Por Vanina Pasik/ La foto es ilustrativa
Con la saturación por el aumento y los cambios en materia de violencia institucional, en la sede de la CTEP se celebró una Asamblea Abierta por los Derechos Humanos con una participación muy nutrida -a pesar de la tormenta que azotó a Buenos Aires este 8 de mayo-, cuando se conmemoraba por sexto año el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Las violencias y los miedos estructuran, disgregan, son herramienta de control social. El lado A es la “(in)seguridad” de todos los días, multicausal. El lado B es la violencia a la que quedan expuestos los sectores sociales estigmatizados por estos discursos de odio, que señalan a determinados grupos de personas como “peligrosos” y los culpan de todos los males. De un lado y del otro, todos y todas tienen miedo -aunque no sepan bien a quién le deben temer-. Entre los estigmatizados, en 2017, se contabilizaron 15 mil hechos de tortura.
La Asamblea Abierta por los DD.HH. buscó elaborar un diagnóstico colectivo de la situación represiva, con organizaciones con fuerte presencia callejera y comunitaria, mezclados con quienes traen la experiencia de la resistencia a la Dictadura, y militantes de distintas disciplinas que vienen trabajando alrededor de la temática. La tarea quedó pendiente, las voces que se fueron escuchando dieron cuenta de diversas situaciones personales y colectivas, mezcladas con herramientas que se iban proponiendo para actuar en casos de urgencia.
Abrieron la ronda Lito Borello, secretario de DD.HH. de CTEP y el diputado nacional Leonardo Grosso. Después rompió el hielo Raquel Witis, mamá de Mariano, que tenía 23 años cuando un policía lo mató junto a Darío Riquelme, un chico de 16 que le estaba robando, el 21 de septiembre del 2000. Raquel comenzó hablando con mucha angustia y preocupación, en medio de una corrida monetaria que refuerza las reminiscencias con la crisis de principios de siglo. Ella es parte también de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, y estaba sentada en un esquina de el salón de la CTEP, acompañada por otras mujeres del colectivo de Familiares que impulsan la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional: Gumercinda Giménez, madre de Judith y también militante de la Tupac Amaru, Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, Gonzalo Bugatto, hermano de Lautaro, entre otros.
Se denunció sobre todo la impunidad que el Gobierno Nacional promueve para aquellos funcionarios que cometan delitos contra la vida, en defensa de la propiedad. Retumbaba la idea de que disparan “por la espalda”. Con la “doctrina Chocobar”, con ese aval político a las versiones policiales, queda cada vez más excluida la voz de quienes padecen otras injusticias: quienes trabajan con la venta ambulante y son desalojados del espacio público, por ejemplo. La violencia va tejiendo una trama con otras necesidades, con otras deudas de la democracia, y le facilita la posición a los poderosos. Vale pensar en las disputas por las tierras, por la basura, por el espacio público, en la lucha de las comunidades originarias, en el colectivo LGTB, etc.
Mario Santucho, quien es parte de la Comisión de Estudios de las Violencias en los Territorios, planteó que hoy hay un clima de “posdemocracia”, sobre todo por el deterioro de herramientas centrales como el derecho a la protesta. Dijo que es imprescindible pensar en nuevas herramientas, así como HIJOS ante la impunidad de los 90 ideó las mesas de escrache, de cara al conjunto de la sociedad, para que toda la ciudadanía hiciera sentir la condena social a los genocidas, que gozaban de las leyes de obediencia debida, de punto final, y luego de los indultos.
Más allá de la escalada represiva, más allá de las intenciones de los gobiernos, se dijo también que el pueblo cuando se organiza, se moviliza y crece en niveles de conciencia “se lleva puestas” esas intenciones. El ejemplo obligado fue el movimiento antipatriarcal de mujeres, lesvianas, trans y travestis que viene creciendo y parece no tener techo.
El 3 de junio de 2015 comenzó gritando #NiUnaMenos por las víctimas de femicidio, se debatió respecto del carácter punitivista de los reclamos iniciales, construyó transversalmente con todos los sectores, y hoy está impulsando el debate por el aborto legal, gratuito y en todos lados, para que sea aprobado por el Congreso de la Nación. La realidad de las mujeres pudo incorporarse en la agenda de los Derechos Humanos, y en la agenda política del país.
