Se cumplieron 8 años de la toma y el desalojo en el Parque Indoamericano. La represión terminó con dos muertos, varios heridos y más de 40 policías investigados. La causa todavía sigue abierta. Estas son historias para no olvidarse.
Wilson Ramón Fernández Prieto vivía en Villa 20. En el noticiero dijeron que la policía estaba reprimiendo en el Parque Indoamericano, a unas pocas cuadras de ahí. Tres días antes, centenares de familias habían ocupado el predio con 300 casillas de chapa, madera y nylon. Wilson fue hasta la canchita de fútbol donde esa tarde debía jugar un partido y vio a un grupo de personas cruzar corriendo por debajo del puente de la Avenida Escalada, que divide la Villa 20 del Indoamericano. Unos 15 policías con escopetas antitumultos calibre 12/70 los seguían a los tiros. Wilson caminó hacia el puente y un golpe en el hombro derecho lo detuvo. Sintió una quemazón. Giró la cabeza y vio que tenía un agujero en el hombro. Le chorreaba sangre de la oreja.
Nicolás Nuñez Cabeza de Vaca se despertó de la siesta por el ruido de los disparos. Se asomó y vio que un grupo de vecinos respondía con piedras a las balas policiales. En la esquina de un cementerio de autos vio a dos francotiradores con uniforme policial que se turnaban para disparar. Avanzó y vio pasar a Wilson herido. Siguió caminando y vio a su vecino el “Gallo” Bernardo Salgueiro doblarse hacia adelante y caer al piso. El joven, un paraguayo de 22 años que no había participado de la toma, murió al recibir un proyectil en el abdomen y otro en la pelvis.
La balacera duró entre veinte y cuarenta minutos. La Policía Federal, que estaba a cargo del operativo conjunto, le dio la orden a la Metropolitana de replegarse. Una hora más tarde la Metropolitana volvió a reprimir, esta vez del otro lado del predio. Rossemary Chura Puña era boliviana y tenía 28 años. Había llegado esa tarde con dos amigas porque les habían dicho que estaban vendiendo terrenos sobre la autopista 7. Mientras la policía corría a los ocupantes, ella se paró detrás de una protección de cemento. Un proyectil le dio en el tórax y la tumbó. Murió un rato más tarde el hospital Piñero.
La Metropolitana aseguró que los efectivos usaron escopetas con cartuchos antitumulto. Las pericias demostraron que estaban adulterados: habían cambiado algunas postas de goma por municiones de plomo.
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La toma comenzó el 3 de diciembre. Centenares de familias, la mayoría de las zonas cercanas, habían ocupado el predio buscando un lugar donde vivir. El 7 de diciembre a las 12.45 la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 26 María Cristina Nazar recibió el escrito del fiscal Martín Longobardi en el que pedía el desalojo del predio.
En tres horas la jueza recibió entre 10 y 15 llamados del fiscal, 4 o 5 del secretario Legal y Técnico de la empresa que administraba el predio y otros tantos de un alto funcionario del gobierno porteño. La presionaban para que firmara. Entre las 15.30 y las 16.00 la jueza llamó a la Comisaría 36 de la Federal y dio la orden de liberar el predio.
Alrededor de las 18.00 dos carros hidrantes y decenas efectivos de la Federal y la Metropolitana llegaron hasta la rotonda de Avenida Escalada.
Entre una hora y una hora y veinte después la Federal avanzó en dirección noroeste, hacia la izquierda del predio. Un rato más tarde el comisario de la Federal Emilio Miragaya, jefe de la comisaría 36°, avisó al Juzgado que habían logrado desalojar el 80 por ciento del predio.
—Avanzamos con el hidrante y salieron corriendo —explicó el jefe policial.
La División Operaciones Especiales Metropolitana (DOEM), al mando de los Comisarios Mayores Ricardo Ferrón y Osvaldo Oscar Masulli, avanzó hacia la derecha, en paralelo a la Avenida Escalada.
Los policías lanzaron gases y dispararon con las escopetas antitumulto. Los manifestantes corrieron y se refugiaron en la Villa 20. En ese grupo estaba la abogada Vanina Patetta, que asesoraba a dirigentes sociales en temas vinculados a conflictos de tierras y había llegado al Parque esa mañana, alertada por uno de los referentes de que la policía se preparaba para reprimir. Un grupo de policías los perseguía por abajo y otros disparaban desde arriba del puente.
La abogada pensó que disparaban con postas de goma. Hasta que a un joven una bala le atravesó la pierna. Unos minutos más tarde vio cómo lo cargaban al Gallo Salgueiro, el primer muerto. En esa zona, tres vecinos resultaron heridos con balas de plomo y muchos otros con postas de goma. Del otro lado del predio, donde fue asesinada Rossemary, otras dos personas fueron heridas.
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Tras la represión algunas familias volvieron a ocupar el predio. Unos días más tarde en un enfrentamiento en el que participó una patota de la barrabrava de Huracán fue asesinado Emiliano Canaviri Álvarez.
Después del Indoamericano, la DOEM (División de Operaciones Especiales de la Metropolitana) también reprimió en la Sala Alberdi, el Borda y la Villa 31.
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En estos ocho años hubo varios intentos por cerrar la causa.
En 2014, 12 agentes de la Policía Federal y 30 de la Metropolitana fueron procesados por los asesinatos de Bernardo y Rossemary y por las lesiones a otras 5 personas. La Cámara del Crimen los sobreseyó a todos.
En marzo de 2018 la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a 3 jefes de la PFA y a 5 jefes y 24 agentes de la Metropolitana. Y procesó a Ricardo Picart .
Un mes después la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de Picart, revocó todos los sobreseimientos y ordenó reabrir las investigaciones. Los jueces dijeron que las fuerzas de seguridad incumplieron las reglas básicas de uso “mínimo y razonable” de la fuerza física y violaron la prohibición de utilizar armas de fuego letales en contextos de protesta social. También plantearon que violaron la obligación de llevar identificación ya que había agentes de civil.
Ocho años después la investigación sigue abierta.
