Ahora que la agenda de derecha se instala o reinstala en muchos países, las olas feministas se han vuelto más fuertes. No es una paradoja sino una respuesta a un momento en el que convergen la polarización de la sociedad civil y un momento global más interesante para hablar de asuntos relacionados con el cuerpo, la identidad, la violencia de género.
América Latina tiene regulado el aborto con causales en la mayoría de países. Algunos desde la primera década del siglo XX como Argentina y otros, como Chile, que apenas lo lograron hace un año. Aborto que depende de causas específicas, que tiene trabas para su implementación, que los grupos provida desaprueban, que no son fáciles ni accesibles para todas las mujeres.
Uruguay y Cuba son hasta ahora los únicos donde hay aborto libre, seguro y gratuito. Y El Salvador es el país donde aún está penalizado en todos los casos.
El panorama en la región es desalentador y alentador al mismo tiempo. Por un lado desalientan los discursos de la ideología de género anti-feministas y absurdos que se apoderan de los programas políticos de la derecha y que crean narrativas y miedos al rededor de la destrucción de la familia y los valores tradicionales. Por el otro, alientan los movimientos de mujeres de todas las generaciones que defienden la justicia social.
Desalienta oír a los parlamentarios hablar con tanta ignorancia y moralismo sobre el feminismo. Y alienta ver a más jóvenes defendiendo los derechos, la diversidad sexual, las libertades. Desalienta la publicidad que da a las niñas solo muñecas y a los niños solo herramientas, los comerciales que ubican a las mujeres en los quehaceres y la cocina y a los hombres en la oficina y en el banco.
En las últimas de décadas, dice Juliana Martínez, directora de La Mesa por la vida y la salud de las mujeres en Colombia, las mujeres hemos conquistado espacios laborales y ahora presionamos para lograr políticas públicas que nos garanticen derechos. Los hombres, en cambio, no han cambiado para conquistar el espacio doméstico. El futuro feminista con aborto libre y seguro depende en buena medida de una transformación de los roles de hombres y mujeres. La construcción de la sociedad que queremos.
¡Aborto libre y seguro para todas!
María Paula Martínez, 070
“En las calles ganamos y en las calles seguiremos”
Por Natalia Arenas, periodista feminista. Editora de Cosecha Roja
BECA COSECHA ROJA 2018 – 5 Y 6 DE JUNIO DE 2018 – FOTOS VICTORIA GESUALDI
Este año será recordado como bisagra en la historia de la lucha de los movimientos feministas en Argentina. Por primera vez, un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, llegó al Congreso de la Nación. Por primera vez, más de 700 especialistas, médicxs, artistas y comunicadorxs expusieron, a favor y en contra, en las Cámaras de Diputadxs y de Senadores. Por primera vez casi 2 millones de pañuelos verdes salieron a la calle para pedir aborto legal, seguro y gratuito.
El proyecto, que propone la despenalización y legalización del aborto, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 14 de junio. La presión en las calles fue decisiva. Hubo una vigilia de más de un millón de personas que aguantaron el frío de una noche interminable y una madrugada gélida. Hubo frazadas, mates, música, abrazos. Hubo lágrimas y risas cuando a las 8 de la mañana se votó por el sí.
El 8 de agosto el proyecto llegó al recinto del Senado. Y se redobló la apuesta: no sólo hizo frío, sino que llovió. Y hubo viento. La tormenta no impidió que, esta vez, casi dos millones de personas hicieran el aguante.
La presión de las iglesias y de los grupos religiosos que aseguraban querer salvar “las dos vidas” pudo más y en la madrugada del 9 de agosto 38 senadores y senadoras le dijeron no al proyecto de ILE. En la calle, el pueblo decidió por aborto legal, seguro y gratuito; en el Senado, los legisladores decidieron por aborto clandestino.
Actualmente y desde 1921, en la Argentina el aborto es considerado no punible en casos de violación o en caso de que corra peligro la vida de la madre. Miles de mujeres mueren por año en abortos clandestinos.
