Fotos: Mariano Armagno y Sol Vázquez (Infojus Noticias)
Siete años. Diez muertos. Una causa de más de cuatro mil fojas con pericias, testimonios, documentos. Diecisiete procesados: doce funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tres ejecutivos de la empresa, el director de mantenimiento de la planta y un empleado de seguridad. Detrás de esas cifras se ocultan algunas incógnitas: ¿por qué se incendió la planta de Iron Mountain en Barracas? ¿Qué documentos buscaban eliminar? ¿Por qué los familiares de los muertos no pueden tener acceso a la investigación judicial?
Sebastián Campos había cumplido 34 años un mes antes. Tenía una hijita de un año y medio. Viajaba todos los días desde Florencio Varela en su Ford Falcon al cuartel de Vuelta de Rocha, en La Boca, donde trabajaba como bombero voluntario. Mecánico de oficio, se ocupaba del mantenimiento de cinco autobombas, un jeep y una camioneta. Estaba de guardia cuando a las 9.15 de la mañana del 5 de febrero de 2014 sonó la alarma.
La explosión en Azara 1245 se escuchó como el estruendo de un rayo. Debajo del paredón de ocho metros quedaron atrapados los bomberos. En el incendio murieron Sebastián y su amigo Facundo Ambrosi, de Vuelta de Rocha; seis bomberos de la Federal y dos agentes de Defensa Civil.
Cuando el fuego desapareció la columna de humo blanco todavía cubría el cielo de Barracas. La montaña de escombros superaba los tres metros: vigas retorcidas, ladrillos. Los restos de papeles quemados eran arrastrados por la brisa. Podían verse algunos con membretes de bancos, empresas de transporte y energía, laboratorios.
La lista de empresas era extensa: los bancos HSBC, Patagonia y Santander Río, Metrovías, Petrobras, Sideco, Endesa Costanera, Panamerican Energy, Laboratorios Richmond, Pampa Energía, entre otras.
La querella -y muchos otros- están convencidos de que el incendio fue intencional. ¿El motivo? Eliminar documentos -guardados en la planta- que probaban el lavado de dinero. Las pruebas podrían confirmar esa hipótesis. “Las pericias dicen que estaban dadas las condiciones para que se prenda fuego adrede -explica Moral-. La cisterna estaba vacía; la llave que permitía tomar agua de la red pública no sólo estaba cerrada, la habían quitado; las bombas presurizadoras para los rociadores no funcionaban y había cajas apiladas que tapaban esos rociadores y no permitían el vuelo libre”, enumeró.
También se encontraron “acelerantes” que hicieron que el fuego se propagara más rápido. Eso lo notaron enseguida los bomberos que fueron a apagar el incendio. Los sobrevivientes lo dijeron en la causa judicial: la temperatura era mucho más alta que en un incendio común.
En siete años la causa pasó por varias etapas. Primero se investigaron por separado los delitos de lavado de dinero y estrago doloso seguido de muerte. A partir de un pedido de los familiares, la Sala VI de la Cámara Penal ordenó unificar las causas y aceptar como querellantes a los familiares, que entendían que el incendio y la muerte de las 10 personas eran una consecuencia de las maniobras de lavado.
En la causa había 35 acusados. En marzo de 2018 fueron sobreseídas 18 personas. Las 17 restantes fueron procesadas por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”. La querella apeló los sobreseimientos. La misma sala 6 que tiempo atrás había aceptado la participación de los familiares en la causa (con otra composición) dio marcha atrás y rechazó a los familiares como querellantes.
En ese punto la causa se estancó: las apelaciones de los sobreseimientos y las confirmaciones de los procesamientos quedaron pendientes de la decisión de la Cámara de Casación Nacional.
