Tres ex policías y un ex agente de la Side fueron condenados en la causa Automotores Orletti III y IV por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 sentenció a José Néstor Ferrer a una pena de 25 años de prisión. A César Alejandro Enciso le dieron 16 años y a Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez 6 años cada uno.
El 3 de noviembre los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Daniel Horacio Obligado leerán los fundamentos.
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Victoria y Anatole fueron los primeros nietos que localizaron las Abuelas de Plaza de Mayo. Era julio de 1979 y vivían en Chile. Dos años antes los habían dejado solos en una plaza de Valparaíso y una pareja los adoptó. Después se enteraron lo que había pasado con sus padres: a Roger Julien lo asesinaron en un operativo en San Martín, en septiembre de 1976, y Victoria Grisonas sigue desaparecida. Ambos fueron secuestrados y trasladados al centro clandestino “Automotores Orletti”. Victoria y Anatole son querellantes en la causa que juzgó a tres ex policías federales y un ex agente de la SIDE por trabajar en la base de operaciones del Plan Cóndor en el país.
El juicio fue el tercer y cuarto tramo del proceso judicial que lleva la causa “Automotores Orletti”. El primer fallo fue en 2011. En ese entonces, la justicia condenó a los represores Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti por la privación ilegal de la libertad de 65 víctimas en el centro clandestino. Durante el proceso, quedó demostrado que el taller era la base operativa en Argentina del Plan Cóndor: la operación pensada por Estados Unidos para instalar dictaduras y perseguir a opositores en los países del Cono Sur. Por el centro pasaron más de 300 personas.
Este juicio investigó los crímenes cometidos contra nueve víctimas. Los imputados no tenían condenas previas. Además de Victoria y Anatole, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Equipo Jurídico Kaos fueron querellantes. El fiscal fue Pablo Ouviña.
La operación Cóndor fue reconocida como asociación ilícita por un fallo del TOF N° 1 en mayo. La investigación había comenzado 17 años atrás pero llegó a juicio oral en 2013 cuando se unificó con el segundo tramo de la causa Automotores Orletti. En el expediente se denunciaba el accionar conjunto de las fuerzas argentinas y uruguayas. En el veredicto, los jueces le otorgaron la pena de 25 años de prisión a Miguel Ángel Furci, agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado y encargado del centro clandestino.
En los alegatos, el fiscal Ouviña dijo: “Este centro clandestino tuvo la particularidad de alojar principalmente a personas pertenecientes a organizaciones políticas extranjeras, especialmente de Uruguay, Chile y Bolivia, y en este sentido también se ha comprobado que fue utilizado por miembros de las fuerzas represivas de esos países”.
En el tercer tramo de la causa los jueces tenían la misión de investigar a tres ex agentes de la Federal. Dos de ellos, Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez, eran los inspectores de la División de Asuntos Extranjeros de esa fuerza y estaban acusados por el asesinato y la desaparición del papá y la mamá de Victoria y Anatole.
José Néstor Ferrer, el tercer ex policía, era agente de la Superintendencia de Seguridad Federal. Lo imputaron por ser el autor de un operativo ilegal que se realizó en la avenida Forest al 1010 en septiembre de 1976. En el operativo asesinaron a Estela Moya de Gayá y detuvieron ilegítimamente a Gustavo Gayá y Ana María del Carmen Pérez. Los cuerpos de ellos dos, junto con los de otras tres víctimas que habían pasado por Automotores Orletti, fueron arrojados al río Luján dentro de tambores rellenos de cemento. Los encontró un prefecto y fueron identificados en 1989.
En el cuarto tramo de la causa -incluido en el debate oral que comenzó en octubre de 2016- juzgó a Cesar Pino Enciso. Estaba acusado de privación ilegítima de la libertad de Manuela Santucho, Cristina Navaja, Gerardo Gatti y Julio César Rodríguez. En la causa había indicios que lo involucran en otros casos y que probaban que torturó a sus víctimas, pero no fue juzgado por ello: fue extraditado desde Brasil y era una de las condiciones del acuerdo entre ambos países.
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El centro clandestino de detención estaba ubicado en la calle Venancio Flores 3519, en el barrio porteño de Floresta. Era un taller de vehículos que alquiló la SIDE y funcionó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. Tenía una persiana metálica que se elevaba desde adentro. Según la declaración de las víctimas, los agentes tenían que decir “Operación Sésamo” para que los dejaran entrar. En el piso del lugar donde alojaban a los detenidos había aceite, pedazos de chasis y autopartes. El lugar era conocido como OT18 en la práctica de los grupos de tareas y lo apodaban “El Jardín”.
En la década de los 90, Automotores Orletti volvió a funcionar como un taller mecánico. Hasta que en 2006 la Legislatura porteña lo declaró de “Utilidad Pública y Sujeto a expropiación para garantizar su preservación a fin de incorporarlo a la memoria histórica de la ciudad de Buenos Aires”. Fue luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de Obediencia debida y Punto final.
