencias con un 52 por ciento de presos por delitos contra la propiedad (fundamentalmente robos calificados por distintos motivos), un 21 por delitos contra las personas (básicamente homicidios), un 14 por delitos contra la seguridad pública (narcomenudeo, que en rigor es contra la salud pública), un 9 por delitos contra la integridad sexual (distintos tipos de abusos sexuales) y el 4 restante por otros delitos. Según podemos apreciar, tenemos la suerte que en la provincia de Buenos Aires no se cometen delitos económicos, relacionados con los funcionarios públicos o de violencia institucional, o su existencia es porcentualmente despreciable.
7. Tiempo transcurrido desde el comienzo de la detención y el dictado de la sentencia
Los tiempos de duración de los procesos con personas privadas de la libertad oscilan entre los 111 y los 190 días, para los procesos de flagrancia y de 382 a 371 días, en los procesos ordinarios.
8. Detenciones por orden del fiscal y por orden judicial
El último dato relevante es que el 90 por ciento de las detenciones se producen por orden de un fiscal (en rigor, aprehensiones policiales posteriormente ratificadas), mientras que sólo el 10% lo es por orden judicial, como lo manda el artículo 18 de la Constitución.
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