En la audiencia de hoy por el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo los diputadxs pudieron conocer el caso más emblemático de cómo se utiliza el Código Penal desde una perspectiva moral para criminalizar y castigar a las mujeres que no pueden o no quieren ser madres. La abogada Soledad Deza expuso el caso de Belén, la joven tucumana que pasó 881 días presa por un aborto espontáneo. Y mostró las cifras que revelan cómo la Justicia condena a las mujeres a la maternidad obligatoria.
Como abogada, Deza acompañó a mujeres y niñas tucumanas a las que “médicos inescrupulosos” le negaron abortos terapéuticos en embarazos forzados o riesgosos para su vida o su salud.
En la provincia de Tucumán hay 534 causas por causas de aborto: “El 97 por ciento tiene a las mismas mujeres abortantes como imputadas”, explicó. “El Estado no solo persigue abortos provocados o autoprovocados, sino que también persigue abortos que no son delitos. Un 24 por cientos de las causas son por eventos obstétricos adversos como el aborto natural o abortos espontáneos”, explicó.
Belén integra ese porcentaje de mujeres criminalizadas. La joven tucumana tenía 27 años cuando llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales. Esperó varias horas. Como tenía un sangrado cada vez más abundante fue derivada al Servicio de Ginecología, donde le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo. Ella no sabía que estaba embarazada.
Los médicos la sometieron a distintos tipos de maltratos. La insultaron y le mostraron un feto que supuestamente encontraron en un baño y le dijeron que era su “hijo”. Después la denunciaron a la policía. Belén pasó del hospital a la cárcel.
La causa estuvo plagada de irregularidades: el feto fue encontrado a las 3 de la mañana. Belén llegó al hospital 50 minutos después. Tampoco se probó que ella hubiera estado en el baño donde lo encontraron. El feto desapareció y nunca se cotejó su ADN con el de Belén. La autopsia nunca demostró que hubiera nacido con vida. Belén declaró que no sabía que estaba embarazada y la Justicia nunca la escuchó. La condenaron a ocho años de cárcel por homicidio.
Belén pasó tres años presa. La lucha feminista logró que la Corte Suprema de Justicia ordenara su libertad y que el tribunal que revisó su condena dictara su absolución. El mismo movimiento feminista que liberó a Belén logró que el debate por el aborto legal, seguro y gratuito se discuta hoy en el Congreso de la Nación.
