Las barreras para acceder al sistema y el desconocimiento de los médicos sobre las necesidades de la comunidad hacen que para las personas trans los problemas de salud sean un doble martirio.
Texto: Estefanía Avella Bermúdez / Foto: Gabriel Corredor Aristizabal – 070
Máximo no volvió porque el endocrino le dijo que no iniciaría el tratamiento si él no hacía el cambio de sus documentos legales. Máximo tiene 24 años, tenía 21 cuando comenzó la hormonización y 18 cuando decidió que no era una mujer lesbiana sino un hombre trans.
—Simplemente no volví.
Máximo no volvió porque cuando dijo que era un hombre trans el médico utilizó el tiempo de la consulta en averiguar con sus colegas cómo es que debía atenderlo. Cuando no hay un acceso digno ni integral a la salud la primera opción es desertar: renunciar, olvidarse de la idea de ser atendido por un médico, resignarse a no ejercer el derecho de acceder a la salud.
Dos malas experiencias fueron suficientes para que Máximo Castellanos comenzara su proceso de hormonización automedicado. Le preguntó a sus amigos trans y se decidió por el Nebido, un tratamiento hormonal que se inyecta cada tres meses y no cada mes, como el Testoviron, el tratamiento más común para los hombres trans. El Nebido es mucho más costoso. Mucho: la inyección mensual de 250 miligramos de Testoviron cuesta veintidós mil pesos. Decidirse por el Nebido significa gastar doscientos ocho mil pesos cada tres meses.
Hoy el gobierno trabaja en los “Lineamientos para la humanización de la atención en salud a personas trans”. Estos lineamientos serán una guía para informarle a los médicos cuáles son los derechos de las personas trans en el contexto de salud y qué pasa si los incumplen. Esta guía busca que los médicos tengan clara su responsabilidad civil y penal al momento de negarle el acceso a la salud a una persona trans o de ejercer una mala práctica. Pero son también lineamientos útiles para la comunidad trans, para que sepan cuáles son sus derechos y puedan exigirlos cuando acceden al sistema de salud. Para Carlos Rocha, de la dirección de DD.HH. del Ministerio del Interior, será un mecanismo preventivo para eliminar las barreras, evitar complicaciones en los procedimientos y hacer del acceso a la salud un proceso amigable para las personas trans.
Para Máximo Castellanos se trata un proyecto con el que el gobierno colombiano pide perdón a las personas trans: “es reivindicar nuestra identidad dentro de la sociedad y resarcir los dolores que nos ha causado. Sabemos que la discriminación no se va a acabar con esta ruta, pero sí va a dar unas pautas de acción”.
El proyecto comenzó a principios de 2017 por iniciativa del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Son cuatro etapas y la segunda, la de investigación, está próxima a finalizar. Se espera que para marzo de 2018 la guía esté terminada para comenzar el proceso de divulgación. Además de los ministerios, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) y el Centro de Experticia en Disforia de Género del Centro Médico de la Universidad Libre de Amsterdam son las organizaciones convocadas para pensar y ejecutar la construcción de los lineamientos, y para realizar un diagnóstico del panorama actual en salud de las personas trans en Colombia.
La realidad es desalentadora. Si algo caracteriza la atención médica de las personas trans en el país son las barreras de acceso y el desconocimiento de los profesionales sobre la realidad de la comunidad trans. “No es ni siquiera la atención, el problema es que no les permiten entrar al sistema porque, por ejemplo, el nombre no corresponde con la apariencia física”, explica Simón Torres, psicólogo clínico e investigador principal del proyecto.
Las personas trans se enfrentan a tomar decisiones desinformadas que afectan su salud, a cirugías mal realizadas, a procesos de hormonización con graves efectos secundarios, a malos tratos dentro de un consultorio y a que les nieguen tratamientos indispensables para sus procesos de tránsito. De acuerdo con Simón Torres, “el concepto no se comprende. Los profesionales piensan que sus pacientes son homosexuales. Las personas trans no existen de forma conceptual en la cabeza de los médicos. Y si no los tienen en el panorama, no pueden plantear un tratamiento. Ni siquiera pueden contemplar su existencia”.
El desconocimiento de los médicos es algo que pasa en Bogotá, en las grandes ciudades y, por supuesto, la situación es aún más precaria en pequeños municipios del país. Para Torres hay una diferencia entre hacer un tránsito en Bogotá y hacerlo en Barranquilla. Tampoco es lo mismo transitar en los Montes de María en Bolívar que en Cali. Quienes viven en pueblos y veredas no tienen posibilidad del tránsito. Si en ciudades grandes no hay conocimiento de las intervenciones, del conducto regular y de la formulación, en una vereda el desconocimiento es total y las barreras de acceso son impenetrables.
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“Nos forramos el pecho para que no se nos noten las tetas”, explica Máximo. Lo llaman blinder o camiseta compresora. Se trata de una faja de fibras sintéticas elásticas; una prenda indispensable en la vida de muchos hombres trans. “No lo usamos porque sí. Es fundamental porque hace que te reconozcan en la calle como lo que tú eres. Tiene una función social que jode la vida”.
