Fotos: Facundo Nívolo
Juan Salomón Vallota y Sebastián Giancarelli estaban parados en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Ya había terminado la masiva marcha frente al Congreso contra la ley previsional y los chicos esperaban que se reanudara el tránsito para poder seguir limpiando vidrios. Gendarmería abrió el vallado y salieron las motos. Comenzó la cacería: los agentes les pegaron y los metieron presos junto a otros tres pibes que vieron la escena e intentaron frenar a los agentes.
A esa misma hora, Esteban Rossano se bajó del subte en una estación equivocada: iba para el Mc Donalds del Obelisco y salió en la zona del Congreso. Lo detuvieron cuando intentó ayudar a una mujer. Diego Parodi había sido una de los primeros detenidos de la marcha. A Pablo Giusto lo apresaron a la noche, cuando se acercó a la comisaría a ver a su compañero. Los cinco jóvenes llevan más de un mes detenidos: están acusados de “infundir temor público” para “coaccionar la actividad parlamentaria”. La Justicia Federal les negó la excarcelación porque considera que pueden entorpecer la investigación.
Los 44 detenidos tras la marcha del 14 de diciembre y los 27 del 18 de diciembre están acusados por los delitos de intimidación pública, daños, resistencia a la autoridad y coacción. Muchos de ellos ni siquiera participaron de las movilizaciones. “Hay una decisión del Poder Judicial de utilizar las detenciones como escarmiento para quienes participen de protestas sociales”, dijo a Cosecha Roja María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Juan y Sebastián son dos jóvenes en situación de calle que se las rebuscan limpiando vidrios en la zona del Congreso. Gendarmería no detalló los motivos de la detención. Les atribuyeron de manera genérica “haber intervenido de los tumultos y desórdenes públicos” en la zona del Congreso.
Después de tomarles declaración indagatoria, el juez Claudio Bonadío les negó la excarcelación porque no tenían arraigo. Es decir, un domicilio fijo. “Los dos aportaron los domicilios de sus padres, Sebastian también dio otro domicilio de una personas de confianza y los abogados nos pusimos a disposición como vehículo directo para cualquier notificación”, contó Verdú.
En el caso de Sebastián, el juez también argumentó que tenía antecedentes por robo. “Son delitos comunes que nada tienen que ver con actividades políticas. Ya cumplió la condena y se presentó siempre ante cada uno de los juzgados”, agregó Verdú.
La defensa apeló y resolvió la Cámara Federal. Los jueces confirmaron las detenciones pero cambiaron el motivo. Los jueces explicaron que todavía falta el análisis detallado de las filmaciones y los dos jóvenes en situación de calle podrían entorpecer esa medida de prueba, que está a cargo de la División Reconocimiento Antropométrico de la Policía de la Ciudad.
Diego Parodi es jardinero. Bonadío le negó la excarcelación porque se presentó a declarar con una remera distinta a la que llevaba cuando lo detuvieron. El juez consideró que se había cambiado la prenda negra por una verde para evitar ser imputado. La Cámara sostiene que fue detenido “tras haber sido visto una bomba tipo molotov a un patrullero que se encontraba circulando frente a él”. “En el tema de la excarcelación no tienen que discutirse los hechos sino de los peligros procesales, que son alteración de prueba o peligro de fuga. Ninguno de ellos tiene antecedentes. Tampoco hay peligro de fuga”, dijo a Cosecha Roja la abogada Gabriela Conder, de la Gremial de Abogadas y Abogados.
Pablo Giusto tiene 38 años, es fletero y solía levantarse cada mañana a las 5 para ir a trabajar. La Justicia lo acusó de “arrojar una bicicleta al personal policial, y luego forcejear con ellos e intentar extraer una navaja que tenía en su bolsillo” en Cerrito y Avenida de Mayo.El juez sostuvo que si quedaba en libertad podría entorpecer el allanamiento que se estaba desarrollando en su casa en el mismo momento en que el juez tomaba la decisión. En el allanamiento, al igual que en los que hicieron en las casas de los otros detenidos, no encontraron nada. Igual quedó preso.
El caso de Esteban Rossano es el más conocido. Tiene 19 años y desde los 9 sueña con entrar al Ejército. Vive en Morón con el papá, a quien le da una mano en un puesto de golosinas en una estación de colectivos. El 14 de diciembre fue con un amigo a pasear a Capital. Querían ir a comer al Mc Donald’s de 9 de Julio y Corrientes pero se bajaron una estación antes, en Sáenz Peña. Afuera Gendarmería estaba en plena cacería. Lo detuvieron cuando intentaba ayudar a una mujer.
El padre y el abogado denuncian que le plantaron en la mochila dos piedras y cuatro panfletos de tres agrupaciones políticas diferentes que levantaron de la calle.
“Lo común a las cinco detenciones es que en ningún caso los jueces hacen una descripción clara y específica de las conductas que se reprochan sustentada en pruebas que puedan ser contrastadas por la defensa de los detenidos. Tampoco está justificado por qué las causas siguen tramitando en el fuero federal”, denunciaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Los cinco jóvenes cumplieron ayer un mes tras las rejas. Están acusados de un delito que prevé penas de hasta 6 años de cárcel.
