Desde hace un año, los 5 de cada mes, Paola Fernández se para frente a la Central de Policía de Córdoba y reza. Lleva pocas cosas: un cartel con los rostros de sus hijos, una cruz y un megáfono para amplificar su voz.

En noviembre de 2013 su ex, un policía del Eter, mató a sus hijos Tobías y Morena, de 12 y 10 años, respectivamente. Desde entonces, Paola pide que los miembros de las fuerzas de seguridad se hagan peritajes psicológicos con personal externo, y que no lleven armas fuera del trabajo. Dos semanas antes del crimen, el agente Ariel Pedraza había obtenido un apto psicológico para ascender.

Luego del primer rosario que Paola rezó junto con familiares y amigos, el 5 de diciembre de 2015, el por entonces jefe de Policía Julio César Suárez le prometió que los cambios se iban a hacer. Ella esperó durante casi un año. Días atrás escribió cartas a las autoridades provinciales. Finalmente, hoy será recibida en el Centro Cívico por el secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Hak.

En los últimos cinco años, en Córdoba hubo siete mujeres y niños asesinados por manos de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad. En seis de los casos, se trató de personal policial en actividad.

A Celeste Montes la mataron cuando el reclamo de Paola llevaba siete meses. Celeste trabajaba en la Policía y odiaba las armas. Cuando era niña, su hermano más chico encontró un revólver en su casa, disparó accidentalmente y la hirió en una pierna. “El día que me den un arma y un par de borceguíes me voy”, le dijo a su papá, varios años después, al quedar efectiva en el servicio telefónico 101.

Celeste era personal civil. Cuando la pasaron a planta permanente, tuvo que empezar a usar uniforme. Todos los días se encargaba de ocultar la camisa celeste y la insignia o se cambiaba en el baño antes de ingresar.

El 5 de mayo, una de esas armas que Celeste tanto odiaba apuntó contra ella. El oficial principal Enzo Valdéz la mató de un disparo en la cabeza con su pistola 9 milímetros, y luego se quitó la vida.

La muerte de Celeste ocurrió en mayo pasado, cuando Córdoba aún no salía del estupor por los femicidios de Carina Drigani, Lis Funes y Johana Altamirano en apenas nueve días. Pero su caso entrañaba una particularidad. A ella la había matado un disparo policial.

En lo que va del año, 15 mujeres fueron asesinadas en Argentina por miembros de las fuerzas de seguridad y exagentes, según el último informe de la organización La Casa del Encuentro.

Peligrosidad

Celeste y Valdéz trabajaban en la misma área de la Central de Policía, pero se conocieron en un boliche. Llevaban unos meses juntos cuando él le pidió formalizar. A ella le costaba la idea de que su hija de 4 años viviera con un hombre que no fuera su papá.

Unos meses antes, Celeste le contó a una amiga que había algo de Valdéz que no le cerraba, pero no sabía ponerlo en palabras. Sus hermanas Mariela y Daniela dicen que en los últimos tiempos ella estaba nerviosa e irritable, siempre pendiente de su teléfono. Creen que tenía dudas de la relación.

El caso sigue bajo secreto de sumario. Los familiares están seguros de que él la ejecutó. Los investigadores no descartan la hipótesis de un accidente en el marco de algún tipo de juego. La familia de Celeste sostiene que el oficial había tenido una carpeta psiquiátrica y un intento de suicidio.

En el informe de personal que remitió la Policía a la Fiscalía de Cristian Griffi sólo figura una quebradura en la muñeca. “No fue cayéndose en la escalera de la Jefatura, sino peleándose en el boliche Punta Alvear. Donde salía, tenía problemas”, dice Mariela. Para ella y para su hermana, Valdéz no estaba apto para portar un arma: piden que se investiguen sus antecedentes.

¿Quién controla?

Paola nunca dejó de moverse. Junto con la legisladora Liliana Montero elaboraron un proyecto de ley para la atención en salud mental de miembros de las fuerzas de seguridad.
“La afinidad y la cercanía que tenés con una persona que te cruzás en los pasillos de tu trabajo, que sabe de tu familia, se vuelve en contra en esas instancias de evaluación. Deben ser miradas por más de un profesional, más siendo que trabajan con la violencia”, dice Paola.

Ante la consulta de La Voz, la Policía no informó si hubo modificaciones en las evaluaciones. Lo que sí comentaron es que están aplicando un protocolo de actuación para casos de violencia de género que involucran a personal policial, y que cuando hay una denuncia judicial se hace un retiro preventivo del arma.

Paola aún espera. “A veces me imagino los actores dentro de la institución, y me siento muy fuerte, a veces muy pequeñita. O que somos un granito de arena y que es una utopía que produzcamos un cambio, que nos miren, que nos escuchen”, dice.

Cree que si sus rezos son atendidos, quizás se puedan dejar de contar los femicidios provocados por balas policiales.

*Esta nota fue escrita en el marco de la Beca Cosecha Roja, en colaboración con el Diario La Voz de Córdoba y será publicada en ambos medios.-

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