Abuelas de Plaza de Mayo dio la bienvenida a José Luis Maulín Pratto como nieto 120. Sus padres, Luisa Pratto y Rubén Maulín, fueron víctimas del terrorismo de Estado y sobrevivieron. Hoy declara ante el tribunal de Santa Fe que juzga su apropiación. También lo harán sus padres y su tía Griselda, secuestrada a los 15 años. Aún reclama que la Justicia le restituya su verdadero nombre.
José Luis Maulín Pratto supo los primeros datos acerca de su verdadero origen a través de un programa de radio en Reconquista (Santa Fe). Se hablaba del juicio a una patota local y del robo de un bebé. Sus padres lo buscaban desde hacía años. Luisa Pratto estaba embarazada de cuatro meses en octubre de 1976, cuando miembros de la III Brigada Aérea de Reconquista irrumpieron con violencia en su casa y, delante de sus dos hijos, secuestraron a su marido Rubén Maulín, militante del PRT. A ella la visitaron seguido en su casa. Cuando llegó el momento de parir, la obligaron a entregar al bebé bajo amenaza de matar a su marido si no lo hacía.
José sabía que había sido adoptado en 1977, pero las versiones de su apropiadora no le cerraban. Después de aquel programa de radio, pasó días sin poder pensar en otra cosa, hasta que consiguió el número. Durante dos meses, lo mismo: cada vez que ella atendía, él se quedaba callado. En enero de 2009 se juró no salir de su casa hasta ser capaz de hablar. Así fue. El primer día de sus vacaciones, discó, preguntó si ella era la señora Luisa Pratto, se presentó: “Habla José, soy tu hijo”. Después de analizar la sangre de Luisa, Rubén y José Luis, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó el parentesco. “Desde que vi a mis padres por primera vez, en el 2009, el vínculo se hizo cada vez más intenso hasta hoy, que creo es como el de cualquiera”, dijo en la conferencia de prensa donde Abuelas de Plaza de Mayo le dio la bienvenida como nieto 120. Y reforzó un pedido que él viene haciendo con insistencia ante la Justicia: que se le restituya su verdadera filiación, porque sigue llevando el apellido de su apropiador.
En la conferencia en la sede de Abuelas, José Luis estuvo acompañado por Estela de Carlotto, Delia Giovanola y Buscarita Roa; y por sus hermanos Walter y Gisela. José Luis -sonriente, pausado, tranquilo- contó que él y su hermana, en una época, iban a la misma escuela en Reconquista. Y ella, alertada por una serie de datos, intentó un día acercarse a él, que la rechazó. Estaba contando eso cuando se le quebró la voz. Su hermana lo miró y lo abrazó fuerte. “Es un caso raro, una historia un poco distinta a las historias de nuestros nietos”, dijo Estela. “Porque además le están negando la posibilidad de darle su nombre, cuando ya están las pruebas en el Banco Nacional de Datos Genéticos”.
“Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, dice una carta que entregó a los jueces. Les escribió acerca de “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, por “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos, de 12 y 16 años.
Vive en Reconquista, trabaja en el sector de alimentos, y la semana pasada comenzó a declarar ante el Tribunal Oral de Santa Fe el juicio que juzga su apropiación. El bebé nació el 26 de marzo de 1977 en un sanatorio de Reconquista, donde Luisa fue registrada con el nombre de esa mujer que se apropió de su hijo, Cecilia Góngora de Segretín, una de las acusadas. La médica que atendió el parto y firmó el acta de nacimiento fraguada es Elsa Nasatsky de Martino y también está siendo juzgada en el mismo proceso. La apropiadora y su marido, José Ángel Segretín (fallecido en 1986) tenían vínculos con la Fuerza Aérea. También estaba entre los acusados el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, pero falleció en diciembre de 2014. En 2013 había sido condenado a 21 años de prisión por secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos, el padre de José Luis, Rubén Maulín, y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto, hermana de Luisa. Ese juicio fue el primero de la provincia de Santa Fe que juzgó la violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.
La madre de José Luis no sufrió un secuestro en el sentido estricto del término. Le aplicaron otro tipo de calvario. Después del operativo donde se llevaron a su marido (que más tarde estuvo preso político en Coronda y recuperó su libertad en 1982) y a su suegra, Ana Elena Schoesting; la hermana de Luisa, Griselda Pratto, de 15 años, llegó desde Buenos Aires a ayudarla. También la secuestraron. Cuando Luisa entró al sanatorio para tener a su bebé, en marzo de 1977, la obligaron a entregar al niño bajo amenaza de matar a su marido. Después, la patota la siguió visitando en su casa para torturarla y abusarla. Ya liberada, su suegra la acompañó en los reclamos por su marido y su hijo.
En los 80, una vecina aportó pistas acerca del paradero del niño, que buscaban desde hacía años. Pero los apropiadores amenazaron a la familia Maulin Ratto, mientras le daban al hijo robado explicaciones que no le cerraban. La causa Base Aérea, en 2006, recogió varios testimonios de lo que había sido el terrorismo de Estado en la zona. En 2008, Luisa y su hermana Griselda declararon ante la Justicia. Y ahí salió la nota en la radio que llegó a oídos de José Luis.
Hoy el nieto 120 declarará por primera vez ante la Justicia en la causa de su apropiación, y también lo harán sus padres y su tía Griselda. “Este apoyo de Abuelas me da energía para testimoniar, es un gran aliciente. Estoy esperanzado”, dijo a Cosecha Roja poco antes de volver a su provincia. Y recordó que vio en muchas oportunidades las conferencias de prensa de otros nietos: “Cuando Estela encontró al suyo, estaba tan contento que me mandé un buen asado”.
Lucila Puyol y Guillermo Munnué (abogados) y Valeria Silva forman parte del equipo de HIJOS que acompaña a José Luis en el juicio y que lo acompañó también a Abuelas en Buenos Aires. “Este caso no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco”, decía el comunicado de Abuelas que se difundió tras la conferencia de prensa. “Se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica”.
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