Por Milagros Berríos en diario La República
En septiembre pasado, una niña de 13 años llegó al hospital Amazónico de Ucayali con miedo a morir. Eso era lo que le decía a los médicos mientras evaluaban sus supuestos problemas estomacales. A ella no solo le dolía el vientre, sino que también presentaba un cuadro de depresión y ansiedad. Su abuela, el único familiar a su lado, decía que había sufrido un “accidente”. Pero los especialistas luego descubrirían que los dolores eran síntomas de un embarazo y que el “accidente” había sido una violación.
Aquella niña, que ya tenía ocho semanas de gestación, había intentado quitarse la vida antes de llegar al centro médico porque temía morir durante el parto. Por eso, desde que la hospitalizaron solo pedía que le “saquen lo que tenía adentro”.
El caso generó confusión en algunos médicos respecto a la aplicación de un aborto. En el Perú, quien practica este procedimiento tras una violación puede ir a la cárcel, distinto a lo ocurre en países como Argentina, Chile, Brasil o Uruguay. Lo único que aquí está permitido, desde 1924, es el aborto terapéutico; es decir, aquel que se aplica cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Eso ya se lo habían dicho a los médicos del hospital amazónico, quienes tenían al frente a una niña ultrajada, que había intentado suicidarse y cuyo cuerpo de 40 kilos no soportaría dar a luz. Sin embargo, al inicio hubo dudas.
Hace cinco años se aprobó la guía técnica del aborto terapéutico, la cual debía reforzar su aplicación para embarazos menores a 22 semanas; no obstante, personal de salud que conoce estos casos en regiones como Ucayali, Puno, Ayacucho y Lima revela la deficiente implementación de este procedimiento legal y obligatorio, lo cual incluso ha provocado la muerte de niñas en los últimos años. Consultados por este diario, los profesionales denuncian escasa capacitación, inadecuado registro y codificación en hospitales, poca orientación de los médicos a las mujeres sobre la posibilidad de su aplicación, mala interpretación de la guía técnica y el abandono del Estado ante un derecho.
Preocupante subregistro
En Ucayali, ginecobstetras y psiquiatras acompañaron a la niña de 13 años hasta que una junta médica decidió que el aborto terapéutico procedía: su salud mental estaba en riesgo. “Además de los intentos de suicidio, la niña pudo morir en el parto o en la gestación por hemorragias o presión alta”, dice la obstetra Silvia Sandoval, quien trabaja en esa región hace más de 20 años.
Eso no pasó con la menor de la misma edad que hace un mes dio a luz a un bebé que vivió solo una hora. A esta niña, con 21 semanas de gestación producto de una violación sexual, los médicos del hospital Edgardo Rebagliati de Essalud no le aplicaron el aborto terapéutico, ni le brindaron a su familia información oportuna sobre el procedimiento, según denunció la Defensoría del Pueblo. La niña permanecía postrada en una cama en Villa El Salvador, con fiebre, problemas renales, dolores en el vientre, pero los médicos le decían que el embarazo iba bien y la trataban de una infección urinaria, cuenta su madre. El caso acabó con un parto prematuro y un cuadro depresivo. Ahora ella vive en otro lugar.
Durante el 2018, los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) registraron 236 abortos terapéuticos, según cifras oficiales a las que tuvo acceso La República. De este total, apenas 21 se practicaron a menores entre 12 y 17 años (ver infografía).
No obstante, estos números no parecen ser reales. En el Instituto Nacional Materno Perinatal (antigua Maternidad de Lima), uno de los que más aplica este procedimiento, la médico psiquiatra Martha Rondón ha conocido más de 200 mujeres con posible diagnóstico de aborto terapéutico; sin embargo, en los registros aparecían solo unas 50. En la mayoría de estos casos, según explica la también ex vicedecana del Colegio Médico del Perú, muchos especialistas optan por reportarlos solo como “aborto incompleto”. “En el país, la implementación es patética. Se está aplicando poco y hay un subregistro que hace que se vea menos. Eso provoca que los médicos que no lo implementan digan: ‘Pero si no todos los hacen, ¿por qué yo lo voy a hacer?'”.
Aunque por ahora el Minsa ha decidido no declarar sobre el tema, el alto subregistro ya ha sido reconocido por el mismo Estado peruano ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. En su informe nacional sobre el avance en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo dice que el acceso al aborto con calidad es uno de los principales problemas que genera alta morbilidad y casos de muerte materna en el país. También manifiesta que la condición de 22 semanas para realizarlo “sigue siendo un limitante en casos de malformaciones fetales incompatibles por encima de esta edad gestacional.”
Estos problemas los sufren en silencio. El 2017 una niña de 10 años ultrajada por su tío en Cutervo, Cajamarca, quedó embarazada. Tenía casi 6 meses de gestación, su condición era de alto riesgo y su cuerpo no estaba listo para alojar a un bebé. El decano del colegio médico de Cajamarca, Edmundo Zambrano, decía que, “según la ley, se podría hacer (un aborto)”, pero aún era un debate abierto. La menor fue trasladada a Lima donde dio a luz. “No se le practicó el aborto alegando que había pasado las 22 semanas. No se le informó a la familia. Se la trató como una adulta. Le explicaban cómo cuidar al bebé. Ella solo sentía que tenía algo en su barriga, pero no sabía qué era”, dice la abogada María Ysabel Cedano, coordinadora del proyecto para enfrentar el embarazo infantil forzado del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) Perú.
