“No es posible que una de las primeras cosas que aprenden los bebés sea a decir “¡reja!”, “¡encargada!”, “¡baño!”, “¡paso!”. Las madres que están presas con sus hijos deberían recibir otro tratamiento, más humano, más respetuoso para los niños”. Nora Calandra sostiene un cartel que pintó su hija. A la tela le adaptó los parantes de la Pelopincho. Estuvo bien porque las tapitas de plástico que los fierros tienen en las puntas apoyan perfectas en la cadera. Y así, se pasa mejor la tarde, se escucha mejor a los oradores. “Ahora traen cuatro rejas y un techo y nos dejan acá, presos. Nos suben a un camión, nos vuelven a encarcelar y se sacan varios problemas de encima”, bromea.

Nora Calandra pertenece a la Red Niñez Encarcelada. “Nació en la Unidad 33 como un medio para denunciar los maltratos y la vulneración de derechos que estábamos sufriendo. No teníamos apoyo más que de las familias. Entonces yo sacaba cartas que eran leídas y luego subidas a las redes sociales”, contó a Cosecha Roja.

La mujer, el cartel, y sus compañeras hacen presencia en la marcha contra la reforma de la Ley 24660 de Ejecución Penal. La cita fue en la puerta del Congreso Nacional. La ley, con media sanción en Diputados, sería tratada en la Cámara de Senadores, lo que finalmente no ocurrió. “Por ejemplo, si nos correspondían cinco pañales, las penitenciarias nos daban tres. Y no alcanzaba con protestar adentro de la unidad. Por eso empecé a escribir para que se conozca afuera la situación”.

Nora quedó detenida y fue recluida con la población común. Pero un año más tarde quedó embarazada y fue trasladada a la Unidad 33 que aloja madres. Allí cursó su embarazo y el nacimiento de su hija. “La gente sabe que hay mujeres presas pero no se toma conciencia. ¡Otra cosa es verlas! Los chicos, tienen reacciones de presos. Y son chicos de cuatro años. Presos de cuatro años”, dijo Nora.

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A esa hora, mientras se realizaba la marcha frente al Congreso, detenidos de las unidades de Devoto, la Nro 1 de Lisandro Olmos, la 31, la de Campana, la 26, Varela, Gorina, San Martín, mantenían la huelga de hambre, hacían batucadas y armaban petitorios. Y no sólo contra la reforma de la ley de ejecución penal sino también por la reforma del código procesal, contra la limitación de las excarcelaciones, la superpoblación de la cárcel. “Esto es imparable, ya empezó y va a seguir. Y todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires están protestando, pidiendo las mismas cosas”, dijo a Cosecha Roja Nahuel, un interno de la unidad de San Martín.

“Sacar un derecho no va a mejorar la situación de nadie. Lo mejor es pensar cómo hacer proyectos para informar e incluir a las personas que están detenidas”. Rosmery es militante de la Corriente Villera Independiente del movimiento popular y del Movimiento Popular La Dignidad. Ella tiene a su hijo preso. El tiene 22 años. Quedó detenido cuando trató de defenderla en un asalto. “Me estaban pegando, frente a mi casa, él salió y quiso defenderme. Le torció el brazo al ladrón y le clavó el cuchillo con el que me había amenazado a mí”, explicó a Cosecha Roja. El chico quedó detenido por intento de homicidio y cumple una pena de cuatro años y diez meses. “Las cárceles son la miseria misma. Los alimentos los llevamos nosotros porque lo que les dan es terrible. Tampoco tienen trabajo.

Desde varias instituciones también manifestaron preocupación. Para la Procuración Penitenciaria de la Nación la modificación a la Ley de Ejecución Penal 24.660. “impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida y que contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual ley, los cuales fueron reconocidos tanto por nuestra Corte como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Durante el corte de calle, Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria, uno de los oradores, rechazó el paquete de reformas que deberá ser tratado en el Senado. “Esas medidas terminan con el principio constitucional de inocencia y restringen la excarcelación a casos excepcionales. Es un proyecto regresivo, inconstitucional, que viola los Derechos Humanos. Todo el mundo va a ser culpable y tendrá luego que demostrar su inocencia”, explicó Cipriano. “Va a ser regla la prisión y excepcional la libertad”.

“No es bueno endurecer las penas. Va a causar un caos total. Ya están en huelga de hambre. Cada vez se suman más cárceles. Sobre todo es un golpe para los chicos están a punto de recibir un beneficio, que tienen la conducta en diez, que tienen estudios, con todo lo que cuesta”, contó a Cosecha Roja Noemí Santana, una mamá que integra la Cooperativa Esperanza. Su hijo, está detenido hace ocho años. Su condena no es firme y seguramente será cadena perpetua. Ahora está en la Unidad 46 de San Matín y recién este año pudo estudiar. “Ellos en general no acceden al estudio ni a la salud. No acceden a nada. Están privados de la libertad y ese es el único derecho que hay que sacarle. No todos los demás. Ni siquiera pueden comer más o menos bien. No reciben tratamientos médicos, no les dan vacunas”, dijo.

Seis mamás se encontraron en la cola de la visita. Vivían en el mismo barrio pero no sabían que tenían familiares presos. Empezaron a charlar para ver de qué manera abaratar los costos de los alimentos que les alcanzaban. Noemí es costurera y tuvo la idea: hacer almohadones para vender en ferias. La aventura terminó en la Cooperativa Textil Esperanza integrada por 16 familias. “Nadie se daba cuenta del dolor que atravesaba cada familia. Así fuimos pasando los años y se sumaron más familias. Hoy tenemos un lugar de 300 metros cuadrados en San Martín, a ocho cuadras de La Rana, y 16 máquinas compradas con nuestro trabajo. Lo mejor de todo es que entre nosotros nos damos contención porque muchas veces los mismos familiares son los que te excluyen”, contó Noemí.

La gente de San Martín se junta los miércoles en el taller para hablar de sus seres queridos privados de la libertad. Además reciben nuevos casos que les envían a la Comisión por la Provincial de la Memoria. En la cárcel, la mayoría no conoce las leyes, ni los derechos que los asisten. “Mi hijo tiene 27 años. Cayó preso a los 19. Tendría El no habla de estos temas. Tienen muy pocas oportunidades de conocer lo que les sucede. Ni siquiera accede a un libro”.

Leer, investigar, juntarse son alternativas posibles para quienes están intramuros o para los que tienen un ser querido en esa situación. Nora Calandra estudió y sabe lo que quiere: “Es necesario contemplar el contexto en el que se encontraba esa mujer, su ambiente socioeconómico. Saber por qué una mujer llega a una cárcel, cuál fue su nivel de sometimiento o de abandono. Se sabe que el 60% está por venta de droga, de menudeo. Mirá esa mujer. Seguro su marido está preso, por eso vino acá. No debe tener más de 23 años. Tiene tres chiquitos y uno en la panza. ¿Alguien le pregunta cómo se mantiene? Seguramente vende droga. Porque el narco se acerca. Pero las secretarías de Niñez no se acercan. Ninguna. No hay registros. No hay perspectiva de género. Nadie sabe lo que le pasa a esa mujer como mujer. Por eso estamos acá. Y no nos movemos más”.

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