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Dos ONGs de abogados ligadas al gobierno presentaron una demanda contra el Estado: reclamaban declarar inconstitucional la ley que dice que el titular del ministerio Público Fiscal debe ser removido por juicio político.
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Los abogados del Ministerio de Justicia dijeron que la presentación era correcta y que ellos habían presentado un proyecto de ley con la misma idea. Por la cantidad de irregularidades que proponía, el proyecto murió antes de nacer: lo impugnó hasta Lilita Carrió.
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La ONG Será Justicia responde al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una agrupación ligada a la Sociedad Rural y que reivindica la dictadura. Entre sus miembros hay funcionarios del gobierno. Las dos organizaciones -que son idénticas- hicieron sus presentaciones de forma coordinada en dos juzgados, usando un mecanismo llamado como ‘forum shopping’.
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El juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials les dio la razón y consideró que era “inconstitucional” un artículo de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo. Esa ley existe desde 1998: se sancionó luego de la reforma constitucional del 94 y hasta ahora nunca había sido cuestionada.
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“La remoción por decreto es inconstitucional. Los decretos de remoción no están contemplados en la Constitución (Art. 99), serían un exceso ilegal del Poder Ejecutivo y violarían la independencia y autonomía del Ministerio Público (Art. 120 CN). No hay independencia ni autonomía del Ministerio Público sin la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo para todos los fiscales y defensores” explicó en un texto Lucas Arrimada, Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho de la UBA.
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En otras palabras: te puede gustar o no Gils Carbó, pero abrir a la posibilidad de que remuevan por decreto a un fiscal, a la jefa de los fiscales o cualquier funcionario judicial es muy peligroso y viola la constitución. “Si se afina la mirada”, dice la abogada Ileana Arduino en un artículo del libro ‘Plan Macri’, “son en realidad acciones directas para cooptar políticamente el Ministerio Público Fiscal”.