Las víctimas de violencia son hijos e hijas del pueblo trabajador, y la fragmentación de clase dificulta la pelea. Así como las mujeres encontraron un marco para que el grito se haga tan fuerte, que logre mover los cimientos de las sociedad, las víctimas invisibles de la violencia institucional se proponen tomar el ejemplo.
Las víctimas de violencia institucional son parte de familias excluidas. En este colectivo hay quienes trabajan sin patrón y se reconocen como trabajadorxs de la economía popular, o son cooperativistas, o artesanas, o vendedores ambulantes, trabajan por cuenta propia, limpian casa, cuidan chicos, hacen changas con algún oficio. Todos y todas pierden plata cuando se enferman, o cuando se tienen que quedar cuidando a alguien de la familia, o esperando que lxs atiendan en un juzgado. Todxs cumplen jornadas que se extienden mucho más allá de las 8 horas que establece la ley general para los trabajadores en relación de dependencia.
Pero lo bueno es que este sector viene demostrando una presencia muy fuerte en las calles. Pelean por el reconocimiento gremial, por la percepción de un salario social complementario y un registro que los integre como sujetos de derechos, con obra social, aguinaldo y aportes jubilatorios. La sensación es que allí donde nunca hubo derechos laborales, ni sociales, aparece el derecho penal para criminalizar, para descartar, y con garantía de impunidad. El primer paso es reconocerse como trabajadores activos, que por una cuestión de la etapa del capitalismo ya no esperan ser incorporados en una fábrica, sino que quieren sus derechos ahora. Ellos y ellas son trabajadores, y tienen derecho a vivir dignamente.
Estos mismos trabajadores y trabajadoras, a quienes muchas veces se demoniza con el mote diabólico de “tridente piquetero” son quienes reciben, contienen y asesoran -a tracción de sangre- a las víctimas de esas violencias de abajo, que aparecen entrecruzadas, que están muy naturalizadas. Muchas veces la denuncia pone en peligro de muerte a las víctimas, y activa la persecución a la militancia. Hablamos de casos de abuso policial, o de casos en que el control territorial está tercerizado, regulando por ejemplo a las economías ilegales y al narcomenudeo.
En la reunión estaban presentes representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Gustavo Palmieri del recientemente creado Mecanismo contra la Tortura, del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CIAJ, de la Liga por los Derechos del Hombre. Se comprometió a seguir trabajando en este ámbito el secretario de DD.HH. de ATE Nacional, Héctor Carrica.
El desafío para adelante fue la propuesta de armar ámbitos de trabajo para caracterizar la etapa, para organizar la disputa por el sentido y para armar dispositivos y protocolos de intervención territorial. La convocatoria sigue abierta.
¿Qué pasó el 8 de mayo de 1987?
En 2012 se comenzó a conmemorar el aniversario de la Masacre de Budge como Día de la Lucha contra la Violencia Institucional. El colectivo de familiares de víctimas, nucleados con organizaciones sociales y de Derechos Humanos en la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional eligió a este hecho no sólo en repudio al asesinato de tres jóvenes por parte de un policía bonaerense, sino porque ese día el barrio se levantó, marchó y logró que el hecho saliera en las tapas de los diario. Fue el caso por el que se acuñó el término “gatillo fácil”, emulando a la descripción de Rodolfo Walsh que describió a la policía bonaerense como “la secta de la mano en la lata y el gatillo alegre”.
Más allá de que las organizaciones reconocen que la expresión “gatillo fácil” fue útil para instalar la problemática en los medios nacionales, tiene un aspecto negativo que es que genera la sensación de que se trata de hechos aislados, cuando la verdadera denuncia apunta contra el brazo punitivo del Estado -las fuerzas de seguridad, el sistema judicial penal y los servicios penitenciarios-, que hace un uso ilegítimo de la violencia como método de amedrentamiento y control social.
