El genocida y múltiple condenado por crímenes de lesa humanidad, Miguel Osvaldo Etchecolatz, seguirá preso. La Cámara Federal de Casación anuló su prisión domiciliaria, concedida por un Tribunal porteño. El máximo tribunal penal del país ordenó una nueva resolución que toma en cuenta los informes médicos de los peritos oficiales y la posición contraria de la fiscalía a otorgar ese beneficio.
La decisión anuló así un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que el 16 de agosto concedió a Etchecolatz el arresto domiciliario por razones de salud, en una causa por delitos de lesa humanidad que se tramita en el ámbito federal, según el fallo firmado por mayoría de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. El tercer miembro de la sala de Casación, Juan Carlos Gemignani, votó en disidencia.
La decisión del 16 de agosto de la la Sala I de la Cámara Federal porteña no se hizo efectivo pues hay trámites judiciales similares pendientes en otros tribunales. Etchecolatz, de 87 años, permanecerá preso en el hospital del penal de Ezeiza.
El represor, de 87 años, está alojado en lo que se conoce como “HPC” u Hospital Penitenciario Central del módulo de la Unidad Federal Nro 1. De entre los seis módulos con los que cuenta el penal, el HPC es el que más comodidades tiene y sus celdas en nada se parecen a las del resto de los pabellones. A pesar de que el HPC es un lugar de tránsito, es el lugar permanente de los condenados por crímenes de lesa humanidad.
En el ámbito de la Justicia porteña, la fiscalía apeló la decisión de concederle el beneficio, porque los camaristas que no habrían tomado en cuenta “la opinión de peritos expertos del Cuerpo Médico Forense e incluso los de parte que, en este incidente y también en el de La Plata, sostuvieron que las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja”. El represor está detenido, a disposición de la Justicia de La Plata, donde hay recursos pendientes de resolución sobre sus pedidos para obtener la prisión domiciliaria.
Los jueces de Casación entendieron que “no puede soslayarse que la decisión adoptada reconoce como único basamento fáctico el informe médico de galenos que asisten cotidianamente a Miguel Etchecolatz, aportado por su defensa pública”. Además, remarcaron que la Cámara Federal no convocó “adecuadamente” a la fiscalía a la audiencia oral donde se escuchó a la defensa del represor antes de decidir, ya que se le informó el día pero no la hora de ese trámite. Además señalaron que no tuvieron en cuenta un dictamen de peritos del Cuerpo Médico Forense contrario al de los médicos de la defensa, con lo cual la decisión de concederle el beneficio “se apartó decisivamente de la doctrina”. En el fallo se recordó que “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar la efectiva investigación”.
El 31 de agosto pasado, el Ministerio Público Fiscal de La Plata interpuso un recurso ante la Cámara de Casación contra las resoluciones dictadas en dos causas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, que favorecieron al genocida con prisión domiciliaria.
En ese recurso, los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira habían objetado la decisión del tribunal, basada en que el recluso tenía más de 70 años y en un informe de médicos penitenciarios sospechado de tener datos fraguados.
La presentación de los fiscales fue realizada en el marco de la causa unificada en la que se investigan crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en las brigadas de Banfield y Quilmes, por la que Etchecolatz debe ser juzgado en juicio oral, y en el expediente sobre la red represiva de la capital provincial, denominada judicialmente “Circuito Camps”, en que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en 2012.
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