El comisario Alberto Sebastián Donza y otros cinco policías de la Bonaerense estuvieron en el banquillo durante la primera audiencia del juicio por la masacre de Pergamino. Los seis están acusados de “abandono de persona seguido de muerte”: la querella y el fiscal creen que durante el incendio de la comisaría no hicieron nada para ayudar a los presos y entorpecieron el trabajo de los bomberos. Ahora enfrentan una posible condena de entre 5 y 15 años de prisión.
“La primera audiencia estuvo abocada a definir los lineamientos de cada una de las partes”, explicó a Cosecha Roja Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, que representan a los familiares de cinco de las siete víctimas. “Es un juicio histórico y espero que tengamos una condena ejemplar. Necesitamos que esta justicia sirva para que no haya más pibes víctimas de la fuerza policial”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, una de las víctimas, al terminar la audiencia. Hermanas, esposas, madres y otros familiares estuvieron esta mañana en los tribunales de La Plata. A lo largo de 18 audiencias declararán alrededor de cien testigos. Entre ellos, los 12 sobrevivientes de la masacre, bomberos, vecinos de la comisaría, familiares de las víctimas, peritos y otros especialistas.
Los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino deberán determinar cuál fue la responsabilidad de los policías en las muertes. La tarde del 2 de marzo de 2017 la temperatura rozaba los 30 grados. Después de una discusión entre dos presos, el imaginaria de calabozos Brian Carrizo, el oficial sub ayudante de servicio Alexis Eva y el oficial de policía de refuerzo de imaginaria de calabozos Matías Giulietti castigaron a los internos y los encerraron en las celdas, pequeños espacios de tres por tres metros, sin ventilación ni luz natural. No les dejaban salir a la matera -como llamaban al patio central- ni les permitieron recibir la comida que les habían llevado sus familiares.
Los presos se quejaron. Uno de ellos prendió un trozo de gomaespuma. Algunos alcanzaron a enviar mensajes a sus familiares. “Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó quilombo”, le escribió el colombiano Jhon Mario Chilito Claros a su esposa Ana. Los colchones, las sábanas y frazadas se prendieron fuego y el humo inundó la zona de calabozos. Ocho minutos después del primer mensaje Chilito Claros envió otro mensaje: “Movéle está prendida la comisaría ya venite”. Alan Córdoba pidió ayuda a su madre: “Mamá vení rápido que nos mata la policía”.
El policía Brian Carrizo abandonó el sector de imaginaria. Alexis Eva trasladó a dos detenidos a la celda 6 y al pasillo de contraventores. Los demás quedaron encerrados entre las llamas.
Los detenidos de la celda uno tenían entre 22 y 27 años. Pedían ayuda a gritos pero los policías los ignoraban. Algunos quisieron apagar el fuego pero no salía agua de la canilla del baño. La llave de paso se abría de afuera pero ningún policía la quiso abrir.
Según los registros, los bomberos recibieron el llamado más de 25 minutos después de comenzado el incendio. “Ni siquiera se pudo acreditar que hayan sido los policías los que hicieron el llamado”, explicó Jarque.
Cuando los bomberos llegaron a la comisaría tuvieron que lanzar agua desde afuera de la celda porque los policías no les entregaron las llaves. Cuando lograron apagar el fuego encontraron los cuerpos de Federico Perrota, Sergio Filiberto, John Mario Chillito Claros, Alan Córdoba, Franco Pizzarro Juan José “Noni” Cabrera y Fernando Emanuel Latorre apilados en el baño. La autopsia confirmó que los siete detenidos murieron por “inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego”
La acusación también alcanza a los policías Sergio Rodas, Carolina Guevara y al comisario Alberto Sebastián Donza. El jefe de la comisaría estuvo 14 meses prófugo después del incendio. Él y el imaginaria Alexis Eva son los únicos detenidos. Los demás acusados cumplen prisión domiciliaria. Los seis enfrentan una posible condena de hasta 15 años de cárcel.
