Jose ‘Josele’ Altamirano está sentado en una silla de madera con la muñeca izquierda esposada y un ojo violeta hinchado por los golpes. Es 1 de agosto del 2015, unas horas más tarde del asesinato de Maximiliano Aquino. Un policía de la Brigada de Investigaciones de Corrientes lo filma y le hace preguntas.
– ¿A qué hora era eso?
Josele mira para abajo, se rasca el gemelo con la mano libre y dice:
– Ocho, diez, no recuerdo.
– No, no, a qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora- insiste el oficial.
Josele piensa unos segundos.
-Más temprano era. A eso de las seis, siete de la tarde.
-No. Esta madrugada era, ¿no te acordas?- pregunta
– Estoy tan perdido que no me acuerdo- y gira su cabeza en forma negativa. Parece mareado. Parece un “perejil” plantado.
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La policía detuvo a Altamirano -acusado del asesinato de Aquino- en la Brigada de Investigaciones donde, luego de golpes y abusos sexuales, filmaron el video que a los cinco días el diario Norte subió a YouTube. Lo titularon “Confesiones del asesino de Maxi Aquino” y circuló en las redes sociales y los canales de TV de la provincia.
A Maximiliano Aquino, estudiante de Agronomía, lo mataron el 1 de agosto del 2015 a las seis de la mañana tras 15 heridas corto punzantes. Aquino salía de un peña universitaria junto a Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fueron interceptados por una moto en la que viajaban dos hombres encapuchados. El acompañante se bajó y forcejeó con el joven hasta que lo hirió y lo dejó tirado sobre la vereda. Después huyeron. Horas más tarde, Aquino murió en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.
La policía correntina tiene la facultad de hacer tareas de investigación sin notificar a la fiscalía, en el primer tiempo. Eso pasó en el caso de Josele. En sus tareas fueron al barrio Cichero, cercano al barrio Seminario- donde vive Altamirano- y recabaron información acerca del homicidio. Algunos vecinos – quienes no quisieron dar su identidad- señalaron que Josele podía llegar a estar vinculado al hecho. A partir del dato, los oficiales ingresaron a la casa de Altamirano alrededor de las 11 de la mañana, sin ninguna orden y la revisaron con la excusa de que Altamirano estaba robando televisores. Sus padres – Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz– no entendían el motivo. Lo único que llegaron a escuchar fue que un oficial al salir del cuarto de Josele dijo en voz alta “ya tenemos el paquete”. Una hora más tarde apresaron a Josele a orillas del río Paraná: estaba desenrollando un mallón de pesca junto a tres compañeros de trabajo. A las 18 horas, los oficiales volvieron a la casa, ahora con una orden de allanamiento autorizada por el juez y se llevaron pertenencias y tomaron fotos.
A Josele primero lo trasladaron a la Brigada de investigaciones donde, en su declaración indagatoria, denunció que recibió abusos sexuales, golpizas y amenazas por parte de las Fuerzas con el objetivo que se hicira responsable del crimen. Ese mismo día filmaron el video donde se lo ve mareado, golpeado y casi inconsciente.
En la causa judicial el video no fue tomado en cuenta. Por los abusos de las fuerzas policiales, los padres de Josele contactaron al Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y al Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP). “En primer lugar ese video es una violación a los derechos fundamentales del proceso. Y además influyó en la conmoción social”, dijo a Cosecha Roja Gabriela Granada, abogada de OPPLeC. Y agregó: “Josele lo explicó en su declaración indagatoria: lo obligaron a hacerse cargo del homicidio y lo amenazaron con matar a su familia”.
“Llegamos al caso hace tres meses. Los padres se acercaron por las torturas, pero cuando empezamos a ver las irregularidades nos metimos en la parte técnica de la causa”, dijo la abogada. Antes Altamirano tuvo un Defensor Oficial: “En Corrientes la defensoría oficial no es independiente sino que depende de la misma autoridad que la fiscalía y eso genera contradicciones. El mismo procurador es el jefe de las dos partes: de la fiscalía y el defensor”.
Cuando Granada habla de irregularidades se refiere a que en la causa “la única prueba que sostiene el juicio es una pequeñísima mancha de sangre en un pantalón que secuestraron en la casa de Altamirano”. Otras: Altamirano declaró que en el momento de los hechos se encontraba durmiendo, fue a trabajar y, cuando salió, un vecino lo vio irse de su casa. Pero los jueces del Tribunal Oral N° 2 dijeron que no era necesaria la declaración de este testigo clave. Sumado a que ninguno de los vecinos del barrio Cichero -quienes señalaron a la policía a Josele como el responsable- quisieron revelar su identidad para ir a declarar. También existen testimonios y escuchas telefónicas que ni la fiscalía ni el Tribunal tomaron en cuenta en la causa, y en la que se vinculan a otros individuos en el crimen de Aquino.
“El peritaje de ADN que se hizo sobre el pantalón, tiene dos manchas de sangre pequeñas y al momento del hecho tuvo 15 heridas de arma corto punzantes”, remarcó Granada, en referencia a que en el pantalón de Josele tendría que haber más sangre y eso mismo surgió en la última audiencia el 14 pasado. Dos testigas declararon que vieron la cantidad de sangre de Aquino momentos después del hecho. Al oír esto, el Fiscal, Gustavo Smith, entró en duda en relación a la poca sangre que había en el pantalón y pidió que se cite a declarar en la próxima audiencia a la médica forense. Gracias a las testigos se logró postergar la sentencia. ”El ADN de Aquino es la única prueba que sostiene este juicio, pero al no hacer un perfil genético del imputado, como para comprobar si ese pantalón es de él, no lo pueden determinar”, marcó Granada.
“Hoy será un día clave. Esperemos que eche luz sobre el material genético aportado en el pantalón. Es una oportunidad para poder esclarecer el caso”, dijo. La próxima audiencia está citada para el 28 de este mes. Ese día se conocerá la sentencia.
Foto: gentileza diario El Litoral
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