Por Emy Padilla, de Criterio.hn/ Foto: Delmer Mermbreño
La angustia, la desesperanza, el miedo y otros sentimientos de dolor las obligan a huir. No saben si regresarán, o peor aún, no saben si lo harán con vida o si su destino final será un cementerio.
No es una alarma, es la realidad a la que se enfrentan miles de mujeres en Honduras que se ven obligadas a desplazarse internamente o a migrar a otras naciones como una opción para salvar sus vidas.
La única salida es esconderse de sus agresores, ya que si son descubiertas, el peligro de perder la vida es aún mayor. Mirian, vivía en Tegucigalpa, se enamoró de un hombre que le prometió respetarla, amarla y sobre todo acompañarla en las buenas y en las malas. Sin embargo, nunca se imaginó que ese miembro de la Mara Salvatrucha (MS) iba a ser su tragedia. Inmediatamente que comenzó a convivir con él, comenzó a golpearla físicamente y a herir sus sentimientos. Posteriormente, la justicia le pasó factura a su agresor, no por maltratarla a ella, sino por otros crímenes que había cometido.
Miriam se sintió aliviada y pensó que su triste historia había terminado. Fue así como decidió irse hacia a España, migró de manera irregular a este país europeo, donde al poco tiempo recibió una llamada desde el centro penal donde se encontraba su verdugo. Era él que la llamaba para exigirle que se regresara a Honduras y lo fuera a visitar al centro penal, de lo contrario—le advirtió—iba a mandar a matar a sus dos hijas que ella había dejado en Tegucigalpa y que antes de conocerlo había procreado de una relación anterior.
Mirian decidió venirse a Honduras, y con el poco dinero que traía montó un negocio de ropa usada, pero nunca imaginó que su desventura se iba a complicar, dado que a los pocos días apareció nuevamente el hombre que le estaba causando daño y esta vez, además, de exigirle le hiciera visitas conyugales a la cárcel, le demandó una pensión semanal.
Siguió trabajando duramente en su negocio y cumpliendo con su obligación de llevarle el dinero y a cambio recibía agresiones físicas y sexuales dentro de la prisión, ante la mirada complaciente de los custodios que nunca la auxiliaban. Un día de los tantos, Mirian fue salvajemente golpeada e incluso su vida estuvo en alto riesgo. Fue mediante ese episodio que el director del centro penal, en vez de reportar el hecho violento a la justicia, le prohibió su visita conyugal. Algo que puede sonar incongruente ante los ojos de cualquier persona, pero esto fue celebrado por Mirian porque ya no tenía que verle la cara nunca más a su victimario.
Pareciera que esta narración es una película de suspenso, o una exageración de dolor, pero no es así. Mirian curó sus heridas físicas y siguió trabajando en su pequeño negocio, mas esta vez acudió a una organización de mujeres en busca de apoyo. Mientras recibía acompañamiento emocional, su caso fue analizado por una abogada de la organización, que se dirigió al Ministerio Público, MP, a pedir que al miembro de la MS se le imputara el delito de extorsión, que de acuerdo al Código Penal, tiene una pena de 15 a 20 años de prisión.
Lamentablemente la fiscal que la atendió orientó el delito al de ¨violencia intrafamiliar¨ al alegar absurdamente que entre parejas no se cumple dicho tipo penal. Por este delito la pena máxima es de apenas cinco años, es decir, un delito de bagatela, como le llaman de manera peyorativa los abogados a estos actos delictivos cuyas penas son menores.
Mirian tiene miedo de denunciar a su agresor ante las autoridades correspondientes, ya que ha sido testigo de la complicidad de la policía y del Ministerio Público, porque pese a que fue agredida en un centro de reclusión no existió ninguna denuncia contra el criminal que la aturde y porque en la Fiscalía, en vez de ayudarla, están favoreciendo a un convicto que tiene a sus espaldas una condena por asesinato, pero que ya cumplió la mitad de la condena y le podrían atribuir el criterio de oportunidades mediante el “buen comportamiento” para dejarlo pronto en libertad. Desde ya este hombre le ha exigido a su víctima que al salir del presidio le ponga a su disposición una casa donde vivir.
Actualmente, el caso de Mirian está siendo evaluado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para tramitarle un refugio permanente o asilo político por violencia, ya sea en los Estados Unidos, Canadá o Uruguay.