El proyecto de ILE recién podrá presentarse nuevamente el año próximo. La negativa del Senado no fue una derrota, sino una demostración más de la puesta en crisis de nuestro sistema de representatividad. En las calles lo ganamos y en las calles seguiremos exigiendo nuestros derechos, con la esperanza y la convicción de que Será Ley. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
“En el Brasil el aborto dejó de ser tabú”
Por Alice de Souza, periodista del Diario de Pernambuco, Recife
BECA COSECHA ROJA 2018 – 5 Y 6 DE JUNIO DE 2018 – FOTOS VICTORIA GESUALDI
En Brasil, una de cada cinco mujeres menor de cuarenta años aborta. Eso, en un país de dimensiones continentales, significa 500 mil interrupciones del embarazo al año. Estos procedimientos son más frecuentes en mujeres negras, de clases y escolaridad más bajas.
Por eso, los debates sobre el aborto son blanco de posiciones antagónicas firmadas en la defensa velada de privilegios. Discutir el aborto libre en Brasil es provocar la ruptura de los paradigmas culturales de desigualdad social.
El aborto está permitido en el país en casos de violación, riesgo de vida a la madre y anencefalia, es decir, cuando el cerebro del feto está subdesarrollado. Los dos primeros están previstos en la legislación. El tercero surgió de una autorización dada por el Tribunal Supremo Federal (STF) en 2012.
La Corte Suprema es hoy quién tiene la batuta para la despenalización. En agosto de este año se realizaron dos audiencias públicas en las que sesenta representantes de organizaciones de la sociedad civil pudieron exponer datos y opiniones sobre el asunto. Los encuentros fueron motivados por la Arquidía de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 442, protocolada por el Partido Socialismo y la Libertad (PSOL) y la Anis – Instituto de Bioética. En la práctica, cuestiona la constitucionalidad de la criminalización del aborto, ya que el código penal brasileño de 1940 – anterior a la constitución – prevé una pena de uno a tres años de prisión para la mujer que realice un aborto ilegal. El resultado de estas audiencias se verá en el veredicto que tomen los ministros del Tribunal Supremo que aún no tiene fecha de votación.
Aún así, las audiencias de agosto revelan que en el Brasil el aborto dejó de ser tabú. La movilización de mujeres a través del hashtag #NemPresaNemMorta y el apoyo de colectivos dentro de algunas iglesias son prueba de eso. En el pasado era impensable hablar de despenalización en público sin provocar la ira de los sectores conservadores, en una sociedad tan vinculada a la fe cristiana como la brasileña.
La ampliación de la información disponible sobre el tema abrió, además, debates más profundos y calificados que aún enfrentan resistencias que incluyen hasta amenazas de muerte a investigadores y activistas.
Justo cuando el ultraconservadorismo pauta la agenda pública a través de la figura de un candidato que amenaza el papel social de la mujer, Brasil vive una amenaza inminente de retroceso en la cuestión del aborto.
El mayor y más urgente desafío de la nación es sobrepasar las fronteras establecidas por la polarización política que intercede los diálogos hoy para continuar desplazando el aborto de la esfera personal a la colectiva.“En Colombia, solo nos queda seguir resistiendo”
Por Natalia Acevedo, abogada con maestría en derecho y experta en salud sexual y reproductiva
El mayo 10 de 2006 tenía 16 años, vivía en Bucaramanga y el presidente de Colombia era Álvaro Uribe Vélez. Mientras hacía mis tareas de 10º grado, escuché un titular en el noticiero que afirmaba “Corte Constitucional permitirá el aborto en tres causales”. Sin haber tenido ninguna aproximación a los temas de género, en mi criterio adolescente entendí que era una buena decisión para las mujeres. Había crecido en una ciudad conservadora y estudié en un colegio del OPus dei. Durante mi adolescencia, nuestra aproximación al aborto fue durante la película “el grito silencioso”, un drama ochentero que presentaba el aborto como un asesinato despiadado y cruel.
