Los agentes de Espacio Público entraron en la estación de trenes de Constitución acompañados de Policías de la Ciudad. En una especie de razzia contra vendedores ambulantes detuvieron a cuatro senegaleses y a tres integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que intentaron defenderlos. Un vendedor de sanguches recién llegaba a la estación. Estaba en la escalera de la entrada cuando un policía lo reconoció y se le fue al humo. Lo tiró al piso, le pegó, le sacó el celular y 1500 pesos y lo metió en un patrullero.
—Cuidate porque te conozco a vos y a tu familia —lo amenazó el policía durante el trayecto hasta la comisaría 18.
A Jesús y a los cuatro senegaleses los acusaron de infringir el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, referido al uso indebido del espacio público y resistencia a la autoridad: un clásico del accionar policial contra los trabajadores informales.
Según el primer informe trimestral del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad entre marzo y mayo se registraron 146 hechos de violencia institucional en Buenos Aires: en el 70,59 por ciento de los casos se dieron en el marco de actuaciones por delitos de “Resistencia a la autoridad”. El informe se realiza desde el 1 de marzo y sólo incluye las denuncias que investiga la justicia de la Ciudad: no incluye los casos de violencia institucional de las fuerzas federales.
“Nuestra hipótesis es que cada vez que la Policía de la Ciudad se excede en el uso de la fuerza genera una causa por resistencia a la autoridad para justificar ese accionar”, explicó a Cosecha Roja Luis Duacastella, defensor adjunto de la Ciudad y titular del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa.
Objetivo: limpiar el espacio público
Cada año en la ciudad se abren alrededor de dos mil expedientes por el delito de “resistencia a la autoridad”. “Cuatro de cada cinco de esas causas terminan archivadas por inexistencia de delito -explicó Duacastella-. Queda claro que el único objetivo es el control social: sacar a los vendedores de la calle”.
El informe del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa corrobora esta hipótesis: el 96,85 por ciento de las víctimas de la Policía de la Ciudad no cuentan con un empleo formal. Los trabajadores son golpeados, pierden la mercadería y el día de trabajo y deben enfrentar un proceso judicial que casi nunca prospera. “Es un regreso a los edictos policiales, a la época en que la policía estaba a cargo del control del espacio público”, explicó Duacastella.
“En este contexto de crisis hay una decisión clara del gobierno de Buenos Aires de eliminar la posibilidad de que trabajen en condiciones dignas y de legalidad en la ciudad. La persecución policial es constante”, explicó la abogada Gabriela Carpineti, defensora de los cuatro senegaleses detenidos en Constitución.
La persecución a los vendedores senegaleses
Hace alrededor de dos años un grupo de entre 200 y 300 trabajadores senegaleses se acercó al Movimiento de Trabajadores Excluidos. La policía les armaba causas, le allanaba las casas, les robaba la mercadería, los ahorros. Desde el MTE planearon estrategias junto a ellos: les ofrecieron ayuda para regularizar la documentación y enseñarles español, para que puedan conocer sus derechos como migrantes y trabajadores y defender sus derechos.
La persecución no paró. En junio el senegalés Kane Serigne Dame estaba vendiendo zapatillas en Flores. La policía le quiso sacar la mercadería y él intentó salir corriendo. Lo agarraron, lo tiraron contra un vidrio y le pegaron hasta provocarle una fractura expuesta en el brazo. En un video se ve cómo lo arrastran del brazo mientras él grita de dolor. En una foto aparece tirado en el piso sobre un charco de sangre rodeado de seis policías.
Ese mismo mes, la fiscal Celsa Ramírez, al frente de la mayoría de los expedientes por contravenciones por el uso de espacio público y resistencia a la autoridad, ordenó el allanamiento de 32 hoteles donde viven trabajadores senegaleses. “Fue una bestialidad. A partir de una contravención les entraron a las casas, les robaron mercadería, dinero, ropa. Todo bajo la supuesta hipótesis de que detrás del trabajo había una organización ilícita o mafia detrás, sin ninguna prueba”, explicó Nicolás Caropresi, referente del MTE y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
El 14 por ciento de las denuncias por violencia policial en la ciudad tiene como víctimas a trabajadores senegales, aunque en todo el país no hay más de 2500 migrantes de ese país: menos del uno por ciento de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
Las comisarías más violentas
Otro dato del informe demuestra la brutalidad policia en la persecución de los trabajadores informales. Las dos comisarías con más denuncias por violencia institucional son la comisaría 50, de Flores, y la 16, de Constitución: las zonas donde hay mayor concentración de trabajadores informales. “Esto nos permite determinar que no son casos aislados. La extensión y masividad atenta contra el Estado de Derecho”, explicó Duacastella.
