En la guía telefónica hay 44.054 personas de apellido Sánchez: 42 se llaman Ezequiel. Dos de ellos viven en la Villa Palito, en La Matanza. Uno cometió un robo. El otro es un militante barrial que ayuda en los comedores y brinda apoyo escolar a los pibes. La policía los confundió y Ezequiel Cristian Sánchez, el militante, pasó más casi un mes en la cárcel.
Por Pascual Calicchio.-
Los niños y las niñas del merendero Caritas Felices le dicen “profe” cuando Cristian Ezequiel Sanchez llega para dar las clases de apoyo escolar, siempre sonriendo y predispuesto a tender una mano solidaria. Los ayuda y los incentiva para que no se dejen estar en la Escuela. Ezequiel sabe que las cosas no son fáciles en el Barrio Almafuerte, conocido popularmente como Villa Palito, donde vive y colabora con los comedores del Movimiento Barrios de Pie y dando apoyo escolar. Sabe que el estudio es una de las herramientas que tiene para estar mejor, por eso se estaba averiguando las fechas de los exámenes de marzo para rendir las dos materias que le quedaron colgadas y poder anotarse en la Universidad de la Matanza.
En la madrugada del 24 de diciembre Cristian salió con sus amigos a bailar para festejar que se iba el año. Cuando volvían al barrio los para un control de la policía local de La Matanza, les piden documentos. “Sanchez” leyó el oficial y pensó que al fin le tocaba algo importante, encontrar a un prófugo: Sanchez tenía un pedido de captura vigente desde el año 2016 pedido por la Fiscalía de Instrucción Nro. 11 de esa localidad y ordenando por el Juzgado de Garantias Nro. 1.
El problema de llamarse Sanchez
En febrero de 2016 una vecina de Villa Palito denunció un robo y acusó a siete “compañeros” de su ex concubino, quien había fallecido. Tres veces lo declaró en sede policial y ante el fiscal.
Contó que ese día estaba junto a 2 amigas en su casa cuando irrumpieron 3 mujeres y cuatro hombres, todos armados con armas de fuego. Entre ellos había un joven que ella conocía como “Chancho” y de nombre Ezequiel, hermano de una de las que también le había robado. La mujer le dio a la policía la dirección donde vivía este menor y el resto de los acusados.
El error en la investigación
La investigación quedó a cargo de un oficial de Policía de nombre Rojas, quien hizo “tareas de inteligencia” en la zona. De dichas tareas, llegó a la conclusión que el joven vivía junto a los demás acusados en una casa cerca de la vivienda de la damnificada. Pero al identificar al menor utilizó el DNI y el nombre del otro Cristian Ezequiel Sanchez, que vive en el mismo barrio pero lejos de donde se produjo el robo.
En función de ello se realizaron allanamientos y detenciones. Cuando allanaron la casa, el policía Rojas lo sindicó como el que había cometido el robo, pero se dio cuenta que se había confundido con los datos. No obstante, lo detuvo. Días después lo liberaron sin ser acusado de nada. Rojas no dijo nada sobre esta confusión por lo que el pedido de captura sobre el otro Sanchez siguió vigente.
Algunos meses después, varios de los acusados aceptaron su responsabilidad en el robo y firmaron un juicio abreviado.
El absurdo
Así volvemos a diciembre del 2017 cuando Cristian Ezequiel Sanchez, el que daba apoyo escolar, es detenido y se entera que sobre él pesaba un pedido de captura. Cuando lo indagan niega haber cometido el hecho y pide una rueda de reconocimiento.
Ante la presión de los familiares y amigos, y viéndose acorralado por el error, el 9 de enero el policía Rojas va a declarar a la fiscalía y dice que en realidad todo fue un error y que se había olvidado de poner en sus informes que los dos Sanchez habían participado del robo, el menor entró y el mayor (el actual detenido) había quedado de campana. Y que recién ahora, casi 2 años después, se acordaba de lo que le había dicho la damnificada.
En lugar de rectificar el error, Rojas hizo una declaración absurda para cubrirse él mismo de una manera algo torpe: la victima del robo jamás habló de que hubiese otra persona haciendo de campana y mucho menos que se llamara también Ezequiel Sanchez o Cristian u otro apodo.
Aun a pesar de que la existencia de una persona actuante como “campana” nunca había sido mencionada por las testigos del robo, se llevó adelante una rueda de reconocimiento con una de las denunciantes. El resultado negativo.
La protesta de familiares y amigos
Ese martes 9 los/as familiares, amigos/as, compañeros/as, se movilizaron a la sede judicial ubicada en la intersección de las calles Monseñor José Francisco Marcón y Florencio Varela, en la localidad de San Justo para pedir por la libertad de Cristian. Fueron acompañados por los abogados Emiliano Montini de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos y Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos.
El Dr. Emiliano Montini explicó: “Hoy pudimos hablar con la Secretaría del Juzgado de Garantías 1, el Secretario de la Fiscalía de Cámara y la Secretaría de la Fiscalía de Instrucción Nro 11. A todos ellos les explicamos que no había una sola prueba que comprometiese a Cristian y que era un evidente error judicial, el cual había sido inducido por el oficial Rojas”
De parte de la justicia hubo un compromiso para adelantar los plazos y hacer la rueda de reconocimiento con las víctimas del hecho. Hasta ahora solo pudo hacerse con una de ellas: todavía no pudieron ubicar a la damnificada principal. Cristian estuvo casi un mes detenido. Hoy, el juez ordenó su libertad.
