En una clínica colombiana Ákemi Sofía Rave comienza una consulta médica tras una intensa lucha por pertenecer al sistema de salud. El médico que la atiende comienza a llenar el formulario. Su cédula es totalmente clara: Ákemi es bogotana, tiene 30 años, está a punto de cumplir 31 y su sexo es femenino.
Tras varios puntos en el cuestionario, esos que constante y repetidamente piden información por enfermedades heredadas, historias genéticas familiares, peso y talla; el profesional de la salud le pregunta por sus métodos de planificación para no quedar embarazada. Una sonrisa irónica se dibuja en sus labios. Luego, de esa misma boca, se desprende una respuesta: “ninguna”. Ákemi, cuyo nombre quiere decir sabiduría, es una mujer trans.
Escenas como estas, que podrían dibujarse en los libros de lo absurdo, son recurrentes en el sistema de salud colombiano y, probablemente, lo seguirán siendo; al menos durante los próximos 10 años. ¿Una de las razones? El Censo que comenzó a realizarse en Colombia el 9 de enero de 2018.
En esta ocasión – como en otras – esta herramienta estadística no incluye preguntas enfocadas en reconocer ni la identidad ni la orientación sexual de la población Lgtbi, insistiendo en una violencia estructural y simbólica que, en palabras de César Rodríguez Garavito, abogado, director y cofundador de Dejusticia, “es una forma de decirle a una persona: usted no existe, usted no registra”.
Sofía es clara en su principio de realidad: tiene que diligenciar el Censo y lo hará. Como bien sabe decirlo desde la formación matemática que adquirió mientras fue estudiante de astronomía, “el país necesita saber al menos cuántos somos y aunque lo llene acomodándome, al menos una parte de mí quedará registrada”.
Colombia, en cambio, perderá una valiosa oportunidad para conocer, al menos con este mecanismo, cuántos de sus habitantes pertenecen a la población Lgtbi, cuáles son sus necesidades, sus vulnerabilidades, si tienen casa o si no la tienen o en qué grado de escolaridad se encuentran, solo por hacer una lista clasificatoria. Asimismo, perderá la ocasión para conocer a qué políticas públicas, dirigidas a esta comunidad, debe de dirigir sus esfuerzos.
Mientras el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – afirma en los medios de comunicación nacionales que estos datos podrán recogerse por otras vías, Sofía trabaja en su campaña como Senadora. Amparada en el número 54 del tarjetón de la Alianza Verde, defiende la educación, la justicia social y el medio ambiente.
El 11 de marzo de 2018 llegará a las urnas con sus propuestas y de ser elegida, podría convertirse en la primera senadora transgénero del país; noticia que, probablemente, asombre al médico de su sistema de salud.
“Si algo no se cuenta no se ve, ni se entiende. No existe”: Fernandes
Una de las varias decisiones polémicas que Donald Trump tomó en el año 2017, y que fueron calificadas como “en contra de la población Lgtbi”, fue excluir del censo de este país las categorías que permitieran preguntarle a una persona si era lesbiana, gay, bisexual o transgénero.
Estas medidas, que solían indignarnos a los colombianos, fueron denunciadas en el diario The New York Times por el abogado Praveen Fernandes, quien fuera consejero principal de la Oficina de Manejo de Personal de los Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama.
Corría para entonces el mes de mayo y, en pleno debate por las fallas al recolectar información de los estadounidenses, John H. Thompson, director de Censos de los Estados Unidos, presentaba su carta de renuncia.
Desde la ONG colombiana Dejusticia investigadores como César Rodríguez Garavito y Rodrigo Uprimny, han denunciado una situación similar. Incluso, han sostenido debates con Mauricio Perfetti, director del DANE, frente al tema.
“Sabemos que hasta la semana anterior a la apertura del Censo estaban las preguntas Lgtbi. Decidieron sacarlas. Además, no publicaron el cuestionario antes de abrirlo. La ciudadanía no tuvo la oportunidad de conocerlo ni de realizar observaciones”, enfatiza Rodríguez.
Al preguntarle al DANE por las denuncias de Dejusticia, que se han difundido en medios de comunicación como El Espectador, Caracol y RCN Radio; la entidad afirma que “técnicamente no es correcto hablar de un ‘borrador’ del cuestionario” y que sí se realizaron las pruebas experimentales de las cuales se recibieron recomendaciones internacionales. No obstante, de 300 colombianos consultados vía Twitter para este artículo, ninguno afirmó haber conocido previamente las preguntas.
El DANE agrega, además, “que hay que recordar que los censos no son la única herramienta que los países tienen para producir información estadística, por lo cual, no todas las necesidades de información deben ser satisfechas en el censo nacional”.
