José Bulacio tenía 50 años y cuatro hijos. Vivía en Florencio Varela y trabajaba como operario de una de las empresas que estaban terminando las reformas del aeropuerto de Ezeiza. La semana pasada José murió cuando un andamio tubular de 16 metros se derrumbó. Trece compañeros resultaron heridos.
Una semana después del accidente -y en medio de las críticas al gobierno, que apuró la obra para inaugurarla durante la campaña electoral- se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que reduce las indemnizaciones por accidentes de trabajo. La medida tiene efecto retroactivo y afectaría -entre tantas otros- a la indemnización por la muerte de Bulacio y las heridas de sus compañeros.
A través del DNU 669/2019, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, se modificó la Ley 24.557 que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo y cambió el criterio para calcular el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. El gobierno basó la medida la necesidad de asegurar el sostenimiento de las ART y evitar “un inminente desfinanciamiento del sistema”.
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Fernando Peña estaba limpiando la planta de Dreyfus en Timbúes, el piso cedió y cayó en una fosa con agua a altas temperaturas. Sufrió quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo y murió el 7 de enero en un sanatorio. Veinticuatro horas más tarde Adrián Ferreyra cayó desde el techo de un galpón de la empresa Aercom, en Rosario, mientras hacía tareas de mantenimiento. Lo operaron de urgencia pero murió a las pocas horas. Ese mismo día, en Avellaneda, murió José Rincón. El gasista matriculado estaba internado desde el sábado por una explosión de gas en el Club Deportivo Español, en el barrio porteño del Bajo Flores. Hace unas horas el club confirmó que también murió el dirigente Agustín Falco.
Las muertes por fallas en las condiciones de seguridad en el trabajo son una constante: según el registro de la organización Basta de Muertes Laborales entre octubre de 2017 y octubre de 2018, 375 personas fallecieron en accidentes laborales en el país. Una muerte cada 23 horas. En la mayoría de los casos se repiten los factores: trabajadores precarizados que no reciben capacitación y condiciones de salud y seguridad deficientes.
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Brian Emanuel Cantero tenía 23 años, le decían “Mechi”, tenía dos hermanos mayores y tres hermanas más chicas y una novia, Florencia, con la que planeaban mudarse juntos en 2019. La mañana del 24 de octubre de 2018 Brian desayunó con sus compañeros de una empresa contratista de la Papelera SEIN Y CIA S.A. de Ranelagh.
Aunque estaba asignado a los trabajos en el taller ese día le tocó engrasar una máquina enrolladora de papel, una tarea para la que no estaba capacitado. Un encargado vio que salía vapor de la máquina. Se acercó y vio el cuerpo enganchado entre los engranajes.
En la mayoría de los casos relevados por Basta de Muertes Laborales se dieron en contextos de ajuste, “sin inversión en condiciones de salud y seguridad y sin formación de trabajadores”.
