El nuevo abanderado de los grupos antiabortistas Mariano Obarrio difundió la noticia en su cuenta de Twitter: en una foto el periodista de La Nación sonreía junto a un grupo de mujeres frente al hospital Rivadavia. Estaban intentando impedir que una mujer accediera a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -un derecho reconocido por la legislación argentina desde 1921- y lo celebraron públicamente.
La mujer pudo acceder al derecho al aborto legal a pesar de Obarrio y su grupo. Aunque el periodista de La Nación no lo sabía, el fiscal Daniel Rodolfo Pablovsky ya había desestimado una denuncia para suspender la ILE. “No hay siquiera un indicio de delito”, argumentó el fiscal, según publicó Infobae. Además aclaró que ni la mujer ni el hospital tenían que dar explicaciones, tal como pedía el periodista en un video que publicó en Twitter.
Quizás Obarrio no lo sepa, o no le interese, pero a través del fallo F.A.L en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que la persona que busca acceder al derecho de ILE no necesita una autorización judicial para hacerlo ni puede ser privada de ese derecho. Un piquete frente a un hospital público donde una mujer intenta acceder a un aborto legal es una forma de privarla de ese derecho.
La cruzada antiderechos que encabezó el periodista de La Nación también abre interrogantes respecto al secreto profesional: ¿quién filtró esa información a los grupos antiabortistas? ¿qué mecanismos fallaron en el sistema de salud pública para impedir que se viole el derecho a la intimidad de la mujer?