Bajo esta premisa, sostienen desde Dejusticia, también quedaron excluidas preguntas relacionadas con la población campesina y la pobreza multidimensional. “De hecho las preguntas orientadas a personas en situación de discapacidad entraron en último momento”.
La decisión ha resultado polémica entre diferentes sectores. Mientras que los campesinos adelantan, de la mano de la ONG, acciones de tutela que obliguen al DANE a incluir preguntas por su población en próximas encuestas, la población Lgtbi también ha sentado su voz de protesta por lo que consideran una contradicción estatal: aprobar derechos que luego son vulnerados en una herramienta tan importante como el censo nacional.
“La Corte Constitucional ha realizado varias ampliaciones para reconocer y posibilitar el ejercicio pleno de nuestros derechos a través de reformas al Código Civil y al Código Penal. Lo que ha hecho es poner en coherencia el espíritu Constitucional en el marco jurídico y legal. Sin embargo, el desinterés del gobierno de censar a la población Lgtbi va en contravía de este esfuerzo y deja en entredicho nuestra ciudadanía”, expresan desde el colectivo Sentimos Diverso, que trabaja en las ciudades de Bogotá y Quito, en Ecuador, por el respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Por su parte, Madelin Clavijo, activista y politóloga, lamenta que este censo no posea una perspectiva interseccional. “Al no tener en cuenta una herramienta que analice las diversas matrices de opresión (sexo, género, raza, clase); no reflejará en su análisis las situaciones de vulneración material de la población. Si bien es complejo que un censo nacional llegue a tal detalle, sí es lamentable suprimir preguntas básicas que den cuenta por lo menos de un aproximado de personas Lgtbi en Colombia”.
La ausencia de esta información seguirá prolongando temas tan complejos como la discriminación, el aislamiento social, las disparidades en salud y la fragilidad económica que enfrentan estas poblaciones. Asimismo, prolonga ideas generalizadas y falsas de que la población Lgtbi no utiliza los servicios del estado. Invisibiliza a la comunidad y vuelve a meterla dentro de ese oscuro lugar conocido socialmente como el clóset.
No hay nada más íntimo que la identidad
La primera vez que Sofía fue obligada a relegar su identidad tenía 3 años. Desde que estaba muy pequeña, cuando en su familia la llamaban Alejandro, comenzó a mostrar comportamientos femeninos y a pasar más tiempo del socialmente permitido para un hombre con las mujeres.
“Luego de eso empezaron a llevarme a terapias psicológicas. Fui todos los jueves del curso de transición escolar a terapias. A raíz de eso también decidieron cambiarme de colegio para uno masculino”, cuenta. Las cosas no tardaron mucho en cambiar; pero, no a beneficio del psicólogo que insistía en un camino ‘por la recuperación de la identidad’. “No hubo una semana de mi vida escolar donde no me hicieran ‘bullying’, donde no atentaran contra mi personalidad y mi intimidad”.
Al preguntarle a Sofía por la relación entre el censo y la intimidad, ella simplemente responde que “no hay nada más íntimo que el respeto por la identidad”. Según argumenta el DANE, una de las razones por las que no se incluyeron estas preguntas, obedece a razones técnicas que prohíben a los censos incluir preguntas sobre la intimidad de una persona, considerando, en este punto la orientación y la identidad sexual.
Sofía fue candidata al Concejo de Medellín y ha trabajado con diferentes organizaciones activistas, como puede verse en esta fotografía.Foto: Archivo particular / Sofía Rave
“Las recomendaciones de las Naciones Unidas indican que los censos deben recopilar información que todas las personas puedan y quiera proporcionar fácilmente. Se considera que preguntas por la orientación y la identidad de cada persona, hacen parte de la intimidad. El margen de personas que no haría la declaración correspondiente podría ser significativo y, por ello, la cobertura y fidelidad de esos resultados podrían terminar comprometidos”, responden. No obstante, Sofía realizará su censo como mujer.
Rodríguez Garavito afirma que argumentar privacidad es una excusa insostenible. “Todos los datos que se obtienen en un censo son privados. Es decir, yo no le digo a un extraño, por ejemplo, cuánto me gano. Además, los censos tienen la obligación de proteger y anonimizar los datos que obtienen”.
Cuando estaba en octavo grado, Sofía decidió alejarse del colegio en el cual estudiaba, el San Carlos. Se fue a otro y desde allí empezó a construirse. Se hizo trans, pero nunca fue gay. “Fui trans desde que salí del closet. El tránsito no siempre es binario y yo soy una trans lésbica, es decir, que me gustan las mujeres”.
