Una avioneta aterrizó en un campo cerca de Villa Urquiza, en Entre Ríos. En tierra esperaban cuatro personas. La Policía Federal los detuvo antes de que pudieran descargar los 317 kilos de marihuana en una camioneta S10. El juez federal Leandro Ríos avanzó en la investigación y descubrió ramificaciones que llegaban hasta el poder político de Cambiemos en Paraná: ayer la policía allanó la sede del Municipio, la casa del intendente, Sergio Varisco, y de varios colaboradores.
Después de las primeras detenciones Ríos avanzó en la pata política de la organización criminal pero no ordenó detener ni procesar al intendente y a su círculo cercano. Le faltaban pruebas para probar sus sospechas: que la campaña electoral de Varisco fue financiada con dinero de la venta de marihuana y cocaína.
Por eso ayer el juez ordenó allanar el Municipio, las viviendas particulares del intendente y su madre y el despacho y la casa del concejal Pablo Hernández y de la funcionaria municipal Griselda Bordeira, donde podría haber documentación que vincule al poder político de Paraná con Daniel “Tavi” Celis, cabeza de la organización y artífice de una “compleja maniobra de ingeniería política financiera” para mantener y hacer crecer su “dominio territorial” en la zona oeste de la ciudad, según explicó el juez cuando procesó a los 22 integrantes de la organización, entre ellos algunos empleados del Municipio que ingresaron en la gestión de Varisco.
“Mediante la celebración de diversos acuerdos políticos, entendidos como pactos de confianza con el entonces candidato a intendente Sergio Fausto Varisco quien prometía un gobierno de puertas abiertas, Celis logró la incorporación (a la Municipalidad de Paraná) de su pareja Fernanda Orundés Ayala, Renzo Bertana, María Laura Zurita y de Hernán Jesús Rivero, entre otras personas”, explicó el juez.
Los investigadores descubrieron que Celis siguió manejando la organización desde el penal a través de teléfonos celulares. Su poder se extendía a otras ciudades entrerrianas San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá y Seguí y a algunas de la provincia de Santa Fe. Hace una semana, en un allanamiento en la casa de Luciana Lemos, la pareja de Celis, secuestraron tres kilos de cocaína.
La Justicia escuchó sus conversaciones y descubrió que el jefe narco mantenía vínculos con al menos seis dependencias municipales. Incluso sospechan de que se utilizaron inmuebles municipales como punto de almacenamiento de drogas y camiones oficiales para el traslado.
Después de los allanamientos el intendente dio una conferencia de prensa. Dijo que estaba tranquilo. “Abrimos las puertas del municipio, los archivos, las anotaciones particulares, todo, para que la Justicia dilucide y yo soy el más interesado en que rápidamente se llegue a la verdad”. El juez Ríos tiene en su poder la documentación y la información de los teléfonos celulares y las computadoras secuestradas. Ahí está la clave de la investigación para determinar el rol del poder político en la estructura de la organización narco.