Durante varios años a Máximo le jodió la vida. Morados, llagas y problemas pulmonares. Por eso ya no lo usa, dice que su tránsito ha madurado y aunque en un futuro quisiera tener una mamoplastia, dice que el blinder es simplemente un elemento que representa la disforia de la sociedad con los cuerpos trans. “No es que mi cuerpo esté mal. Simplemente es así”.
Exigir un diagnóstico es entender la transexualidad como una enfermedad mental. Es una exigencia sustentada en la décima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), creada por la Organización Mundial de la Salud. Es un manual vigente que se espera que cambie el próximo año. De acuerdo con Simón Torres, el CIE-11 establecerá que las personas trans necesitan una atención médica, no porque estén enfermas, sino porque su proceso necesita atención en salud. “Sacará la transexualidad de las enfermedades mentales y pasará a ser una condición, como el embarazo. Una mujer embarazada no está enferma, tiene una condición que requiere del sistema”. Dice también que el hecho de que el panorama cambie en la teoría, en un libro, no significa que automáticamente el estigma se borre. “Unos son los procesos legales y otros son los sociales”.
La construcción de la guía para la atención de personas trans parte de un diagnóstico que se ha realizado en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, además de encuestas virtuales con las que se busca conocer la realidad de personas trans en otros territorios del país. Una de las preocupaciones que se ha hecho evidente además de las barreras de acceso y el desconocimiento de los profesionales en salud, es la concepción generalizada de que las personas trans sólo necesitan de un endocrino, un urólogo o ginecólogo y un cirujano. “Somos más que eso”, dice Máximo.
Hablar de un sistema integral de salud es, para Simón Torres, ver a los individuos —no sólo a las personas trans— dentro de su contexto. “Entenderlos no sólo como huesos y carne, sino dentro de relaciones sociales, económicas, políticas y familiares”. A las personas trans también les dan caries, dolor de estómago y se les parten los huesos. Por eso, explica Torres, el sistema de salud necesita comprender la complejidad y los retos que implica una personas trans. Debe tener en cuenta si está en un proceso hormonal, si es una mujer trans que necesita de un examen de próstata o de un hombre trans que necesita una mamografía rutinaria.
Pero estos son cambios que no sólo deben darse en el ámbito de la salud. Para que el panorama cambie, también se tienen que dar procesos en el ámbito educativo, familiar y laboral. “Las personas trans salen de sus casas a temprana edad, dejan de estudiar y no acceden a un trabajo digno. Es en un círculo de pobreza y exclusión impuestas a causa de nuestra condición identitaria. Es obvio que vamos a tener problemas de salud”, explica Máximo.
Desde hace seis años, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso la creación de la política pública LGBTI y la reafirmó en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El camino no ha sido fácil y el proyecto aún no ha visto la luz. El más claro obstáculo fue el plebiscito de octubre de 2016. Hablar de ideología de género, de identidad y orientación sexual en el país se volvió tabú. “Ahora no se le hace fuerza a los temas que no son atractivos en el ámbito electoral”, explica Carlos Rocha, de la dirección de DD.HH. del Ministerio del Interior. De ahí que el MinInterior haya decidido implementar alternativas para atender las necesidades urgentes de la población LGBTI. La salud trans hace parte de aquellas que son indispensables.
“Estos lineamientos son sólo una parte de lo que debería haber en una política pública. Los lineamientos tienen potencial para poder guiar a los profesionales de la salud, pero no reemplaza la política pública que tiene más dientes, es más amplia y de carácter obligatorio”, explica Laura Fuentes, de Paiis.
Pero una alternativa a la política pública no es la única razón de esta guía. Para Máximo Castellanos, se trata además de una excusa para unir al movimiento político trans en Colombia, que hasta ahora está completamente desarticulado. Es estratégico comenzar por la salud, porque es algo que afecta a todas las personas trans sin importar su condición social ni económica. “Las personas trans somos una cuota dentro de las organizaciones sociales LGBTI consolidadas. Con nuestra letra dentro de la sigla consiguen recursos, pero no son para nosotros”, dice Máximo.
Él hace parte del equipo de comunicación de la Red Comunitaria Trans, una organización de base que trabaja con la población trans del barrio Santa Fé. Dice que la Red ya tiene nombre, pero que es difícil competir con otras organizaciones. Son muy pocos los procesos de financiación a los que han logrado acceder. Esto pasa, dice él, porque se trata de organizaciones que se levantan con las uñas. “Difícilmente hay una personas graduada ahí. No saben cuáles son las dinámicas para acceder a recursos. No hay niveles comparables en asuntos de competencia porque muchas personas trans son analfabetas, no sabemos escribir un documento, no sabemos cómo presentar un proyecto. Eso hace que las barreras y los límites sean mayores”.
Esta guía, dice Máximo, no es sólo para que los médicos conozcan cómo deben tratar a los pacientes trans y para que las personas trans tengan claros sus derechos cuando acceden al sistema de salud. Es la oportunidad para que los distintos sectores trans se conozcan, se unan y se conforme un verdadero movimiento político trans en el país.
