El titular de la SEDRONAR, Roberto Moro, afirmó en una entrevista radial que los fallos de la Corte hicieron pensar a los jóvenes que consumir marihuana está bien y que a partir de esas decisiones (principalmente la adoptada en el caso “Arriola”) la percepción del riesgo en los jóvenes en la Argentina cambió notablemente1, lo que habría contribuido al incremento en el consumo de esa sustancia.

El señor Moro parece tener una visión distorsionada de la realidad (sin necesidad de consumir sustancias estupefacientes) que lo lleva a pensar que los jóvenes programan sus proyectos de vida o adoptan sus decisiones previo consultar los fallos de la Corte. Me permitiría poner en tela de juicio una posibilidad de esa índole. En primer lugar deberíamos tomar por cierto que los jóvenes (y los que no lo son) comprenden lo que dice la Corte y el resto de los tribunales, organismos que no nos caracterizamos por emplear un lenguaje comprensible para el común de los mortales. Pero aun suponiendo que las decisiones de la Corte fueran accesibles para la juventud, y que ello determinaría a consumir sustancias estupefacientes, el razonamiento aparece como un franco reduccionismo de la realidad.

De los numerosos estudios científicos que procuran dar respuesta a las complejas razones que llevan a las personas a consumir drogas ninguno ubica a la jurisprudencia como uno de los factores de riesgo. Pero, suponiendo que la jurisprudencia tuviera propiedades adictivas, llama la atención que solamente haya operado sus efectos respecto de la marihuana y no del resto de las sustancias psicoactivas, ya que los fallos de la Corte (desde el caso Bazterrica de 1986 hasta nuestros días) no hacen distingos respecto de la droga de que se trate y declara la inconstitucionalidad de la persecución de consumidores de cualquier tipo de estupefacientes.

La pintoresca declaración del señor Moro nos lleva a otras reflexiones: ¿qué pretende el funcionario? ¿Qué la Corte legitimara la sanción penal de los consumidores? ¿Qué para atemorizar a los jóvenes reafirmara la constitucionalidad de la prisión de aquellas personas que tienen pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes para su consumo personal? O, probablemente, para no ser tan extremos, ¿que la decisión del máximo tribunal de la República hubiese quedado resguardada por una suerte de secreto de sumario para evitar su difusión pública?

Las apreciaciones del titular de la SEDRONAR tributan a la subestimación de las personas, a quienes caracteriza como meros instrumentos que se dejan llevar por lo que dice un tribunal de justicia. Concebir a los consumidores en estos términos implica un grave error de apreciación que apuesta a fomentar el miedo y la ignorancia, en vez de promocionar el conocimiento veraz y el respeto de la dignidad de los individuos, separando claramente los consumos problemáticos de los consumidores responsables, que no ocasionan inconvenientes a terceros ni a sus propias personas y que, en consecuencia, se encuentran exentos de la autoridad de los magistrados, según lo sostiene la Constitución desde 1853.

Finalmente, la propuesta política del titular del organismo encargado de prevenir las adicciones y “luchar contra las drogas” se orienta a esconder la basura debajo de la alfombra, tapar la realidad, evitar los debates adultos de los temas centrales que atraviesan la sociedad y, basado en un dudoso paternalismo, apostar a la amenaza penal como herramienta para el control de los consumos. Política que, como lo demuestra la experiencia, jamás ha dado resultados positivos.

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