Por Karen Gil, Rosario Paz y Nancy Vacaflor – Agencia de Noticias Fides

Cinco hombres salieron a nuestro encuentro en una esquina de la plaza de Collana e impidieron que lleguemos hasta la Alcaldía, cuya entrada está tapiada y resguardada por una vigilia de los pobladores que le prohíbe el ingreso, desde el 19 de febrero de este año, a la alcaldesa Bertha Quispe Mamani.

“Que llegue la autoridad, le entrevistará y posteriormente a nosotros”, dijo uno de los comunarios que nos interceptaron. Esa tarde de un sábado de marzo y mientras esperábamos la llegada del corregidor Territorial, Grover Tito, las campanas de la iglesia repicaron y estallaron petardos para llamar a los pobladores a una improvisada reunión.

Los vecinos llegaron presurosos, muchos de ellos, con actitud agresiva y cuestionaron la razón de nuestra presencia. Sabían que previamente entrevistamos a la Alcaldesa, quien no puede ingresar a Collana y gobierna desde otra comunidad de ese municipio del altiplano paceño.

Sólo a la llegada del Corregidor, media hora después, el pueblo movilizado permitió que nos acercáramos a la vigilia, compuesta, principalmente, por mujeres de la tercera edad y niños.

Bertha Quispe tiene 29 años, nació en la comunidad de Ichuraya Chico, una de las más pequeñas de Collana. Es la primera mujer que llegó a dirigir ese municipio, que tiene una población de 5.042 habitantes.

Por esta situación y pese a que la joven ganó las elecciones de 2015 con el 51%, a los pocos meses las autoridades originarias y cívicas cuestionaron su gestión. La acusaron de tomar decisiones arbitrarias e inconsultas en la distribución de recursos económicos y la implementación de la planimetría para la definición de límites. También le observaron la intención de regular a una cooperativa en la explotación de piedra caliza.

“El 80% de la población se está sumando a la renuncia de nuestra Alcaldesa, porque no ha consultado y trabajado con el pueblo. Por eso es que la población en su conjunto ya se ha pronunciado que dé un paso al costado” declaró el corregidor Territorial del municipio, Grover Tito, en medio de la multitud que reguarda el edificio edil las 24 horas.

Bertha Quispe es víctima de acoso y violencia política por su condición de mujer, por su edad y por provenir de una comunidad pequeña. A pesar de mostrar fortaleza y tranquilidad, no camina sola. Su padre la acompaña casi siempre a causa de las amenazas que recibe constantemente.

Hace unos meses, los ministerios de Justicia, Autonomías y Gobierno, además de la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), conformaron una comisión interinstitucional que busca protegerla y crear las condiciones para restituir sus derechos establecidos en la Ley contra el Acoso Político.

El 17 de mayo, el juzgado público mixto Civil, Comercial y Familia N° 1 falló a favor de la acción de amparo constitucional ante la Corte Departamental de La Paz, interpuesta por la alcaldesa, lo que significa que la justicia le devolvió la institucionalidad al municipio en el que organizaciones sociales intentaron hacer valer atribuciones inherentes al gobierno municipal. Pese a la resolución judicial, Quispe comentó: “no puedo ingresar a la Alcaldía y han masificado la vigilia”. Así pedirá auxilio policial y no descarta solicitar el traslado de la sede del Gobierno municipal a otra comunidad.

Si bien Bolivia dio pasos importantes en la participación y equidad de género en los espacios de decisión política —la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con un 51% de mujeres electas titulares; mientras que las asambleas departamentales tienen un 45% y en los concejos municipales la representación de las mujeres alcanza al 53%—, aún arrastra actitudes y comportamientos machistas y patriarcales que restringen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Ésa es la situación que enfrenta Bertha y otras autoridades mujeres. Por ello, entre 2010 y 2015, Acobol recibió 291 denuncias por violencia y acoso político, que van desde amedrentamientos para que las concejalas y alcaldesas renuncien hasta atentados contra la vida de las mismas.

Existen diferentes formas de acoso, hostigamiento y violencia en contra de las mujeres que se traduce en amenazas, insultos, presiones, atropello contra su dignidad, agresiones físicas llegando hasta la muerte.

En ese sentido, los asesinatos de Juana Quispe concejala del municipio de Ancoraimes en La Paz, en 2012, y de la de Concejala de municipio de Charazani, Celia Sillos Muni, en 2014 son los casos extremos de la violencia en contra de mujeres que ejercen un cargo público. Ambos hechos aún están en proceso de investigación.

Violencia de género

Para el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Jerjes Mercado, estos hechos son producto “primero de un tema cultural y segundo por el desconocimiento de las normas”.

La cultura machista también se refleja en las denuncias de agresiones físicas, sicológicas y sexuales. Solo en 2015, se registraron 15.000 denuncias de agresiones físicas, sicológicas y sexuales y 117 mujeres fueron asesinadas por su condición de género.

“Las mujeres son más evaluadas y juzgadas cuando hacen ejercicio político, entonces la discriminación en razón de género es más fuerte”, comenta Griselda Sillerico, adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo.

Pese a que después de mucho tiempo se aprobaron normas para proteger a las mujeres, éstas no se aplican por la ausencia de mecanismos efectivos. Es el caso de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política, que a cuatro años de su promulgación no cuenta con un reglamento.

“En Bolivia el poder político protege el sistema patriarcal”, añade Sillerico, quien cree que el Estado Plurinacional se asienta en los principios de descolonización y despatriarcalización.

La concejala Mónica Paye miembro del Directorio de Acobol coincide en que el machismo y el patriarcado siguen vigentes en nuestro medio, no solo en las áreas rurales sino en el ámbito urbano.

Es el caso de la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, quien desde que fue posesionada recibió amenazas de dirigentes sindicales e incluso el amedrentamiento público del senador Pedro Montes (MAS). Él dijo: “esa carajito, debía haber buscado la solución para El Alto”, en relación a la quema de la casa municipal alteña por parte de dirigentes.

Frente a esta realidad el Tribunal Supremo Electoral conjuntamente la Organización de Naciones Unidas (ONU-Mujeres) impulsa la creación del Observatorio contra el acoso político para proteger y prevenir los hechos de violencia.

Mientras tanto, la Alcaldía de Collana continúa tomada por pobladores y Bertha Quispe espera que prosperen las gestiones que llevan adelante las autoridades nacionales para lograr una solución al conflicto. La Alcaldesa está decidida a no renunciar y a continuar con su labor aunque lejos de la silla edil y en un panorama hostil.

 

* La crónica ganó el premio de “Periodismo Digital” de la Asociación de Periodistas de La Paz. Una de sus autoras es parte de la Beca Cosecha Roja.

, ,