La mina de plata más grande del mundo desaparecerá a los xincas

Fernando García monta guardia frente a la carretera. Junto a otros 50 vecinos, la mayoría xinkas, se sienta en un campamento en un predio abandonado, en la entrada de Casillas, Santa Rosa, un poblado que está a 50 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y 17 kilómetros antes de la Mina San Rafael. Bajo una carpa espera sentado y bebiendo café, pero pendiente de lo que pasa a su alrededor. Su objetivo: impedir que los camiones y tráilers de la empresa Minera San Rafael pasen por el lugar.

Por Javier Estrada Tobar y Claudia Pinzón Fotografía: Carlos Sebastián

Fernando García tiene la nariz desviada y cicatrices alrededor. Para hablar junta aire y suspira fuerte. Son las secuelas que le dejó el ataque de los guardias de la Mina San Rafael cuatro años atrás, cuando tenía 19 y le dieron tres balazos en el rostro y otro en la espalda por hacer lo mismo que sigue haciendo ahora: oponerse a la minería.

– Estamos decididos a boicotear a la mina. No vamos a permitir que opere una empresa que no respeta las leyes, que no le importan las consultas y contaminan el ambiente.

Fernando García vuelve a juntar aire, suspira y habla.

– Están equivocados si piensan que nos van a intimidar. Ni con balas ni con demandas nos vamos a mover de acá hasta que respeten nuestras tierras.

El ataque que casi le cuesta la vida fue el 27 de abril de 2013. Ese día se manifestaba junto a su padre y otros pobladores, originarios de la aldea El Volcancito, frente a las instalaciones de la Mina San Rafael, a unos 75 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en el verde y desconocido departamento de Santa Rosa, rumbo a la laguna de Ayarza y rumbo a El Salvador.

Ese grupo ahora es más grande y fuerte. El movimiento representa a habitantes Santa Rosa y Jalapa, y se hacen llamar “La Resistencia”. Sus integrantes se oponen a la mina por lo que provoca en sus comunidades: contaminación, confrontación social y daños a sus viviendas.

En la Resistencia, los hombres y las mujeres montan guardia todo el día y la noche, en turnos de 12 horas que se relevan al amanecer y la puesta del sol. Antes de empezar las jornadas se reúnen para orar y saludarse unos a otros. Su consigna es el cuidado del medio ambiente, que consideran ‘la casa de todos’.

Los xinkas no bajaron la guardia ni siquiera el 5 de julio. Ese día la Corte Suprema de Justicia hizo pública la
decisión de suspender temporalmente las licencias de la minera, en respuesta a un amparo del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) porque el Gobierno no siguió ni siquiera la formalidad del convenio 169 de la OIT y no consultó a los pueblos originarios sobre los megaproyetcos. Y los discriminó cuando se negó su existencia.
Apenas un día después de la suspensión, trabajadores de la empresa se presentaron en la Corte Suprema con una consigna: ‘No somos xinkas’.

– Esa es gente que responde a la mina. Van a hacer cualquier cosa por cuidar su empleo. Nosotros somos xinkas. Nuestros padres y abuelos lo son. Por más que no hablemos el idioma ni nos vistamos como ellos, seguimos siéndolo, protesta Fernando García.

Agustín García, el padre de Fernando, usa sombrero tipo tejano, cinturón con hebilla de metal y una camisa de mangas largas. Tiene un semblante serio y mira fijo a su interlocutor. Habla lento, pero con seguridad:

– Nosotros respetamos a quienes están a favor de la minera, pero no podemos estar de acuerdo con que se viole la ley y no se nos consulte, que se nos niegue nuestra identidad xinka, se contaminen las tierras y los ríos, y destruyan nuestras casas.

Infográfica: Diego Orellana Xocop

Para los xinkas se trata de seguir existiendo, pero para empresa canadiense es una cuestión de negocios: Tras la suspensión provisional, su valor disminuyó en dos días un poco más del 40 por ciento y perdieron US$1 mil millones, dijo Ron Clayton, presidente de Tahoe, la compañía propietaria de Minera San Rafael, en declaraciones a Prensa Libre.

– Estamos muy confiados en el estudio que el MEM (Ministerio de Energía y Minas) hizo respecto a que no hay xinkas en las comunidades que se indican en el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, agregó.
En la Bolsa de Valores de Toronto, las acciones de Tahoe cayeron en picada a partir del 6 de julio a US$6.82 y cuatro días después, se desplomaron a un mínimo de US6.38. Antes de la tempestad bursátil, el valor de las acciones se cotizaba en US$10.72.

Esta situación llevó a la empresa a acordar un aumento en su línea de crédito rotativo de US$150 millones a US$300, pero el límite de endeudamiento será de US$ 75 millones mientras dure la suspensión de la licencia minera en Guatemala. Ron Clayton dijo en un comunicado que están complacidos de contar con el apoyo continuo de sus prestamistas mientras trabajan a través del proceso legal en Guatemala.