La vulnerabilidad de las mujeres
Un Estudio del Grupo Sociedad Civil refiere que teniendo por entendido que el 67.4 % de la población de Honduras vive en pobreza y que la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo, se debe señalar que el desplazamiento se encuentra indefectiblemente unido a la violencia generalizada, violencia contra la mujer, muertes en la Comunidad LGTBI y de defensores/as de derechos humanos.
Asimismo, que las personas desplazadas internamente son por sí mismas poblaciones vulnerables, debido a la ausencia de casas refugio, desigualdad social, violencia intrafamiliar y discriminación.
De acuerdo al estudio, las principales variables para el desplazamiento son la violencia de género, la violencia sexual, la violencia provocada por el crimen organizado, la violencia contra defensores/as de derechos humanos y otras poblaciones históricamente vulnerables.
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), una organización de sociedad civil que trabaja el tema del desplazamiento forzado, tiene denuncias que algunas mujeres son desplazadas hasta cuatro veces internamente en Honduras, al ser descubiertas en sus nuevos domicilios por sus agresores. En la mayoría de estos casos los instigadores son elementos de las fuerzas de seguridad del Estado que se alían con criminales.
Ante dicho escenario, las mujeres se ven obligadas a migrar de manera forzosa a otros países en busca de protección internacional. Uno de esos casos es el de una anciana que partió desesperada de su casa en compañía de sus dos nietos porque un grupo criminal, después de matar a su hija y a su yerno—los padres de los menores—la estaba extorsionando mediante el cobro de una cantidad de dinero todos los meses.
La anciana se fue de Honduras en la caravana que partió el 13 de octubre del año pasado. En el grupo iban otras mujeres huyendo con sus hijas adolescentes porque en sus casas las habían violado sexualmente sus mismos padres, padrastros y pandilleros o porque habían quedado viudas: a sus esposos los habían matado los grupos criminales.
En el éxodo también se encuentran mujeres transexuales, que son discriminadas y violentadas por su identidad de género, e incluso, muchas por miedo a ser víctimas de crímenes de odio.
Un caso impactante, entre tantos, es el de una adolescente que fue abusada sexualmente por un Policía Militar de Orden Público, PMOP. La joven dio a luz y se fue, porque su violador le advirtió que si lo denunciaba ante la justicia, la iba a matar. Tampoco abortó, porque si lo hacía corría el riesgo de ir a la cárcel, ya que en Honduras el aborto no está permitido bajo ninguna causal.
(Esta narrativa fue elaborada con base a entrevistas a defensores de derechos humanos que recogieron denuncias de las víctimas en la ruta de la caravana de migrantes).
Las organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que al menos el 50 % de los migrantes que partieron en el éxodo masivo del año pasado son mujeres, entre adultas y niñas. En tanto, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, de la secretaría de Relaciones Exteriores, refiere que del 15 de octubre al 13 de diciembre de 2018, habían retornado a Honduras de manera voluntaria 7,208 personas, de las cuales 1,734 pertenecen a niñas y mujeres y 5,474 hombres y niños.
La migración masiva en Honduras continuó este 14 de enero con la formación de una nueva caravana que partió en horas de la noche de la norteña ciudad de San Pedro Sula con rumbo a los Estados Unidos.
Las víctimas no son contadas
Las mujeres que son atormentadas por el desplazamiento forzado no denuncian a sus victimarios, porque este fenómeno en la mayoría de los casos se da por relaciones de poder, ejercidas por miembros de maras y pandillas y otros criminales ligados al narcotráfico, que tienen la colaboración de la policía y los militares.
La directora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, manifestó que la mayoría de las víctimas no se atreven a interponer las denuncias por miedo a perder la vida y la de sus hijos. “En el estudio nos dimos cuenta, y eso hace difícil el seguimiento, que las mujeres se desplazan en silencio y con su núcleo familiar, no le cuentan a nadie que se van a ir. De repente ya no están y ya no están sus hijos”, anotó Sánchez.
El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, trabaja con víctimas del desplazamiento forzado desde hace seis años, dando acompañamiento sicológico y legal a las víctimas. La abogada de esta organización Dalila Flores, apunta que muchas víctimas no se atreven a denunciar porque dentro de la misma policía o el MP hay filtración de información.
Flores relata que el primer paso es escuchar a la víctima, saber qué demanda y establecer el riesgo de interponer la denuncia ante la Fiscalía. Precisó que el 90% de las mujeres que acuden en auxilio no quiere interponer la denuncia por miedo a represalias.
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