Foto: Joaquín Salguero para Nuestras Voces.-
Los cuatro periodistas de la agencia oficial Télam que habían ido a cubrir el miércoles la marcha de Barrios de Pie desde Liniers hasta el Ministerio de Desarrollo Social descubrieron que los seguía un Volkswagen azul. Frenaron y el auto de atrás también se detuvo. Arrancaron y avanzaron unas cuadras y volvieron a pararse. El Volkswagen se les puso a la par. Un hombre bajó del auto y se acercó a la ventanilla. Se presentó como policía de la Ciudad pero no se identificó.
-¿Son de Barrios de Pie? -preguntó el agente de civil.
-No. Somos periodistas de Télam.
La respuesta era obvia. El móvil en el que iban un camarógrafo, un reportero gráfico, una cronista y el chofer estaba completamente ploteado con el logo de la agencia de noticias del Estado. El policía que los increpó dijo que tenía órdenes de la Comuna 4 de seguir a los militantes que participaban en la manifestación.
En su primer año de vida la Policía de la Ciudad demostró una gran vocación para la represión de la protesta social. En las cuatro movilizaciones más importantes del 2017 intervinieron agentes de civil, algo expresamente prohibido por la ley de Seguridad Pública de la Ciudad, hubo más de un centenar de detenciones arbitrarias y heridos por balas de goma, gases y palazos y un ensañamiento particular con los trabajadores de prensa.
La fuerza acumula denuncias por 24 casos de ejecuciones, una investigación por corrupción en las que está detenido José Potocar, el primer jefe de la fuerza, e impugnaciones de organismos de derechos humanos a la designación del nuevo jefe, Carlos Kevorkian, un experto en represiones que estuvo al frente del operativo en 2005 en el que fue asesinado un joven en un partido de fútbol.
Represiones y detenciones ilegales
El 18 de enero de 2017, a los pocos días de su puesta en funcionamiento la nueva policía hizo su debut como fuerza de choque. La infantería arrojó gases y corrió a personas en situación de calle que habían cortado la calle frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad en reclamo por el cobro del subsidio habitacional.
La nueva fuerza perfeccionó su accionar represivo. La intervención policial en la movilización por el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017 fue el laboratorio en el que la Policía de la Ciudad ensayó una dinámica represiva que luego repetiría en otras protestas.
Aquel día el acto a Plaza de Mayo terminó sin incidentes. Durante la desconcentración comenzó la razzia para limpiar la zona: una “cacería” de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos se repitieron en los testimonios de las veinte personas detenidas, los testigos y en la cobertura periodística.
La noche anterior cuatro hombres que dijeron ser policías habían perseguido y retenido a un grupo de seis mujeres que realizaban tareas de difusión del Paro. La Policía de la Ciudad montó un operativo con tres patrulleros, motos y una decena de efectivos para trasladar a la comisaría a las seis chicas.
La mañana del 9 de abril llegaron los caños de hierro frente al Congreso y los maestros empezaron a levantar una escuela itinerante para realizar actividades y visibilizar las demandas. A las siete de la tarde una hilera de efectivos avanzó por Hipólito Yrigoyen. Cuando estuvieron frente frente atacaron con gas pimienta a la cara de los docentes. Fueron veinte minutos de palazos y gases. Alrededor de diez docentes resultaron heridos y dos fueron detenidos.
Las imágenes de la represión se viralizaron: a los pocos minutos se acercaron al lugar referentes políticos, sindicales y sociales y cientos de vecinos indignados al ver a la policía pegándole a los maestros vestidos con guardapolvo blanco.
El 28 de junio la Policía de la Ciudad intervino en una protesta del Frente Milagro Sala, que nuclea a unas veinte organizaciones sociales, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Un video de aquella tarde muestra al líder de la Tupac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini negociando con el jefe del operativo: los manifestantes aceptaron liberar el carril del Metrobus y la policía aceptó no avanzar contra ellos.
Después de liberar el carril las autoridades del Ministerio convocaron a los representantes de las organizaciones. Cuando estaban en el despacho de uno de los funcionarios comenzó la cacería en la calle. La policía avanzó con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Los videos registraron a policías de civil que simulaban ser manifestantes deteniendo a hombres y mujeres. Los tiraron al piso y les pegaron bastonazos. Entre los manifestantes había mujeres embarazadas, otras con niños y personas discapacitadas. El saldo de la represión fue de más de una decena de detenidos y varios heridos.
Casi dos meses después, la Policía de la Ciudad volvió a intervenir en una movilización pacífica a Plaza de Mayo. El 1 de septiembre más de 200 mil personas participaron del acto al cumplirse el primer mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
La represión fue calcada a la del Paro de Mujeres: la Policía salió de cacería cuando ya había terminado la marcha y salieron a detener “perejiles” en la zona. Al docente José Morales lo acusaron de tirar piedras en Plaza de Mayo y quemar tachos de basura, pero lo detuvieron en Avenida de Mayo y 9 de Julio, cuando salía de una pizzería. El informe policial dijo que lo habían apresado a las 20.18. Entre sus pertenencias el docente tenía el ticket de la pizzería: salió de comer a las 22.
