Macri llegó al poder con un fuerte discurso contra las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas durante los doce años de kirchnerismo. “Conmigo se acaba el curro de los derechos humanos”, prometió cuando todavía era candidato opositor. Durante su gobierno se legitimaron discursos negacionistas, se desmantelaron áreas de derechos humanos e investigación, se otorgaron beneficios a genocidas y se frenaron procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad. A modo de balance, los cinco hitos que marcaron el retroceso de estos cuatro años en el proceso de memoria, verdad y justicia.
1.El regreso de los discursos negacionistas
En los últimos cuatro años Macri usó más veces la palabra “dictadura” para referirse al gobierno de Venezuela que al golpe cívico-militar del ‘76. Poco después de que el entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, negara la cifra de 30 mil desaparecidos, el presidente dijo en una entrevista: “no tengo idea, es un debate en el que yo no voy a entrar, si fueron 9 mil o 30 mil”. “Es una discusión que no tiene sentido”, agregó.
“El balance de estos cuatro años es nefasto en todo sentido. Además de faltarle el respeto a la memoria de nuestros hijos se violaron todo tipo de derechos: el derecho a la vida, como el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y tantas víctimas del gatillo fácil, el derecho al trabajo, a la salud y a la libre expresión y la detención de presos políticos como Milagro Sala”, dijo a Cosecha Roja Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo.
Durante el gobierno de Macri, además, se abrieron las puertas de los despachos oficiales a defensores de represores. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió en su oficina a familiares de militares condenados por delitos de lesa humanidad nucleados en Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Vìctimas (CELTYV) y el ministro de Justicia Germán Garavano se reunió con Cecilia Pando, la más famosa de las defensoras de los genocidas.
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2.El desmantelamiento de las áreas de derechos humanos
Una de las claves de la gestión macrista fue el desmantelamiento de los espacios dentro del Ejecutivo que impulsaban las investigaciones por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. En el Ministerio de Seguridad se desarmó la Dirección Nacional de Derechos Humanos donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que hacía aportes a las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños. En la Secretaría de Derechos Humanos hubo despidos masivos en el Archivo Nacional de la Memoria, la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad (DNGV) y el Centro Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa
También hubo despidos en el Programa Verdad y Justicia, que se creó en el Ministerio de Justicia después de la desaparición de Jorge Julio López para garantizar la seguridad de víctimas y testigos. En el Banco Central también desmantelaron la subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos, creada para investigar los delitos económicos cometidos durante la dictadura.
3.Privilegios y beneficios para genocidas
Desde el Ejecutivo se tomaron medidas para otorgar beneficios y privilegios a genocidas imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad. El Ministerio de Defensa de la Nación derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los exmilitares imputados y condenados se atendieran en hospitales de las Fuerzas Armadas. El Servicio penitenciario dispuso un régimen para trasladar a procesados y condenados por delitos de lesa humanidad a la unidad penitenciaria que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, donde tienen un régimen de atención privilegiada.
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4.Fallos a favor de los genocidas
Otro hito de la gestión macrista fue el retiro del Estado de las querellas en juicios por delitos de lesa humanidad.
Desde el Poder Judicial, legitimados por el discurso negacionista del gobierno, también otorgaron beneficios a genocidas. El más destacado fue el fallo Muiña de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que proponía reducir las penas de los genocidas a partir de la aplicación del 2×1. Las masivas movilizaciones y el repudio generalizado del fallo obligaron al tribunal a dar marcha atrás y promovieron la sanción de una ley del Congreso que prohibió la aplicación del beneficio del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad.
Otros fallos menos conocidos fueron el de la corte que declararon la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de delitos de lesa humanidad y la revocación de la sentencia contra el dueño de la Veloz del Norte, la única condena a un empresario por delitos cometidos durante la dictadura.
5.Demoras en los avances de los juicios
Durante estos cuatro años el Poder Judicial dilató el inicio de juicios y demoró los avances de las instrucciones en causas contra genocidas. El 2019 fue el año con menos sentencias por delitos de lesa humanidad de la última década. Hoy, el 66 por ciento de los genocidas detenidos gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicado en marzo de 2019, de 611 causas en trámite, el 40 por ciento se encontraba en etapa de instrucción, el 36 por ciento había obtenido sentencia, el 17 por ciento ya tenía elevación a juicio y sólo el 2 por ciento estaba atravesando la etapa de juicio oral.