Hoy, 12 años después, y en mi rol de abogada de derechos humanos, puedo decir que las cosas han cambiado. Hoy las mujeres pueden acceder a un aborto cubierto por el sistema de salud y condiciones de seguridad y dignidad. Un proceso que además supone pocos requisitos: cuando hay riesgo para la vida o la salud, sólo se necesita un certificado de un profesional de la salud. Cuando es un caso de malformación fetal se necesita un certificado expedido por un médico, que no tiene que ser especialista. Y en el caso de violencia sexual se necesita copia de la denuncia. Así, según cifras oficiales, el año pasado se realizaron 10.517 abortos en todo el país.
A pesar de esto, persisten múltiples retos, y por lo tanto, múltiples luchas para defender un derecho que nos hemos ganado a pulso. Cada vez que una mujer toma la decisión de interrumpir un embarazo y emprende la lucha burocrática para ejercer su autonomía reproductiva, las lucha dadas por muchísimas mujeres, profesionales de la salud y organizaciones en Colombia valen más que cualquier sentencia.
En épocas del presidente Iván Duque y una Corte Constitucional que se ha movido a la derecha, solo nos queda seguir resistiendo.
“En Ecuador, los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna”
Por Isabela Ponce, periodista y editora adjunta de la revista GK
En el Ecuador el aborto es cárcel. Es legal solo cuando la salud o la vida de la mujer corre peligro mientras está embarazada y cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. En todos los demás casos, está penado por ley: entre seis meses y dos años de cárcel. El resultado: entre 2013 y enero de 2018, 326 mujeres han sido criminalizadas por abortar, según datos de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo del Ecuador, procesados por Surkuna, una organización que promueve los Derechos Humanos. Sí, en el país el tema es tan incómodo que ni las instituciones públicas transparentan sus cifras y para obtenerlas es necesario insistir y apelar a leyes de acceso a la información. Según otro mapeo entre organizaciones sociales y la Academia, las mujeres que terminan en la cárcel por abortar son pobres, “aparentemente con poco poder para ejercer su derecho a la privacidad médica o prevenir un embarazo no deseado, por lo general, localizadas en zonas rurales o sectores periféricos”, dice el informe.
En el Ecuador el aborto también es muerte. En América Latina el 14% de las muertes maternas está relacionado a abortos inseguros; en este país la cifra es aún más alta: 15,6%. Los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna en el país. La penalización también afecta a un grupo aún más invisibilizado que las mujeres: las niñas. Cada año, cerca de 2700 niñas menores de 14 años quedan embarazadas; la gran mayoría víctimas de violación sexual. Y aunque el personal de Salud podría interpretar que una niña embarazada tiene riesgo de morir —y por ende podrían practicarle una interrupción terapéutica de su embarazo— nunca lo hacen. De hecho, los médicos se amparan en el mismo Código Penal que criminaliza el aborto —en el artículo 277 sanciona la omisión de denuncia— para denunciar a las mujeres que llegan con un aborto en curso.
Este viernes 28 de septiembre de 2018 será la primera movilización para pedir la despenalización del aborto en el Ecuador. El enfoque es doble: despenalización social para dejar de estigmatizar a las mujeres que practican un aborto y despenalización legal para eliminar los artículos del Código Penal que lo criminalizan. La marcha ha sido convocada por un grupo de mujeres —independientes y miembros de organizaciones sociales, colectivas, redes— que apoyan el derecho a decidir y que se han organizado previamente en asambleas colaborativas.
México “Desde que la CDMX legalizó el aborto, 18 estados del país han dado pasos en sentido contrario”
Por Andrea Vega, periodista de Animal Político
BECA COSECHA ROJA 2018 – 5 Y 6 DE JUNIO DE 2018 – FOTOS VICTORIA GESUALDI
En México el aborto es legal solo en la capital del país. Desde 2007, la CDMX permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por cualquier causa hasta las 12 semanas de gestación. En el resto de los estados solo es legal en caso de violación, aunque hay algunos que consideran otros motivos.
Entidades como Colima, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán y Michoacán tienen al menos seis causales: violación, peligro de muerte para la mujer, que el embarazo implique daños a la salud o alteraciones genéticas, aborto imprudencial, por inseminación no consentida, o por razones económicas (en Michoacán).
