Ya es legal apostar por internet en la provincia de Buenos Aires y en CABA.
Por María Teresa García*
Atravesada por la clandestinidad, en los primeros días de diciembre se aprobó una ley que habilita el juego online en la provincia de Buenos Aires. También se aprobó en CABA. Se podrá apostar por Internet, por ejemplo por los resultados del fútbol. Una propuesta que aporta a los fondos públicos pero deja las grandes ganancias a los privados que ahora sí pueden participar del negocio, incluso siendo extranjeros, algo que prohíbe la Constitución provincial.
La ley se aprobó entre gallos y medianoche y las consecuencias que tendrá en nuestra vida real transforman la diversión en pesadilla, el juego en un agujero negro por el que se irán la ilusión y la esperanza de miles. Porque afectará a los jóvenes, sobre todo a los más humildes que de la mano del juego online quedarán fuera de un sistema que los excluye, y donde el Estado ya no regula los riesgos de la oferta lúdica, de las apuestas al alcance de la mano.
Además, y esto sorprende, garantiza la persistencia de las mafias asociadas al lavado de activos, algo que la gobernadora María Eugenia Vidal se comprometió a erradicar y ahora promueve en un gesto claramente inconstitucional.
La maniobra se convirtió en ley, camuflada dentro de la votación del presupuesto. Oculta. Como el huevo de la serpiente. Necesitaban disimular las consecuencias de legalizar las apuestas y el juego online, en beneficio de empresarios amigos, cuando la carta magna provincial establece la potestad de la Provincia en la explotación de casinos. No admite la privatización excepto en emprendimientos turísticos. Y mientras lo recaudado para el Estado se fijaba en 50,82% en casinos y un 34% en bingos, la nueva ley indica que los privados reciban el 90% y solo un 8% irá a la renta pública, a educación y asistencia social. Aunque según la Constitución debe ir a promoción y salud, y educación no aplica.
Sin dudas, su marco es el presupuesto nacional y sus criterios de endeudamiento y ajuste. Y la retirada del Estado del control y de la prevención, en este caso, ante adicciones como la ludopatía. Esta ley corre al Estado del problema de la adicción, que en el juego online es creciente, geométrica y exponencial, sobre todo en los sectores más humildes y en los pibes más jóvenes.
Esta ley puede convertir a cada casa en un casino. Esto lo saben quienes idearon la maniobra, evidentemente recaudatoria, en función de un supuesto reordenamiento de las cuentas públicas. Lo sabe María Eugenia Vidal, quien comenzó el año asegurando que iba a “frenar el crecimiento del juego, gradualmente”. “Iremos restringiendo la oferta del juego legal en la provincia, y seguiremos combatiendo el juego ilegal”, dijo. Y puso énfasis en su “deseo de luchar contra las mafias del narcotráfico y del juego”.
Esta ley se aleja de sus proclamas públicas. Por eso se votó escondida en otra mayor: se trata de una decisión política escondida en una ley. ¿Por qué? Porque la gobernadora no tuvo el coraje de decir a los bonaerenses que no puede cumplir lo prometido y que necesita recaudar. Cuando la decisión es que cierren las cuentas, no se toma en cuenta a los hombres y mujeres reales ni la situación que viven, la pérdida de empleo, la precarización del empleo, la desprotección del Estado.
Por eso la gobernadora manda, enmascarada en otra, esta ley de juego. Y omite el debate público para no pagar el costo político de negar con lo que hace, sus propios dichos.
Curiosamente el texto es copia de la ley española, sólo que los pocos artículos que en la versión española morigeran su impacto negativo acá fueron borrados. Y lo que le agregaron la hace más inconstitucional: habilita a empresas extranjeras. Permite publicitar los juegos. Permite el uso de la base de datos por parte de las empresas. Y ya sabemos qué pasa con los datos cuando no se usan correctamente. O sea, no hay desde donde se pueda agarrar esto para que flote: se hunde desde todo punto de vista.
Y lo más grave es la puerta que abre al lavado de dinero. En el mundo, las organizaciones que se dedican al lavado de activos ya no tienen puesto el ojo en la hotelería o la construcción. Lo tienen en el juego online, un lugar muy accesible para blanquear dinero en negro. De hecho, son más de 15.000 millones de pesos lo que se prevé de recaudación en el primer año de aplicación, y su crecimiento, insisto, es exponencial y geométrico.
La provincia no es Las Vegas, y no queremos que cada casa se convierta en un casino. Lo advirtió la Comisión Episcopal Argentina (CEA) que alertó sobre “los efectos que tendrá en las familias más vulnerables que, frente a la crisis económica, puedan pensar en ‘soluciones mágicas’ para resolver su situación”.
No hay azar que reemplace la falta de políticas genuinas de producción y empleo. Del desamparo no se sale con suerte. Se sale con trabajo, con honor, con dignidad, con políticas reales de inversión y no con leyes que destinan a nuestros jóvenes a engrosar el ejército de hambreados, desprotegidos y desocupados en el que este gobierno quiere transformarlos.