Cuando la empresa canadiense dueña de la Mina, Tahoe Resources, valía US$1 mil millones más en la bolsa canadiense, la vida de los habitantes de Santa Rosa y Jalapa que no trabajan en la mina pero que viven sobre la tercera mina de plata más grande del mundo, seguía sumida en la pobreza. La Minera declaró en Emisoras Unidas que paga el salario de 8 mil personas. En los dos municipios, Casillas y San Rafael, viven unas 40 mil personas.

El pueblo de los xinkas negados

La iglesia está en el centro de La Cuchilla, una de las aldeas cercanas a la mina y rodeadas de una vegetación y montañas impresionantes. Es una pequeña casa pintada de rosado y corinto, con una cruz en la parte más alta del techo. La construcción tiene una grieta que la atraviesa de costado a costado.

Antes de la llegada de la mina en La Cuchilla vivían unas 93 familias que cultivaban granos básicos, pastoreaban pequeños rebaños de ganado en sus terrenos y rentaban las tierras desocupadas. Ahora solo quedan 15. La mayoría de los pobladores se fueron porque no toleraron el ruido y los temblores: cada día, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, denuncian que la tierra tiembla por las explosiones de la mina. La mayoría de las casas está igual o peor que iglesia.

Un informe del servicio de sismología gubernamental negó que la minera tenga responsabilidad en los movimientos de la tierra, pero los pobladores creen que los estudios estuvieron arreglados. Augusto Villagrán, uno de los vecinos que decidió quedarse, dice que la mayoría vendió sus tierras a precios muy bajos. Les ofrecieron Q45 por cada metro cuadrado, un valor por debajo de los precios del mercado y que ignoran que están sentados sobre un tesoro minero:

– Era la única salida. La casa de mi hijo, por ejemplo, se agrietó y se derrumbó. Al final le vendió la propiedad a la minera. Nos están obligando a abandonar la comunidad. La mina quiere comprar todas las casas para que no haya rastros de este problema.

elPeriódico denunció que Rafael Maldonado, abogado de Calas, cobró honorarios y comisiones a familias de La Cuchilla, en el marco de las negociaciones para vender sus casos a mejores precios, pero el ambientalista negó esa información:

– Fue en diciembre de 2016. Es totalmente falso que yo haya cobrado eso, porque para lo que asesoré a un grupo de vecinos de La Cuchilla fue para representarlos en dos reuniones con la municipalidad por el problema de las casas que se derrumbaron.

La publicación se dio el 10 de julio pasado, solo cinco después de que se conociera la decisión de suspender provisionalmente las licencias mineras; Rafael Maldonado fue blanco de críticas por parte de los defensores de la industria extractiva.

De un lado y otro del alambrado

Juan José Sasbín Jiménez tiene 46 años. Él, la esposa, sus seis hijos y un nieto comparten dos habitaciones y una letrina en una casa que se puede venir abajo en cualquier momento. Con un presupuesto mensual de Q800 (US$110), comer, comprar ropa o pagar la educación es un lujo. Su voz se entrecorta cuando abraza a su hijo menor y cuenta que lo peor para un padre es ver cómo su familia pasa hambre.

– Esto no se lo merece nadie.

Su casa queda en La Cuchilla, a pocos pasos del alambrado que marca el inicio del territorio de la mina. Detrás de la vegetación se ve una inmensa mancha gris de edificios que rompen el paisaje. Lo que hay allí es uno de los yacimientos de plata más importantes del mundo, que en solo tres años de actividad consiguió extraer 61.9 millones de onzas y reportó ventas por Q7,212 millones (US$990.7 millones). Más que el presupuesto anual del Ministerio de Salud.

De esa riqueza, gracias a Ley de Minería y a los convenios con las empresas, Minera San Rafael solo deja el 5 por ciento de regalías a Guatemala, además de sus programas de responsabilidad social empresarial. En tres años la empresa pagó US$30.1 millones en regalías. De ese porcentaje poco se refleja en inversiones para las poblaciones afectadas. El vecino Juan José Sasbín dice que con la llegada de la mina perdieron los terrenos donde antes solían sembrar maíz y frijol:

– Solo podemos comer dos veces al día y cada vez es menos. Solo comemos tortillas con frijoles porque no hay nada más. Nos quitaron nuestro sustento y ahora nos quieren quitar nuestras casas, pero estamos dispuestos a defender lo que es nuestro.

Detrás del alamabrado, frente a las pocas casas que sobreviven en La Cuchilla están los guardias de seguridad de la Mina, como los que dispararon al vecino Fernando García. Durante todo el día hacen ronda. Algunos tienen chalecos antibalas y armas largas.