La legalización del aborto en todas sus causales sólo en la CDMX provoca que solo quienes viven ahí o tienen los recursos para viajar a la capital del país puedan acceder a un aborto legal y seguro. Mujeres con las condiciones económicas para hacerlo se trasladan de todos los estados hacia las clínicas de la capital. La cuenta pública de la CDMX registra que en 2017 hubo 4 mil 444 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE).
En el resto del país miles de mujeres mueren por tener que recurrir a abortos clandestinos o están presas. Entre 2013 y 2017 las secretarías de Seguridad Pública reportaron tener un registro de 83 personas en prisión preventiva por el delito de aborto —44 mujeres y 39 hombres—, y otras 53 en prisión definitiva —19 mujeres y 34 hombres.
No parece que esto vaya a cambiar pronto. Desde que la CDMX legalizó el aborto, 18 estados del país han dado pasos en sentido contrario y han blindado sus leyes para “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Los grupos anti aborto y la iglesia católica trabajan arduo en una sociedad patriarcal y religiosa como la mexicana para convencerla de que el aborto no debe ser legal.
“En Chile se imponen los valores religiosos por encima de la vida de las mujeres pobres”
Por Carolina Rojas, colaboradora permanente de El Desconcierto
Las mujeres en Chile aún se enfrentan a un contexto conservador donde existe nula educación sexual en las escuelas y donde muchas veces el embarazo resulta visto como un escarmiento del que la mujer debe hacerse responsable. En mi país, gran parte de la sociedad está convencida de que el aborto es un crimen. Por esas razones, la implementación de la ley de aborto tres causales ha estado llena de adversidades. Los profesionales e instituciones de la salud han utilizado argumentos éticos y jurídicos para negar- de una u otra forma- este derecho a mujeres y niñas que necesitan acceder a este procedimiento, en casos tan graves como el embarazo con riesgo de vida de la madre o de niñas embarazadas producto de una violación.
A fines del año pasado, se conoció el caso de una pequeña de 12 años de Chiloé que resultó embarazada luego de ser víctima de una agresión sexual. Además de la tortura que significa extender la gestación bajo estas circunstancias, tuvo que viajar a Santiago para que le realizaran un aborto. Los médicos -de la zona donde vivía- se negaron a atenderla por una supuesta objeción de conciencia. Así fue también la experiencia de Fernanda Sandoval, quien en el mes abril, denunció una grave vulneración a sus derechos en el Hospital de Quilpué: Se le negó a aplicación de la ley de interrupción del embarazo por la segunda causal, la de inviabilidad fetal, acción que la expuso a un experiencia sumamente traumática y, sin la atención adecuada, quedó expuestas al dolor y a la infección.
En agosto, las diputadas de oposición presentaron en la Cámara Baja un segundo proyecto de ley para despenalizar el aborto, el que fue elaborado por la Mesa de Acción por el Aborto Libre y Corporación Humanas y que ya se suma al interpuesto anteriormente por un senador. Con esto se busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, pese a que desde el gobierno de Sebastián Piñera se ha dicho que despenalizar el aborto “No es agenda del ejecutivo”. Pero así como dicen muchas activistas: El estar en contra de un aborto legal es estar a favor de un aborto clandestino. Desde Miles Chile aseguran que solo el 15% de los abortos en nuestro país se realizan bajo las tres causales, lo que quiere decir que una gran mayoría de estos procedimientos se realizarían de manera clandestina (entre 60 mil y 200 mil). ¿De qué nos hablan estas cifras? Que se hace urgente la despenalización del aborto en todas las causales. En mi país se está viviendo un hecho histórico, una lucha inspirada también por las compañeras argentinas, así que a pesar de las trabas del conservadurismo, las mujeres de pañuelos verdes seguirán batallando por sus derechos sexuales y reproductivos, por la libertad de sus cuerpos y por una maternidad elegida. Aun cuando en Chile se siguen imponiendo los valores religiosos por encima de la vida de las mujeres pobres.
