Esta semana los derechos humanos en Argentina están bajo la lupa del mundo. En Ginebra, donde se levanta la sede mundial de la Organización de las Naciones Unidas, se hizo el Examen Periódico Universal (EPU), un análisis comparado en el que los países hacen observaciones a partir de un informe presentado por el país. La mayoría de las recomendaciones para el estado argentino tuvieron que ver con temas relacionados con la paridad de género, violencia contra las mujeres y pueblos originarios.
Es la tercera vez que Argentina pasa por el EPU – las anteriores fueron en 2008 y 2012-. En esta ocasión, se analiza el periodo 2015 – 2017. La delegación argentina, encabezada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, no pronunció en ningún momento los nombres de Santiago Maldonado y Milagro Sala.
El sistema que se usa en estas cumbres es el siguiente: primero se presenta un informe oficial por parte del Estado en foco, al que todos los Estados tienen acceso, y luego se repasa punto por punto recibiendo recomendaciones de los demás países. Ayer, por ejemplo, la mayoría de los participantes pidió por una política activa en materia de aborto en Argentina.
“El tema fue especialmente abordado. Los países solicitaron que se garantice el acceso al aborto legal en condiciones igualitarias en todas las regiones del país. Y a la vez tomar medidas para que ninguna mujer se vea sujeta a sanciones penales por aborto, así como promover la educación sexual integral y que se abra el debate público para la despenalización”, dijo a Cosecha Roja Lucila Galkin, Coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Argentina, que viajó a Ginebra junto a las comitivas de las sociedad civil. En conjunto presentaron un informe con recomendaciones.
Ante esto, la respuesta del Estado fue que en determinados casos se garantiza el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). “Nosotros venimos justamente denunciando que no se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo. Sólo nueve provincias cuentan con protocolo para atención integral de las personas con derecho a la ILE y siete tienen protocolos que dificultan el acceso. Las demás nada: en la práctica las mujeres y niñas son hostigadas y perseguidas cuando deciden acceder al aborto, como lo refleja el caso de Belén, entre otros”, dijo Galkin y planteó que hay mecanismos para evitar la realización de abortos, tales como la objeción de conciencia: “Se calcula que en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos al año y la Educación Sexual Integral tiene ya diez años y solo ocho provincias aprobaron leyes para garantizar la ESI y aún en esas hay resistencia a integrar la ESI en las escuelas”.
Otro de los puntos fue la relación entre políticas públicas y respeto por las tierras ancestrales pertenecientes a pueblos originarios. “Muchos países manifestaron su preocupación por la discriminación hacia los pueblos indígenas, por ejemplo Brasil pidió que se tomen medidas legislativas para garantizar la demarcación de las tierras indígenas”, dijo Galkin.
Con una lectura paralela a la percepción de los organismos de derechos humanos, la comitiva oficial difundió un comunicado en el anuncian un “Plan Nacional de Derechos Humanos”. Según lo anunciaron, el plan es el producto de la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional basado y consensuado con los 20 ministerios que conforman el Gabinete Nacional.
Conocí a Amnistía cuando vivía en Salta. Por entonces militaba en una organización política y una ONG que trabajan derechos sexuales y reproductivos. Un día mi referente me comenta que había un encuentro nacional donde se reunían jóvenes de todos lados del país, donde el objetivo de era el empoderamiento y formación en los derechos sexuales y reproductivos. Dije bueno, es genial, me encantaría participar. Estaba acostumbrado a ir en colectivos de larga distancia de muchas horas y esa vez, esa primera vez, conocí un avión. Creo que nunca en mi vida me dio tanto pánico, pero la idea de conocer a otros jóvenes era más fuerte.
