Arlen Buchara – El Ciudadano.-
La Justicia provincial falló a favor de una joven 24 años que quedó con una discapacidad cerebral permanente por mala praxis durante el parto. La demanda judicial empezó después del nacimiento y en la víspera del cuarto de siglo tuvo sentencia. La obra social de Conductores de Transporte Colectivo, a la que está afiliado el papá, deberá pagar más de 4 millones de pesos de resarcimiento. La prestadora apeló el fallo, por lo que aún queda al menos un año de pelea judicial. El médico no fue condenado ni llegó a ver el resultado del litigio. Murió años atrás con la licencia intacta y décadas de ejercicio como obstetra. Según el fallo, la discapacidad de María Virginia fue provocada cuando usó mal el método de fórceps, una práctica que consiste en el empleo de unas pinzas con forma de cuchara para sacar al bebé cuando la mamá no tiene más fuerza para pujar.
Las consecuencias fueron parálisis facial, dificultades para hablar y el desarrollo intelectual de una niña de 11 años. Para el abogado de la familia, Horacio López Miró, las pacientes son víctimas de médicos que subestiman los sentimientos y la opinión sobre qué hacer con su propio cuerpo. “Hay más conciencia por parte de las mujeres y hay organizaciones que las preparan para el parto y les explican las alternativas que hay, pero esto no se condice con la práctica médica”, explicó a El Ciudadano.
De las más de 130 demandas por mala praxis que tiene a cargo el estudio de López Miró, el 20 por ciento son prácticas médicas invasivas y de alto riesgo hechas sin el consentimiento oral o escrito del paciente. Yolanda, la mamá de María Virginia, está en el listado. El 11 de junio de 1992 llegó al consultorio del obstetra de la obra social para la primera revisión. Siete meses más tarde, la madrugada del 27 de enero de 1993, entró a la sala de parto después de un embarazo sin complicaciones. El médico decidió usar fórceps tras una hora de pujar. “La bebé no salía y el medico se empeñó en sacarla por ese medio. Como no pudo, hizo una cesárea pero la niña salió con una corona roja alrededor de la cabeza”, explicó López Miró. La historia clínica registró que María Virginia había nacido con parálisis facial por el intento de sacarla con los fórceps.
Con el paso de los días la mamá y el papá de María Virginia notaron que no crecía de la misma manera que sus hermanos mayores. A los ocho meses la llevaron a una neuróloga infantil e iniciaron la demanda contra el obstetra y la obra social.
Según López Miró, desde el inicio la obra social se negó a reconocer los daños causados. “Fueron 24 años en los que pusieron todos los impedimentos legales a su alcance”, explicó. También llevó tiempo encontrar médicos de la ciudad que quisieran hacer las pericias. Los neurólogos fueron claros. Determinaron que los daños cerebrales, la parálisis facial y los problemas cognitivos fueron consecuencia de la mala práctica durante el parto. “Hay una natural resistencia de los médicos a dictaminar contra los otros médicos. Dos obstetras, por ejemplo, resolvieron en contra de evidencia objetiva de la historia clínica”, opinó.
Hace tres semanas el Juzgado en la Civil y Comercial Nº 2 falló a favor de María Virginia. Dictaminó que la obra social de los colectiveros deberá pagar más de 4 millones de pesos para resarcir los daños. La decisión fue apelada por la prestadora de salud.
Consentimiento
Para López Miró es común que los médicos obvien o ignoren el consentimiento informado. “Es obligación del médico brindarle al paciente la información completa de lo que le va a hacer, las alternativas y los riesgos. Es llamativo el desdén de los profesionales hacia la opinión del paciente”, dijo. Para él hay más conciencia por parte de los pacientes pero falta que los profesionales entiendan que el único o la única que tiene derecho a decidir que se hace con su cuerpo es el paciente. “En Argentina para que le retiren la licencia a un médico tiene que ser un asesino en serie. Los médicos hablan de la industria del juicio. Me gustaría que le pregunten a la victima de este caso si 24 años es una industria y lo que han sufrido”.
Investigan otro caso
La cartera sanitaria provincial expresó su “compromiso para esclarecer las causales” tras el fallecimiento de una niña recién nacida en el Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo. La mamá de la beba denunció la semana pasada por mala praxis a médicos del Hospital Granaderos a Caballo, de San Lorenzo. Noelia viajó el 9 de noviembre a la tardecita desde Fray Luis Beltrán a la vecina localidad del Cordón Industrial para dar a luz su hija, y después de un dificultoso trabajo de parto le comunicaron que la criatura estaba muerta. La mujer y su familia les atribuyeron a los profesionales maltrato y violencia obstétrica y reclamaron que se investigue el caso, que está en manos del fiscal Aquiles Balbis.
El profesional se entrevistó con los padres de la beba y pidió, En tanto el Ministerio de Salud de la provincia manifestó su “compromiso para esclarecer las causales del desenlace”, e informó que se instruyó el traslado preventivo de los profesionales intervinientes, a fin de garantizar la transparencia en la investigación. Asimismo, indicaron que se llevó a cabo una reunión técnica constituida por profesionales de tocoginecología, neonatología y enfermería, junto con la coordinadora de Subregión, el coordinador del Nodo Rosario del Ministerio de Salud, autoridades y profesionales.