Al momento de hacer este reportaje desde los terrenos cercanos a la mina, dos guardias de seguridad privada que portaban armas largas tomaron fotos y vídeos al equipo periodístico de Nómada, que se encontraba recorriendo un camino de la aldea.

Al ser fotografiados por los periodistas, los guardias llamaron a otros tres agentes de seguridad que también portaban armas de grueso calibre, y continuaron fotografiando y filmando a los periodistas y a los pobladores entrevistados.

– Nosotros lo tenemos que soportar todos los días, dice uno de los vecinos.

Una tradición de resistencia

En los últimos cinco años el conflicto minero de San Rafael, los vecinos denuncian la contaminación de varios ríos y quebradas. El caso más polémico fue el del río Los Esclavos, el afluente que garantiza el agua a las comunidades, pero el proceso por contaminación industrial contra la mina sigue detenido por una serie de acciones legales.

Además, se cobró al menos cuatro vidas de agentes de seguridad de la empresa, un opositor y un policía. En enero de 2013 fueron asesinados Fredy Leonel Chúa Choc y Sergio Chúa Jiménez, guardias de la minera, en medio de disturbios. Dos meses después, en marzo, las autoridades encontraron el cuerpo del líder xinka Exaltación Marcos Ucelo, que había sido secuestrado, y en abril del mismo año falleció el policía Demetrio Orozco, herido cuando trataba de contener disturbios.

Miembros de La Resistencia dicen que en los últimos años hubo casi diez muertos relacionados con la conflictividad, pero no hay forma de comprobar esa teoría, porque los casos siguen en la impunidad.

El vecino Fernando García estuvo a punto de engrosar esa estadística. Aquel día de abril de 2013 la minera tenía un año instalada. Los pobladores decidieron bloquear las rutas de acceso de la compañía. La versión oficial fue que los guardias de la empresa dispararon con “armas no letales” para liberar el paso. Un mes más tarde se supo la verdad. La orden de Alberto Rotondo, ex militar peruano y jefe de seguridad de la mina, había sido clara:

– Maten a esos hijos de la gran puta. Hay que quitar a esos animales, pedazos de mierda.

Sus palabras quedaron grabadas una conversación telefónica que interceptó el Ministerio Público. Aunque inicialmente fue detenido cuando intentaba huir del país, un recurso legal lo dejó en libertad condicional y hoy está prófugo y el proceso en su contra quedó en pausa. Un vídeo divulgado por el portal activista Tahoeontrial.com expuso cómo los agentes de la seguridad de la mina atacaron a los manifestantes por la espalda y luego recogieron las evidencias del lugar.

El ataque duró cerca de un minuto, pero fue suficiente para que siete personas resultaran con heridas de gravedad. Entre ellos, Fernando García, quien al recibir los tres balazos en la cara cayó en coma y estuvo hospitalizado 17 días.

Cuando despertó le hicieron cinco cirugías de reconstrucción facial. Ahora, a sus 23 años, combina el activismo antiminero con la fisioterapia para recuperar la movilidad del rostro. Como tiene que costearse los tratamientos médicos resignó el sueños de ir a la universidad. Nada parece desanimarlo:

– Nuestros abuelos y nuestros padres defendieron estas tierras con su vida. Y nosotros también. Eso es lo que nos une como pueblo.

La antopóloga Claudia Dary explica que los descendientes de los xinkas, aunque ya no hablen su idioma y no vistan su ropa tradicional, sí pueden autodefinirse como miembros de ese pueblo. La defensa del territorio, las prácticas religiosas, la tradición oral y su relación con las montañas, ríos y quebradas son determinantes para este pueblo. Estudios del Ministerio de Cultura también los han reconocido como xinkas. Los xinkas son el único grupo indígena que no es descendiente de los mayas en Guatemala.

La primera vez que alguien habló de los ellos fue en 1524, en una carta que le envió el español Pedro Alvarado a Hernán Cortés, el enviado por los españoles para invadir México. Pedro de Alvarado los encontró cerca de Santa Rosa, donde hoy tiene su centro el conflicto minero. Desde aquellos años, los xinkas siempre se resistieron a ser conquistados. Fernando García dice que se siente orgulloso de continuar esa tradición:

– Me robaron mis sueños, mi plan de vida, la posibilidad de estudiar y de ser alguien en la vida. Y también me robaron el miedo, así que eso me fortaleció.

Así, una pequeña Resistencia de vecinos xinkas, reinvindicando su identidad y su derecho a que les consulten sobre megaproyectos, convenció de manera provisional a la Corte Suprema de Justicia y está deteniendo a una empresa canadiense que quiere explotar la tercera mina de plata más grande del mundo.

*Este artículo fue realizado en el marco de la Beca Cosecha Roja. También se público en Nómada