La justicia define la pena de un ex subteniente, acusado de haberle disparado por la espalda a Joaquín Romero, sobreviviente de la masacre de Carcova. La sentencia se conocerá el miércoles 13.
Texto: Matías Ortega – Fotos Mayra Llopis Montaña.-
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Martín debe decidir la nueva pena para el ex subteniente de la policía bonaerense Gustavo Vega, procesado por las graves lesiones ocasionadas a Joaquín Romero, sobreviviente de la masacre de Carcova, el 3 de febrero de 2011.
La audiencia se hizo ayer luego de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires pidiera agravar el delito por el que se imputó al ex subteniente Vega en primera instancia: recalificó la condena como “tentativa de homicidio calificado por abuso de la función policial y por el empleo de arma de fuego”.
La fiscal Ana María Arnetta solicitó la pena de 16 años de prisión para el ex policía. Arnetta citó como agravantes los “disparos de munición letal ocasionados por Vega hacia el lugar de personas alejadas del conflicto”, su condición de “instructor de tiro” de la Bonaerense y el “estado de indefensión” de Romero, quien fue herido cuando estaba de espaldas.
Los abogados de Romero, Federico Efrón y Juan Carlos García Dietze, pidieron 17 años de prisión para Vega. “No encontramos indicios de legítima defensa o peligro para su persona en el momento del conflicto. Las circunstancias no ameritaban el uso de un arma calibre 12/70”, dijo Efrón.
Efrón, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), narró los hechos del 3 de febrero de 2011, cuando el descarrilamiento –y posterior saqueo- de un tren del Nuevo Central Argentino a la altura de villa Carcova provocó una feroz represión en el barrio de José León Suárez.
Cuando la situación estaba controlada, Franco Almirón de 16 y Mauricio Ramos de 17 fueron asesinados por la Policía Bonaerense, mientras que Romero resultó gravemente herido, pero sobrevivió tras haber sido internado de urgencia.
En el fallo, Casación anuló la absolución al ex sargento Gustavo Rey, dictada en primera instancia por el Tribunal Oral 2 de San Martín, y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad en el homicidio de Ramos y Almirón.
En la audiencia de ayer la defensa de Vega hizo hincapié en los atenuantes de su “buen concepto” como funcionario policial, destacó el “contexto de saqueo” donde ocurrieron los hechos y argumentó que el ex policía seguía “órdenes de sus superiores”. Por estos motivos, solicitaron siete años de prisión para el ex uniformado.
El ex subteniente acusado habló ante los jueces: negó haberle disparado a Joaquín Romero y dijo que “nunca antes lo había visto hasta 2014”, cuando se realizó el juicio oral. “Jamás crucé la línea ferroviaria”, dijo Vega ante los jueces. Y también reivindicó su rol policial: “Me especialicé para servir a la comunidad”.
La definición los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Martín, presidido por Marcelo José Machado, notificaron que darán lectura de la sentencia el próximo miércoles a las 11.
“Sabía lo que significaba disparar por la espalda”
Entre los presentes en la audiencia estuvo el diputado nacional Leonardo Grosso, integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que criticó “la lentitud de la justicia”.
“Esto pasó hace seis años y cuatro meses y seguimos esperando una condena. Vega era instructor de tiro de la Departamental de San Martín, sabía lo que significaba disparar por la espalda de una persona a tan pocos metros. Que hayamos que tenido pasar tantas instancias, para lograr que se rectifique la pena habla muy mal de la justicia”, dijo a Cosecha Roja el diputado del Movimiento Evita.
Y agregó: “Los daños físicos a Joaquín ya no se pueden reparar, a Mauricio y a Franco no los tenemos más, por lo menos queremos justicia para que esto no vuelva a pasar. Es importante una condena justa”.
Sobre el nuevo juicio que involucra al ex sargento Gustavo Rey, la querella rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa para ir a la Corte Suprema de la Nación. “Pedimos que se rechace ese recurso y ahora depende de la Suprema Corte de la Provincia. Tenemos por delante, mínimo, un par de años”, dijo García Dietze.
Existe otra causa que indaga el rol de la cúpula policial de la Comisaría 4° de José León Suárez, a cargo del operativo. El abogado Efrón recordó que vienen “impulsando hace muchos años que se imputen a los jefes policiales”, en particular al comisario Víctor Uhalde y el subcomisario Carlos Silva. “La UFI 5 en ese aspecto viene muy lento, a pesar de todo lo que quedó acreditado en el juicio oral no avanzan pero seguiremos insistiendo”, agregó.