Por Andrea Conde*
El vendedor de sánguches de salame. Maxi, ese muchacho de Avellaneda con 4 hijos cuya foto se hizo viral en las redes cuando su canasta fue decomisada en Once por la Policía de la Ciudad y él, esposado. ¿Su delito? Vender sánguches de salame en la calle. Este resonante caso, que despertó la indignación y la bronca de lxs porteñxs contra la Policía de la Ciudad, es una imagen que bien podría ilustrar la reforma del Código Contravencional que Horacio Rodríguez Larreta quiere aprobar en la Legislatura.
Con el pretexto de incorporarle perspectiva de género al Código, el jefe de gobierno envió una serie de modificaciones que no sólo no contienen perspectiva de género alguna (agravar las multas por acoso callejero dista mucho de ser una solución al problema que vivimos las mujeres a diario en la calle), sino que esconden medidas persecutorias y punitivas, que amplían por ejemplo, la discrecionalidad de la Policía para realizar arrestos y detenciones.
La mayoría de las modificaciones propuestas giran en torno al uso del espacio público: ya sea creando nuevas figuras contravencionales, ampliando los márgenes de interpretación sobre otras ya existentes, agravando sanciones u otorgándole más herramientas a la policía para intervenir y detener. Esa policía de la que Maxi no quiso hablar cuando Chiche Gelblung le preguntó en vivo si alguna vez le habían pedido coima para vender.
“No quiero hablar, tengo miedo, pero hay de eso”, fue todo lo que se animó a responder.
En la práctica, con esta reforma, la Policía de la Ciudad tendrá vía libre y podrá legitimar un accionar que hoy ya es repudiado por la estigmatización y la criminalización que ejerce en la calle de los sectores más vulnerables.
Vendedores ambulantes, limpiavidrios, artistas callejeros, centros culturales, cuidacoches, trabajadorxs sexuales son los primeros afectados por esta reforma y son quienes hoy están alzando su voz en la calle para frenarla en la Legislatura. Pero no hay que engañarse: esta reforma legitima un accionar represivo y violento de la Policía que puede extenderse a cualquier ciudadanx.
Por ejemplo, se permiten las denuncias anónimas, lo que significa que la Policía podrá actuar sin una denuncia identificable que respalde su accionar. Además, se convierte a los “ruidos molestos” en una cuestión de acción pública con lo cual la Policía tiene la posibilidad de realizar arrestos de hasta 5 días. No es muy difícil imaginar lo que puede significar esto para la murga que ensaya en la plaza, para los pibes que se juntan a hacer freestyling, o para los centros culturales que luchan contra el aumento de las tarifas y las clausuras arbitrarias que ya sufren a diario. Tampoco es difícil ir un poquito más allá y pensar cómo puede actuar la Policía frente a la actividad política. No parece casualidad que se establezca también como contravención la pegatina de afiches, que sanciona no sólo in fraganti a quien los pega, sino a quien se vea beneficiado por esos afiches, con lo cual, cualquiera podría pegar afiches de un partido adversario, hacer una denuncia anónima y que ese partido reciba una jugosa multa por verse beneficiado por la pegatina de esos afiches ilegales.
La demagogia punitiva que se promueve con esta reforma no es una novedad en el mundo de Macri. En 1998, se había sancionado el “Código de convivencia urbana”, que había reemplazado los viejos edictos policiales y excluido las figuras que tradicionalmente posibilitaron un accionar policial arbitrario, como el desorden, el escándalo en la vía pública, o la vagancia. En 2004, Macri logra modificarlo por considerarlo demasiado permisivo.
Ahora, con una mayoría parlamentaria sin precedentes, un gobierno nacional afín y con la policía federal traspasada a la Ciudad, el macrismo busca ir aún más allá en su afán punitivo y avanzar con una criminalización profunda del espacio público. Significa prácticamente una vuelta a la situación previa a la sanción del código de convivencia de la Ciudad que había terminado con los edictos policiales. Dijeron que venían a cambiar futuro por pasado y eso es exactamente lo que están garantizando con esta normativa.
Lo que necesitamos para la Ciudad es una policía mejor formada, con buenos organismos de inteligencia criminal y acompañada con políticas de seguridad que aborden la prevención y los aspectos sociales de la problemática. La reforma del Código Contravencional no viene con ningún tipo de política que apunte a brindar una alternativa a aquellxs trabajadorxs informales de la vía pública cuyo único sustento ahora se ve amenazado por pasar a convertirse en delincuentes. “Tengo que vender escondido mientras veo cómo otros roban a plena luz del día y nadie hace nada”, contó también Maxi en televisión, dejando una preocupante pregunta rondando en nuestras cabezas: ¿Cuántas veces más tendrá que ser Maxi tratado como un delincuente en la Ciudad para que efectivamente comience a serlo? En un contexto de crisis, ajuste, pérdida de empleo, reducción brutal del poder adquisitivo, los trabajos informales, las changas (las mismas que Carrió quiere promover para solucionar la economía) se multiplican como forma de sobrevivir para los sectores más vulnerables. La criminalización de su actividad por parte del gobierno porteño lo único que hará es agravar la inseguridad y no reducirla.
En la Ciudad habíamos sancionado una muy buena ley de seguridad pública, pero sus aspectos más interesantes y que van justamente en este sentido nunca se reglamentaron.
Con relación a la perspectiva de género, no caben dudas de que sólo le sirve el término al gobierno para hacer pasar esta reforma con una mejor imagen. El vaciamiento de los programas de asistencia a víctimas de violencia de género, la falta de implementación de la Ley Brisa y el creciente recrudecimiento de las prácticas represivas direccionadas hacia las mujeres, lesbianas y a la comunidad travesti y transexual en la vía pública son una clara expresión de que la perspectiva de género no es una prioridad para el gobierno porteño, sino todo lo contrario.
Por último, cabe destacar que la Policía de la Ciudad hoy está cerca de tener 30000 efectivos. La Metropolitana tenía 6000 efectivos, la Federal traspasó 19000, y otro tanto se formaron en los últimos dos años. Actualmente, tenemos en la Ciudad una tasa aproximada de un policía cada 100 habitantes. Es una saturación de policías en las calles, una cifra desproporcionada que no se condice con ninguna ciudad de la Argentina ni del mundo. Esto es preocupante, porque como señalan Naciones Unidas y otros organismos internacionales, la cantidad de policías no tiene correlación directa con la disminución del delito y la violencia. Por lo tanto, a lo que asistimos es a una militarización del espacio público desde una mirada profundamente punitivista.
Sabemos que este modelo no cierra sin represión. La reforma del código contravencional y por supuesto, el reciente anuncio de Macri que habilita la injerencia de las Fuerzas Armadas en seguridad interior son, en mayor y en menor medida, dos líneas que no deberíamos permitir que el gobierno cruce, porque son las que nos separan del pasado más oscuro de nuestro país y de un recrudecimiento de la violencia institucional que lejos de brindar soluciones, derramará sangre y miedo. Por eso desde el movimiento de mujeres le decimos al gobierno porteño que no aceptamos que en nuestro nombre, se promueva esta reforma punitiva y represiva del Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires.