Tras asumir públicamente su identidad, Sofía perdió a toda su familia. Luego, ingresó a la Universidad de Antioquia, donde comenzó a estudiar astronomía. Tramitó la escritura pública donde le notificaba a un notario que quería cambiar de nombre y de sexo y luego, cuando la Sentencia T-063 de 2015 lo permitió, realizó el trámite que le permitía refrendar su cédula de ciudadanía.
Ese día comenzó a cambiar toda la historia de su vida: diplomas, certificados y demás documentos donde apareciera su nombre. No obstante, nunca logró finalizar el trámite en la Universidad de Antioquia, de la cual se terminó retirando porque aunque Sofía asistía a clases, el sistema solo permitía calificarle a Alejandro.
Hoy es estudiante de historia en la Universidad de Caldas y antes de reconocerse trans, se reconoce como una profesional, una colombiana preocupada por “salir del embotellamiento en el que se encuentra el país”. Una enamorada de las ciencias que cree que en la educación está el camino de una mejor comprensión del mundo, entre esas comprensiones la de la diferencia.
Sofía fue candidata al Concejo de Medellín, también por el Partido Verde. Ha hecho parte de grupos LBT (Lesbianas, Bisexuales y Transgénero), de Antioquia Trans y de Lestorbamos.
Además de Sofía, estas elecciones también cuentan con otra candidata trans al Senado de la República. Se trata de Tatiana Piñeros, una bogotana de 40 años que fue la primera mujer transgénero en dirigir el Instituto Distrital de Turismo, durante el gobierno de Gustavo Petro.
Piñeros participará de las elecciones como candidata de la Lista de la decencia, coalición de varios movimientos políticos de izquierda.
Por su parte, Daniela Maldonado, Lulú, directora de la Red Comunitaria Trans, también intentó ser candidata a la Cámara de Representantes de Bogotá en la lista cerrada de las Farc. No obstante, no alcanzó a tener la documentación necesaria para oficializar su aspiración.
¿Le queda algún camino al Censo 2018?
Una vez un censo está rodando no hay nada que pueda detenerlo. Pese a que Sofía sabe que es prioridad del Estado velar por los derechos de toda la ciudadanía y que la ausencia de representación puede ver sus derechos disminuidos, también es consciente que debe continuar.
Ni las vueltas atrás ni la relatividad del tiempo son un argumento suficiente para devolverlo. Sofía tendrá que esperar 10 años más la posibilidad de ser reconocida en el sistema de medición más grande del país. El DANE, a su vez, indagará en otros registros administrativos la existencia de otras personas como ella, según le expresó a EL TIEMPO.
Dejusticia, por su parte, afirma que lo único que puede hacerse es entablar acciones de tutela que, ocasionalmente, puedan obligar al Estado a incluir las preguntas necesarias en las próximas encuestas, herramientas que no tendrán el mismo impacto que el censo, pero que al menos darán una perspectiva de futuro.
Mientras tanto, la población Lgtbi seguirá esperando soluciones que les permitan analizar crímenes de odio que solo pueden detectarse desde sus atrocidades: violaciones, apedradas, empaladas, descuartizadas o acuchilladas.
También esperarán un censo donde se reconozca, en medio del postconflicto, una identidad justa a ese grupo de colombianos y colombianas que, entre 1983 y 2016, sumó 142 víctimas al conflicto armado colombiano, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (20 de septiembre de 2017).
Al terminar la conversación que la da vida a este artículo, Ákemi Sofía Rave sostiene entre sus manos la esperanza de llegar al Senado y transformar. Sabe que no cuenta con maquinaria política; pero, cree que podría ser la primera mujer trans en ocupar una curul. También se ilusiona con la idea de que sean dos.
Quiere que se hable de sus amigas sin la necesidad de poner una cuchilla debajo de su lengua. Quiere que se hable de sus amigas sin la necesidad de mentirle a un trámite estatal.
Estas serían las preguntas que Sofía incluiría en el censo
Para irse a lo básico y sin complejizar en el mar de categorías existentes, estas serían las preguntas que Sofía le hubiera sugerido al censo. ¿Cuál es su respuesta?
Según información obtenida por Dejusticia, realizar las preguntas que permitieran identificar la pobreza multidimensional, le hubiera generado al DANE un costo de 25 mil millones de pesos más en el censo actual. Esta cifra es menor a la invertida por el Estado en la Consulta Liberal.
*Este artículo se realizó en el marco de la Beca Cosecha Roja. También se publicó en El Tiempo.
