El Conurbano piensa cómo combatir las mafias

Los vecinos de Esteban Echeverría denuncian los kioscos de drogas a través de un buzón anónimo. Los de Jáchal, en San Juan, exigen que la minera Veladero deje de contaminar los ríos. Las máquinas de un taller clandestino se usan para una cooperativa de trabajo. Una investigación judicial lleva a la detención y condena del jefe de policía de Santa Fe,  Hugo Tognoli. Así se lucha hoy en la Argentina contra las organizaciones criminales, aquellas que manejan el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos y otras mafias de carácter transnacional.

“La criminalidad organizada está cada vez más extendida en el mundo y tiene características similares: empresas con racionalidad formal que intenta ser cada vez más eficientes y competir con otras. Todo en el submundo de la delincuencia. Es difícil atacarla porque no aparecen los ejecutores de modo visible y quienes están detrás viven en Puerto Madero o un barrio cerrado. Requiere del Estado respuestas racionales en lo económico, jurídico, financiero”, explicó a Cosecha Roja el juez Sebastián Casanello, uno de los panelistas en el 5º Congreso Nacional Antimafia.

El primer congreso se hizo en 2013 y funcionó para que la sociedad civil, los fiscales, jueces, intendentes, obispos, políticos y periodistas debatieran sobre el crimen organizado. Esta vez la cita fue en Esteban Echeverría, el único municipio bonaerense que no tiene salas de juego.

“Al inicio de la gestión estaba la cadena de pago rota tuve un enfrentamiento muy grande con el sindicato de camioneros: llevaron al paro más grande en la historia de la recolección de la basura. Hubo tiroteos, amenazas, quema de un camión. En ese momento decicí buscar apoyo y me pregunté ¿con quién te aliás y quién te puede defender de las mafias?”, dijo a Cosecha Roja el intendente Fernando Gray.

Cuando asumió, los habitantes denunciaban que había camiones que entraban y salían de los barrios. Junto a su equipo y a la justicia descubrieron que se trataba de la mafia de las tosqueras. Las empresas involucradas se dedican a vender tierra. Hay casos de niños y niñas que han muerto en ellas cuando las abandonan y se convierten en lagunas.

Del Congreso también participaron otros intendentes del Conurbano que trabajan con Gray como Marisa Fassi, de Cañuelas. A todos les preocupa el narcomenudeo y los consumos problemáticos. “La adicción es una forma moderna de esclavitud”, dijo ante un auditorio lleno. Cuando asumió no había secundarias en las áreas rurales del municipio, tampoco universidades. “Para fortalecer al más vulnerable hay que usar herramientas como el acceso a la educación”, explicó.

El narcotráfico es un “delito tramposo porque se nos ha hecho creer que a mayor cantidad de kilos secuestrados y cantidad de detenciones, mayor es el éxito de las investigaciones. Y es un delito de sombras, siempre está en la oscuridad”, explicó el juez Sergio Torres. Para él es tiempo de discutir un nuevo paradigma que piense “las problemáticas vinculadas al dinero”.

Antes de sentarse en el escenario, la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó recibió el pañuelo blanco de manos de la Madre de Plaza de Mayo Aída Bogo de Sarti. Después contó cómo se trabaja desde el Ministerio Público Fiscal para combatir a las mafias. “Desde que llegamos hace cuatro años trazamos un plan estratégico que incluyó la creación de procuradurías especializadas en trata, lavado, violencia institucional, narcocriminalidad, lesa humanidad. Son equipos interdisciplinarios con abogados, antropólogos, médicos y economistas cuya función es asesorar y asistir a fiscales a lo largo del país estudiando el fenómeno criminal asignado”, contó.

El cambio de estrategia fortaleció la tarea: “un fiscal solitario enfrentando al crimen organizado era un fiscal débil incluso para su propia seguridad”. Según algunas estadísticas de la procuraduría de lavado de dinero, el 36 por ciento de los bienes que decomisa la justicia provienen del narcotráfico y el 14, de la trata.

Mafias ambientales

Después de los casi cien milímetros de lluvia que cayeron en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, los vecinos de Villa Inflamable amanecieron ayer con el agua por las rodillas. Es que el polo petroquímico de Dock Sud sigue contaminado: los gobiernos Nacional, provincial y porteño -ahora del mismo signo político- no sanean la cuenca del Riachuelo, y las empresas no asumen la responsabilidad de la contaminación. “El Riachuelo sigue hediondo, podrido, matando gente. Las empresas, las primeras demandadas por los vecinos, recién entraron a la causa hace un año y medio”, contó Laura Rocha, periodista de La Nación que cubre medio ambiente. “El problema es que no hay castigo para los crímenes ambientales en Argentina”, agregó.

Las mafias que atentan contra el medio ambiente son menos visibles que otras como el narcotráfico o la trata de personas. Así lo cree Diego Seguí de la Asamblea Jáchal no se toca. Cuando aterrizó anoche en Buenos Aires pasó del clima seco a la lluvia porteña. Tuvo que acostumbrarse porque en San Juan, la provincia donde vive y milita contra la minería a cielo abierto, llueve en todo el año la misma cantidad de agua que cayó entre domingo y lunes en suelo bonaerense.

Desde la Asamblea luchan contra la contaminación de las zonas glaciares y periglaciares que explota la minera Veladero. Ya hubo cinco derrames reconocidos por la autoridad minera de la provincia. La ley dice que ante tres eventos graves viene la clausura: es como si a un jugador de fútbol le sacaran tres tarjetas amarillas en lugar de expulsarlo.

Pablo Camuño asumió como fiscal federal de Tucumán hace menos de dos años. Su primera tarea fue preparar el juicio contra uno de los ingenios azucareros de la provincia: “para que se entienda la dimensión histórica, fue como hacer un juicio a una tabacalera en Estados Unidos”. A diferencia de otros procesos que se anuncian en la sección Policiales del diario La Gaceta, este salió publicado en Economía (la industria azucarera es la principal economía de la zona).

La sentencia absolvió a los dos empresarios acusados de contaminar pero la Cámara de Casación ordenó realizar un nuevo proceso y explicó que el tribunal, entre otros errores, había sobrevalorado los testimonios de los funcionarios provinciales que debían controlar al ingenio y no lo hicieron. “Los niveles de toxicidad del lugar eran diez o veinte veces mayores de lo permitido por la ley. El tribunal había entendido que debía comprobarse una afectación concreta a la salud física de una persona para poder condenar. Casación argumentó que hay una imbricación central entre el derecho al ambiente sano y el derecho a la salud”, explicó el fiscal.

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En el Congreso Antimafia también participaron el ex secretario de Comercio de la Nación Guillermo Moreno; los jueces Carlos Vera Barros y Sebastián Ramos; los fiscales Jorge Di Lello y Paloma Ochoa; monseñor Marcelo Sánchez Sorondo; los analistas Marcelo Saín y Pedro Brieger; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; y el organizador del Congreso, el legislador porteño Gustavo Vera.

Fotos: Gentileza Municipalidad de Esteban Echeverría