La comisión de Acuerdos del Senado decidirá mañana si las dos personas nombradas por el presidente Mauricio Macri son aptas para dirigir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un grupo de organizaciones de la sociedad civil impugnó los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani pero la comisión de Acuerdos del Senado utilizó todas las vueltas administrativas para rechazarlos. Se espera que mañana, durante una hora, los integrantes escuchen las propuestas y den dictamen favorable para quienes conducirán a los espías del PRO.
Arribas y Majdalani son las personas de “confianza” de Macri para conducir la AFI, el organismo que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Casi siete meses después del nombramiento, y con el Senado ya en funcionamiento, el pliego llegó a la comisión presidida por Rodolfo Urtubey. Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Pensamiento Penal, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Vía Libre, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET) y Poder Ciudadano están juntando firmas de diputados y senadores para solicitar una audiencia pública.
“Ni Arribas ni Majdalani tienen la formación ni la experiencia profesional adecuada y necesaria para desempeñar los cargos para los que se los propone”, denunciaron las organizaciones. No tienen conocimientos específicos sobre inteligencia, seguridad o defensa, y sí varias denuncias judiciales aún no resueltas.
Según el documento de impugnación, “los dos candidatos omitieron información muy relevante sobre su actividad privada y la que aportaron fue imprecisa e insuficiente para certificar los pocos antecedentes que consignan, soslayando el mecanismo establecido por ley para que los senadores puedan analizar sus postulaciones”. Además, ocultaron su participación en empresas y antecedentes en el ejercicio de cargos dirtectivos. “Cualquiera fuera el motivo, el ocultamiento es alarmante por sí mismo”.
De Arribas se sabe que participó en sociedades anónimas dedicadas a la compra y venta de jugadores de fútbol y que fue investigado por la Justicia por irregularidades relacionadas con esa actividad (que la GAFI considera como facilitadora del lavado de activos y la evasión fiscal). “No parece razonable poner al frente del órgano rector del Sistema de Inteligencia a quien tiene vínculos sospechados con esos mercados caracterizados por el flujo ilegal de dinero”, denunciaron.
Majdalani fue integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. Durante tres años ocupó la vicepresidencia de la Comisión fiscalizadora y “no hizo nada para controlar el funcionamiento del aparato de inteligencia, aún luego de que estallara la crisis del sistema a fines del 2014”. Según las organizaciones, “nada sugiere que Majdalani vaya a ejercer ahora con seriedad la dirección del aparato de inteligencia cuando ni siquiera mostró iniciativa para controlarlo”. En la presentación que hicieron los organismos, mostraron las denuncias que recibió por su actividad pública, algunas relacionadas con participaciones en sociedades comerciales no informadas en su CV.
Cuando el pliego llegó a la comisión de Acuerdos, las organizaciones consultaron hasta cuándo había tiempo para entregar las impugnaciones: primero les dijeron que no había plazo para la impugnación y a los siete días llamaron para decir que estaba vencido. Luego aceptaron la presentación como observación pero en la convocatoria para la reunión de mañana no está previsto tratarla por estar “fuera de término”. Según las fuentes consultadas por Cosecha Roja, los integrantes de la comisión tampoco consideraron el antecedente de la designación del general César Milani realizado por el CELS que se hizo el mismo día en que se discutió la designación. “Es una política de obstaculización de las presentaciones”.
En la reforma de la ley en 2015, quedó especificado que la designación de la conducción de la AFI tenía que pasar por el Senado, que no puede evaluar la confianza sino la idoneidad técnica y moral. Por eso la decisión de quien está al frente del organismo no puede ser solo del presidente. Especialmente pensando en los antecedentes de la ex SIDE, donde se dirimían internas, se hacían tareas extorsivas y se llevaban a cabo negocios e intereses sectoriales. Según dijo a Cosecha Roja el periodista Ricardo Ragendorfer, el atentado más “cruento” de la Argentina fue el caso testigo para analizar el funcionamiento de los servicios de inteligencia locales. “La investigación fue un campo fértil en el cual dos sectores dirimieron su interna. Operaron a (Juan José) Galeano, el primer juez de la causa, a través de controlar y direccionar la investigación hacia la hipótesis que culpaba a los policías bonaerenses”.
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