Ese mismo año, a una mujer de más de 30 años, con un grave mal dermatológico y un embarazo de alto riesgo, le aprobaron el procedimiento en Chiclayo. No obstante, un médico se incorporó al tratamiento, le retiró la pastilla que induciría el aborto y le dio el alta. Luego, cerca de la fecha del parto, tuvo problemas, dio a luz y el feto murió.
Las ONG que siguieron estos casos señalan que las familias prefirieron no interponer demandas tras el daño mental a las víctimas. Tampoco se supo de castigos a los involucrados.
La última sanción conocida por un proceso de aborto terapéutico es la interpuesta por Indecopi en junio del 2017 a la clínica El Golf. Esta fue sancionada con 20 UIT (81 mil soles) por su inadecuada evaluación para determinar si correspondía o no este procedimiento. En ese caso, el feto tenía el síndrome de Turner (mal genético que afectaba su desarrollo), lo cual provocó un serio riesgo para la salud mental y física de la paciente, quien tuvo que acudir a la Maternidad de Lima.
Desde el 2017 a la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ha registrado tres casos vinculados a un inadecuado tratamiento médico por aborto terapéutico. De estos, dos terminaron en muerte.
Se trata de una mujer de 36 años atendida en el hospital regional de Ayacucho y de una menor de 13 años que murió hace un par de meses en el hospital regional de Ica. La niña llegó hasta ese establecimiento luego de que en el hospital San Juan de Dios de Pisco se le había aplicado una cesárea debido a su avanzada gestación.
La causal de salud mental
Según el protocolo, existen 11 situaciones médicas que requieren evaluar un aborto terapéutico, entre las que están el embarazo ectópico, cáncer, diabetes o cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere un mal grave o permanente en su salud.
Este último punto incluiría la salud mental; sin embargo, su aplicación depende de la interpretación del médico. Y esto se ha convertido en otra dificultad para que las mujeres puedan acceder a este procedimiento.
A inicios de este año, médicos de Essalud consideraron que la vida de una niña de 11 años, 8 semanas de gestación y un intento de suicidio, no estaba en riesgo para practicarle un aborto terapéutico. Se enteraron que estaba embarazada cuando pasaba los exámenes para una próxima operación a su único riñón. Su familia pedía el aborto, pero la junta médica decía que estaba estable. Para ellos el aborto no procedía.
“¿Cómo una niña con un riñón menos, una operación en curso e intento de suicidio no va a tener un riesgo en su salud?”, pregunta la congresista Indira Huilca, quien en el último año ha acompañado cinco casos similares, de los cuales solo uno accedió al procedimiento. “El protocolo incluye el riesgo a la salud mental, pero lo interpretan en contra de la ley. Para ellos, la niña debe estar muriéndose”. Aquella vez la junta médica -recuerda- se demoró un mes para dar un resultado y este fue en contra de la paciente. Tuvo que intervenir la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia con peritaje médico de parte para demostrar que sí había riesgo en la salud física y emocional.
La psiquiatra Martha Rondón insiste en que la violencia sexual causa graves daños en la salud mental y física de los menores, por lo tanto, el aborto terapéutico es necesario en estos casos. “Hay depresión, trastorno de estrés postraumático, consumo de alcohol, enfermedades crónicas, cardiacas. La persona estará más enferma y morirá antes de tiempo”. Sin embargo, hace un mes, en el Congreso, se decía que la “violación es triste, pero practicar un aborto es más trágico” y la directora ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Lucy del Carpio, refería que “el aborto terapéutico lo tiene que pedir la menor o un familiar” y que “las complicaciones que puede presentar (una adolescente) son las mismas que las de una adulta”. Por esos días, la niña de VES dio a luz a un feto a punto de morir y hoy pocos se acuerdan de ella.
Exigen al Minsa guía para atención a niñas embarazadas
– El protocolo de aborto terapéutico ha sido criticado por establecer un plazo de 22 semanas, no contemplado en el Código Penal, y por no precisar procedimientos para tratar a menores embarazadas. “Es ilegal. El espíritu del protocolo es priorizar la vida y la salud integral de las mujeres, pero no se cumple”, dice María Ysabel Cedano, de Cladem Perú, para quien urge la elaboración de una nueva guía o una norma complementaria, a cargo del Minsa y el Minjus, con lineamientos especiales para atender a esta población.
– En esa línea, la congresista de Nuevo Perú Indira Huilca hace referencia a una “desprotección total” del Estado en estos casos. “El sector salud no cumple con sus responsabilidades y los criterios médicos detrás del protocolo”.
– En relación al documento, ella refiere que al no tener rango legal solo dependería del Minsa que este no tenga restricciones en tiempos, y que desarrolle políticas públicas de acompañamiento para menores embarazadas producto de una violación.
– Huilca y Cedano coinciden en que otras entidades estatales como el MIMP, Fiscalía y la Policía no brindan información oportuna a las familias y a las menores sobre la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico.
La clave
– La organización. Católicas por el Derecho a Decidir, que monitorea y capacita a personal de salud sobre la aplicación del aborto terapéutico, advierte que el nivel de implementación en el país aún es mínimo.
– En diciembre del 2018, el Ministerio de Justicia se disculpó por negar el aborto terapéutico al caso emblemático LC.