La mayoría de los detenidos fueron reporteros gráficos, estudiantes universitarios y militantes de organizaciones sociales. Contra las detenidas mujeres la saña fue especial: a una de las chicas la despertaron mientras dormía en la celda, la obligaron a desnudarse mientras tres agentes policiales varones la miraban y uno de ellos filmaba los tatuajes de su cuerpo a una distancia corta en la Comuna 12. Otra joven de 23 años tenía que amamantar a su bebé pero estuvo encerrada en una celda de un metro y medio por un metro y medio durante casi dos días. Cuando fueron a declarar a todas les preguntaron por su orientación sexual.
Esta represión en Plaza de Mayo tuvo una novedad. La policía utilizó por primera vez una figura penal que luego se convertiría en un arma fundamental en la persecución de la protesta social: a todos los detenidos los acusaron de intimidación pública, un delito federal que presupone que el acusado intentó “infundir un temor público” y tiene penas de hasta seis años.
El 18 de diciembre la Policía de la Ciudad quedó a cargo del operativo frente al Congreso por la segunda manifestación contra la reforma previsional, después de la represión de Gendarmería en la que hubo decenas de heridos, entre ellos diputados nacionales y trabajadores de prensa.
La fuerza porteña repitió la modalidad utilizada en el 8M y en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Durante varias horas la policía contuvieron a los manifestantes sin necesidad de reprimir, hasta que el oficialismo logró dar inicio a la sesión en Diputados. En ese momento la policía avanzó contra los manifestantes. Abrieron el vallado y la brigada motorizada salió de cacería en los alrededores del Congreso.
En las calles laterales detuvieron a más de 40 personas: entre ellos varios periodistas y personas que no habían participado de la movilización. En el operativo trabajaron policías de civil, algo expresamente prohibido en el artículo 100 de la ley de Seguridad Pública de la Ciudad. También dispararon balas de goma al cuerpo y lanzaron gases a la cara de jubilados.
Un jefe corrupto y otro experto en represiones
El día más importante de su carrera el comisario José Potocar se vistió con traje gris, camisa blanca y corbata roja. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo presentó públicamente como el primer jefe de la flamante Policía de la Ciudad, una fuerza integrada por 25 mil ex agentes de la Metropolitana y la Federal.
Potocar, un comisario graduado en la Academia del FBI que hizo carrera en la Policía Federal en Seguridad Metropolitana, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos y como director de Comisarías de la Ciudad, entró en funciones tres días después, el 1 de enero de 2017. Duró apenas 140 días en el cargo: en abril fue detenido acusado de liderar una organización que cobraba coimas a trapitos y comerciantes en los barrios porteños de Núñez y Saavedra.
Unos días antes que termine el 2017, Rodríguez Larreta presentó al candidato para reemplazar a Potocar: Carlos Arturo Kevorkian, un policía de 66 años que hizo carrera en la Federal y que se desempeña como sub jefe de la Policía de la Ciudad desde el día que nació la fuerza.
Kevorkian es un jefe experto en represiones. El 29 de junio de 2005 dirigió el operativo del partido de fútbol en la última fecha del torneo de fútbol entre Defensores de Belgrano y Chacarita en el estadio de Huracán. Aquella tarde Defensores descendió a la Primera B Metropolitana. Después de tener a los hinchas más de 40 minutos en el estadio abrieron las puertas y los hicieron salir por un cordón angosto mientras les pegaban palazos y golpes con manoplas. A Fernando Blanco, de 17 años, lo golpearon y lo cargaron malherido en un patrullero. Dos días después murió en el hospital.
Trece años y medio después del asesinato de Blanco, Kevorkian estuvo al frente de la represión en el Congreso durante la manifestación contra la reforma previsional en la que hubo más de 40 detenciones irregulares, un centenar de heridos y tres manifestantes perdieron un ojo por las balas de goma.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y el bloque de Unidad Ciudadana de la Legislatura porteña impugnar la candidatura de Kevorkian. Ahora el jefe de gobierno deberá definir si avanza con su designación o elige un nuevo candidato.
La policía del gatillo fácil
Christian Toledo tenía 25 años. Sus vecinos de las Villa 21-24, en Barracas, lo conocían como el Paraguita. Trabajaba en la ferretería que está frente a la parroquia Caacupé, en una de las calles principales del barrio. El 15 de julio de 2017 volvía de bailar con dos amigos en auto cuando el bombero de la policía Adrián Gustavo Otero los persiguió en su coche y los atacó a tiros. Al Paragüita una bala le atravesó el pecho y murió dentro del auto.
El agente dijo que los tres jóvenes le habían querido robar. El juez lo procesó por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de su condición de integrante de una fuerza de seguridad” y se convirtió en el primer policía de la Ciudad que llegará a juicio por un caso de gatillo fácil.
Según denunció María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada de la familia Toledo, a lo largo de 2017 la Policía de la Ciudad asesinó a 24 personas desde el 1 de enero de 2017.
